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DD.HH. y corrupción: reclamos para atender

DD.HH. y corrupción: reclamos para atender

El sistema político y judicial mantiene deudas importantes con la sociedad en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura. Pero también en el combate a la corrupción. Porque mientras mafias y terroristas de Estado se mantengan impunes no será posible una democracia plena.

En una extensa nota publicada hoy por el  semanario Voces, el es integrante del MLN, Jorge Zabalza, afirma que "si el autor de crímenes violentos es población marginal y excluida y no está vinculado al poder político, se le aplica a rajatabla la ley penal y debe esperar la sentencia final encerrado durante años en lamentables condiciones. En cambio, se perdona a los autores de asesinatos, desapariciones forzosas, violaciones y torturas que integran el poder armado. Aunque hay casos excepcionales, cumplen sus condenas en cárceles VIP o en prisión domiciliaria y reciben el perdón de sus víctimas transformadas en gobernantes".

Zabalza agrega que "los tres poderes republicanos tienen muchas contemplaciones -demasiadas por supuesto- hacia los culpables del terrorismo de Estado, pero, en cambio, son implacables a hora de juzgar y condenar la delincuencia de origen social que, en última instancia, agravian la humanidad en muchísima menor medida que la barbarie del plan Cóndor. Mano dura con los pobres, mano blanda con los militares. Al violar el principio de igualdad ante la ley, el poder judicial está caminando en puntas de pie por el filo de la navaja, deja de distinguir lo justo de lo injusto. Archiva los principios éticos y morales cada vez que archiva un expediente de delito de lesa humanidad".

Por su parte Ricardo Gil Iribarne, presidente de la JUTEP, en declaraciones que publica Brecha sostiene: "¿Se acuerdan del muchacho (ex secretario de Obra Pública de los gobiernos kirchneristas, José) López, que en Argentina tiró los bolsos con 9 millones de dólares para adentro del convento? Tiene tres procesamientos por enriquecimiento ilícito. En Uruguay, si fuera funcionario público, no estaría procesado por ninguno porque nadie ha demostrado de dónde sacó la plata. Acá tendríamos que demostrar, por ejemplo, que el señor fue coimeado. El enriquecimiento ilícito implica: usted ganaba 100 mil pesos por mes y tiró 9 millones de dólares adentro de un convento, ¿de dónde los sacó?".

El jerarca afirma que "cuando hablamos de corrupción en Uruguay normalmente pensamos en funcionarios públicos y en políticos, cuando hay muchísimos muy sanos. Pero hay empresas privadas en Uruguay y en el mundo muy corruptas. En el caso de Odebrecht es clarísimo. Es una brutal empresa que tiene tres pisos de su edificio destinados a su departamento de coimas, que compra un banco en el Caribe para canalizar las coimas, y después gargantea con la democracia. Qué peor manera de atacar a la democracia que corromper a todos los partidos políticos de tu país, a la mayoría de los gobiernos de tu continente y también de otros, porque coimearon en África, en todos lados. Por eso cuando me hablan de corrupción pública digo: es tan grave como la corrupción privada. Lo que pasa es que hasta que los estados no cumplan con la responsabilidad de exigirles a los privados, se ven limitados. Vamos hacia un mundo en el que dentro de unos años las empresas, como tienen obligaciones en temas de lavado, pueden tener también en el tema de corrupción: políticas o programas antisobornos".

Gil Iribarne advierte que "la gente está reclamando y se está indignando, y eso es un anticuerpo que tiene la sociedad uruguaya que en otros lados ya no está. Cuando te convencés de que todo da lo mismo, la gente ni siquiera se calienta cuando hay corrupción. Lo que hay que hacer es responder rápido. No puedo dormirme en los laureles, porque Transparencia Internacional dice que somos de los mejores países de América Latina".