Con la "plata dulce" de Martínez de Hoz, miles de millones de dólares cruzaron el charco y se instalaron en cuentas reservadas de instituciones bancarias o con forma de ladrillos en lo que una vez fue el mejor balneario del Atlántico. A principios de los años 70, la avenida Gorlero resplandecía con negocios de toda índole. Pero desde el 78 en adelante –especulación mediante– la principal arteria del balneario se convirtió en un centro financiero. Aquí funcionaban sucursales de instituciones bancarias internacionales que curiosamente no tenían sucursal en Montevideo. Aquí han funcionado bancos de nombres desconocidos en residencias alquiladas en medio de los bosques o en pisos altos de los mejores edificios, por sólo dos meses de verano.

Curiosamente, los momentos de mayor auge económico en Punta del Este coinciden también con los momentos de mayor corrupción en Argentina.

Entre 1977 y 1982 –época de dictadura militar– se produjo lo que se denominó el "boom" edilicio. Después, con el regreso a la democracia y hasta 1989, se ingresó en una etapa de relativa calma y complicaciones financieras. Pero llegó el gobierno menemista y la "fiesta" de corrupción se trasladó al Este.

El asunto se volvió  tan serio que empezaron a colaborar los gobiernos y la Justicia de Suiza y EEUU, quienes permitieron el levantamiento del secreto bancario para varias cuentas de ex gobernantes.

 Tal el caso del ministro de Economía, Domingo Cavallo, a quien se le encontró una empresa en las Bahamas, donde figuraba como socio al diez por ciento del banquero David Mulfford, autor del "megacanje" de deuda externa y de los hermanos José y Carlos Rohn, dueños de la Compañía General de Negocios y del Banco Comercial de Uruguay. El capital que Cavallo tenía invertido en esa empresa ascendía a casi 13 millones de dólares. Parecido al 10 por ciento de lo que cobraron como comisión los bancos que participaron del canje de deuda externa, diseñado por Mulfford.

El 4 de mayo del 2001 llegaron a Argentina 16 cajas con documentos. En realidad eran dos juegos de documentos.

Todo ese material fue recabado por el subcomité permanente de investigación del Senado de los EE. UU.,  presidido por el senador Carl Levin, que investigó en 2000 el lavado de dinero mediante paraísos fiscales.

Un juego de 8 cajas fueron entregadas al entonces ministro de Justicia argentino Jorge de la Rúa por el asesor legal del FBI en ese país, William Godoy, delegado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Las otras 8 cajas idénticas fueron enviadas al Congreso donde se había conformado una comisión especial y de allí salió un informe en mayoría conocido desde entonces como "El informe Carrió", porque la Comisión era presidida por la entonces diputada Lilita Carrió.

También estaba en Buenos Aires el periodista Andrés Oppenheimer, quien vino a presentar su libro Ojos Vendados, una investigación sobre Lavado a través del City Bank.

El 12de agosto del año 2001 publicamos en el diario LA REPUBLICA  el siguiente informe.

Qué decía el informe Carrió

El exministro de Economía del gobierno de Luis Lacalle, Ignacio De Posadas constituyó una sociedad con un representante de Gaith Pharaon y socio del traficante de armas Monzer Al Kassar; una ex empleada del estudio de Juan Alberto Etcheverrito se convirtió en empresaria a los 81 años y constituyó 60 empresas a pesar de estar incapacitada mentalmente: murió en la pobreza; la concuñada de Etcheverrito y hermana del ex director general de la DGI Joaquín Díaz preside 137 sociedades; el estudio de Lublinerman asesora en Argentina sobre cómo evadir al fisco y lavar dinero; los dueños de la Compañía General de Negocios con intereses son señalados como partícipes e involucrados en una maniobra de lavado por miles de millones de dólares.

El informe "Carrió" se asemeja en mucho al "Nunca más" que otra comisión argentina hiciera público a finales de 1983. Uno y otro tienen que ver con la operativa de mafias enquistadas en los gobiernos; uno y otro revelan la notoria presencia de empresas y funcionarios de gobierno de los EEUU; uno y otro revelan la operativa conjunta de malos uruguayos y argentinos. Uno y otro revelan cuánto tiene que ver la crisis social y económica que sacude a nuestros pueblos con el terrorismo de Estado practicado por las dictaduras y el saqueo realizado por funcionarios de gobiernos pos dictadura. Uno y otro revelan que mafias y terroristas de Estado han actuado impunemente en ambos territorios gozando de protección oficial.

Ese mismo viernes ocurría una circunstancia emblemática y reveladora de ese accionar impune en ambos países. Mientras en Buenos Aires la diputada Carrió denunciaba públicamente al empresario argentino Eduardo "Pacha" Cantón como socio de Gaith Pharaon y lavador de millones de dólares en Carmelo, en un oscuro juzgado de esa ciudad un oscuro juez recibía a Cantón para dar curso a una denuncia contra el periodista Gabriel Monteagudo,  el único de esa ciudad que durante años reveló los negociados de Cantón con jerarcas municipales de Colonia y el "regalo" de un Casino que le hizo el gobierno uruguayo y que pocas semanas después vendió.

"Las empresas uruguayas sirvieron para trampear a los argentinos", dijo Carrió. Y en verdad el informe señala centenares de empresas constituidas en Uruguay, con profesionales y estudios uruguayos, con testaferros compatriotas que dieron cobertura al dinero lavado o, directamente, robado. Si bien esas empresas aparecen mencionadas en diferentes tramos del extenso informe, hay un capítulo especial dedicado a nuestro país.

Bajo el título "los modos de constitución de empresas en el exterior", el capítulo 9 se refiere a las modalidades que permiten las leyes uruguayas y señala los nombres de los estudios más importantes que se dedican a formar sociedades anónimas o SAFI's.

Este capítulo revela cómo se armó en nuestro país el complicado puzzle de empresas que sirvieron a los fines de los lavadores de dinero.

"A partir de fines de los años 80 las sociedades comerciales uruguayas se han hecho crecientemente presentes en la agenda de los delitos comerciales. Particularmente esto se ha incrementado en lo que tiene que ver con lavado de activos producto de la evasión impositiva, del narcolavado y del fruto de la corrupción política", señala el informe.

Agrega que "mientras en Uruguay la producción casi industrial de diferentes figuras jurídicas favorecedoras del lavado de dinero, por ejemplo –la Auditoría Interna de la Nación en Uruguay comprobó en 1999 que se habían creado durante el año 4.374 SAFIs (una de las modalidades off shore uruguayas) contra 2.310 sociedades anónimas domésticas–, los gobiernos de la región y los organismos internacionales han criticado abiertamente la política uruguaya al respecto. Es así que el organismo internacional GAFI –que supervisa los controles nacionales contra el lavado de activos– en junio de 2000 puso a Uruguay como uno de los cinco países que debían ser particularmente puestos bajo la lupa. La resolución oficial del GAFI 2000 encomendó a Italia la confección de un informe profundo sobre la política de producción de figuras comerciales uruguayas. Como se sabe, cuando un país es sancionado por GAFI pierde toda posibilidad de obtener créditos internacionales. El proceso de vigilancia sobre Uruguay –pese a que este país aprobó, apresuradamente al comienzo del actual año legislativo, una ley antilavado– verá sus instancias más decisivas durante el segundo semestre de 2001. El GAFI no ha hecho otra cosa que recoger las críticas que regularmente realiza la Receita Federal brasileña, la que acusa a Uruguay de ser el nicho financiero preferido de sus evasores fiscales".

A continuación, el informe detalla algunos de los casos más resonantes de los últimos años en los que empresas uruguayas estuvieron relacionadas a la operativa de los cárteles de la droga de Cali, Medellín y Juárez; o a asuntos de corrupción política.

Un somero repaso permite recordar que el lavado sucesivo en el Cono Sur de los activos de los cárteles de Medellín, de Cali y de Juárez han recurrido a las figuras jurídicas uruguayas. Así, ya en los años 1988 y 1989, desde un cambio en la Av. 18 de Julio de Montevideo Cambio Italia, Letras S.A se lavaron 500 millones de dólares. La compra de propiedades inmobiliarias que blanqueaban la situación se realizó a través de sociedades anónimas como Airenor, Maramingo, Marytengo, Debelino, Lakevillen y Dukesne, sociedades que luego se probó eran sociedades "fantasma" vinculadas al mismo grupo, cuya principal empresa era la propia Airenor. El responsable de Cambio Italia purga 505 años de cárcel en el estado de Colorado. También le pertenecían Vindos, Atrelín, Dandonil y Sinel.

Ramón Puentes Patiño lavó desde la ciudad de Punta del Este, en los dos años siguientes, los dineros procedentes del Cártel de Cali. En la agenda del narcotraficante se encontraron evidencias que pusieron en cuestión a jerarquías argentinas.

La "operación Casablanca" puso al desnudo que sociedades uruguayas como Tamilur SA –que pagaba las cuentas de los campos de Amado Carrillo Fuentes en Argentina–, Sasur, Idafal, Larinur, Autum, Biesatur y otras, servían al lavado del Cártel de Juárez. La propia viuda de Pablo Escobar reside en Argentina, pero protegía su dinero en sociedades anónimas que giraban en torno a Galestar. En el campo de la corrupción política, la caída del Presidente Collor y de su amigo PC Farías demostró que la financiera uruguaya Alfa Trading centralizaba una organización que se ramificaba en San Pablo, Panamá y Buenos Aires El reciente caso argentino que puso en cuestión las actividades del Citibank y del Banco República, se apoya en la actividad de cientos de sociedades financieras off shore".

Tres modelos operativos

El documento sostiene que "básicamente se han identificado tres modos operativos. Los que se denominan a los efectos de este informe los modelos ‘Lublinerman’, ‘De Posadas’ y ‘Etcheverrito’. El primero es el que ha difundido claramente el Estudio jurídico y contable del contador Israel Lublinerman (uruguayo). Dicho profesional confecciona sociedades anónimas desde 1955 y –una vez prontas– las vende. La comercialización de sociedades anónimas en su país suele no vincular a quien confecciona la sociedad con lo que ocurra con la actividad de la misma, una vez que ha cambiado el Directorio de la sociedad anónima vendida. La situación se hace más compleja cuando dicho estudio –que se toma usualmente como paradigmático de este primer tipo de operativa que analizamos– instala su sucursal en Buenos Aires. La documentación analizada prueba dos aspectos perniciosos de la actividad de Lublinerman en Buenos Aires. En primer término, el Estudio no se desprende de la vinculación con el comprador de la sociedad anónima, puesto que se dedica usualmente a brindar el servicio de liquidación fiscal en Uruguay. En segundo lugar, el tenor de la documentación reservada en posesión de la Comisión demuestra que la actividad de este tipo de sucursal en Argentina de Estudio jurídico contable uruguayo deriva en asesorar para la evasión de impuestos y otras modalidades de lavado de dinero. El informe definitivo de la Comisión puede abundar en respuestas que dichos Estudios brindan a los consultantes argentinos, respuestas que constituyen prototipos de tecnología de lavado.

La segunda operativa es la que ha optimizado en Uruguay el Estudio Posadas, Posadas y Vecino. En dicha modalidad, lo que prima en la oferta del mencionado Estudio, y de otros similares, es la oferta de 'SAFIs', esto es de sociedades financieras de inversión, sociedades off shore que en la práctica carecen de control fiscal, la tasa impositiva es tremendamente baja, y permite fáciles modalidades de ocultamiento de las personas de los accionistas. Combinado este instrumento propio de paraíso fiscal con el riguroso secreto bancario uruguayo, uno de los más rígidos del mundo, es claro que el mecanismo opera como una cobertura del lavado de dinero argentino. El caso que estudia esta Comisión permite evaluar cabalmente cómo más de un centenar de SAFIs operadas por el Federal Bank y el American Exchange Bank pueden montar una gigantesca red de lavado de dinero. Es claro que la SAFIs –a diferencia de las sociedades anónimas uruguayas– son confeccionadas a medida del cliente y son administradas por el Estudio confeccionador de las mismas, lo que ha puesto en debate desde hace ya algunos años la eventual ilegalidad en la que incurriría el Estudio administrador de la sociedad y aún planificador e ingeniero de su actividad. La prensa argentina ya ha cuestionado numerosas veces al Estudio Posadas, Posadas y Vecino, arquetípico de una actividad que lesiona a las economías paradojalmente asociadas al Uruguay. La tercera operativa que ha detectado esta Comisión es, no ya el abuso de la Sociedad Anónima (primera operativa), el abuso de las SAFIs (segunda operativa), sino el expertizaje en ocultamiento de los propietarios de las SAFIs mediante la producción industrial de sociedades dirigidas por testaferros. La investigación detectó en empresas como Daforel y Delbote –y otras que usan como plataforma al mismo estudio contable uruguayo y al mismo testaferro y que aparecen vinculadas a la actividad del Federal Bank–, son presididas por claros testaferros que encubren a la perfección circuitos de lavado". Carrió hizo especial mención a Ignacio de Posadas, principal del estudio del mismo nombre, y recordó que fue "ministro de Economía uruguayo hasta pocos años atrás". Hay allí un subcapítulo que vincula a De Posadas con Gaith Pharaon y el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar.

"El acta de constitución de FUNDS S.A. fue suscripta por los mencionados FRANCISCO OBES SECCO y TOMAS GUERRERO COSTA, IGNACIO DE POSADAS MONTERO (casado con MARIA MAGDALENA SECCO DE SOUZA), constando también la dirección: Juncal 1305, piso 21, Montevideo.

TOMAS GUERRERO COSTA suscribió también el acta de constitución de QUANTUM TRADE S.A., nuevamente con domicilio en Juncal 1305, piso 21, Montevideo. Cabe aclarar que en el informe presentado por Carlos Alberto Gesto, en su carácter de Principal de la División Investigaciones Preventivas de la Policía Federal Argentina, en la causa "Pharaon Gaith s/denuncia", se señala que "resulta importante destacar que los abogados de MERRIL LYNCH GROUP, Tomás GUERRERO COSTA y JUAN C. OREGGIA CARRAU; quienes habían interpuesto el recurso por los procedimientos efectuados, pertenecían al estudio que corre con la denominación "POSADAS, POSADAS & VECINO", ubicado en la calle Juncal 1305, piso 21 (Montevideo, Uruguay); precisamente el mismo domicilio de la empresa "COMERAL S.A" una empresa de servicios del grupo PHARAON, cuyo único accionista (100%) era la empresa CONCORDE INTERNATIONAL TRADING (grupo PHARAON); siendo director de COMERAL SA una persona llamada Antonio C.L. de SOUZA BANDEIRA (no identificado hasta el momento)".

El documento también vincula a los hermanos Rohn y a la Compañía General de Negocios con causas investigadas por coimas y tráficos diversos en Argentina y como "receptores principales de miles de millones de dólares provenientes del lavado".

El capítulo 8 del mismo informe aporta un minucioso detalle de la operativa de mafias integradas por narcotraficantes y funcionarios de gobierno, así como se establece una minuciosa reseña de algunos casos de corrupción en los que ya hay varios procesados, entre ellos el propio ex presidente Carlos Menem.

En el subcapítulo dedicado a la "Operación Chimborozo" una maniobra de lavado conjunta de los cárteles de Cali y Medellín, para la que se crearon varias empresas en Uruguay, se menciona expresamente a "Inversora Rioplatense", empresa constituida en el Uruguay.

Muchos nombres de personas físicas, empresas, estudios y bancos están directamente asociados a Punta del Este, ya sea porque o tienen propiedades en el balneario o, directamente, tienen su sede aquí.

Uno de los casos reseñados es el del estudio del contador Juan Alberto Etcheverrito, representante en Punta del Este de millonarios intereses argentinos; de importantes marcas internacionales y vinculadas, según el informe, a la operativa del tráfico de armas argentinas por la que varios ex gobernantes están procesados y presos.

El informe argentino aporta datos relevantes sobre la operativa del estudio Etcheverrito, y la participación de su empleada y su concuñada, Angela Díaz, hermana del ex director de la DGI Joaquín Díaz, en 197 empresas de las 800 que el profesional tiene registradas.

El informe establece que "Angela Chiodi, nacida el 6 de octubre de 1910, incapacitada a los 83 años –en 1993– y fallecida en 1998 habría resuelto convertirse en empresaria a los 81 años y fundó 60 empresas, actividad en la que persistió pese a estar incapacitada mentalmente durante cinco años, pues siguió fundando empresas hasta diciembre de 1998". Sin embargo, todo parece indicar que a pesar de que esas empresas participaron del tráfico de armas, de negocios por decenas de millones de dólares con la curtiembre Yoma o el pago de coimas, Chiodi nunca recibió beneficios ya que falleció en la pobreza en un modesto apartamento de la calle Soriano en Montevideo. Fuentes muy cercanas a la mujer, señalaron que fue víctima de una maniobra cruel por parte de personas con las que trabajó toda su vida "y a pesar de estar incapacitada igual le llevaban documentos para firmar hasta 1998".

Diferente parece ser el caso de Angela Díaz, quien preside o administra 137 empresas. La mayoría con sede en el estudio Etcheverrito. Muchas de esas empresas son mencionadas también en el informe argentino como parte del andamiaje de lavado de dinero.*

El contador aseguró que "nosotros, como tantos en Montevideo, hacemos sociedades. Lo que las personas hagan luego con esas sociedades no es asunto nuestro". Casi las mismas palabras empleadas por Ignacio De Posadas, que como se sabe es el mayor fabricante de cuchillos en Uruguay.