La desaparición forzada de personas es una de las más atroces violaciones de los derechos humanos. En Latinoamérica, como práctica sistemática y generalizada, surgió en la década del sesenta y tuvo como característica principal la negativa u ocultamiento de información sobre el paradero de la víctima de parte de sus agentes.

El comienzo de la práctica tuvo lugar en Guatemala en 1962 y, en las décadas siguientes, el método se extendió a El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México. A partir de la década del setenta surgió la preocupación en la comunidad internacional por tipificar la desaparición forzada de personas en instrumentos internacionales como una forma de concientizar a los Estados de la gravedad de la práctica y de impedir su desarrollo.

La adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas materializa dicha preocupación. Este instrumento internacional de carácter no convencional fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992.

Cuando los militares latinoamericanos empezaron a utilizar la práctica de la desaparición forzada de personas como un método represivo, creyeron que habían descubierto el crimen perfecto: dentro de su inhumana lógica, no hay víctimas, por ende, no hay victimarios ni delito.

Desde el primer momento, las desapariciones forzadas mostraron los signos de lo que a través de los años llegó a constituir el método principal de control político y social en ese país: impunidad y absoluta transgresión de las leyes más elementales de convivencia humana.

La evasión de la ley, la impunidad de los "desaparecedores", se ha manifestado, hasta hoy, en distintos planos: las desapariciones no son investigadas por los organismos del Estado; los delitos se ocultan y se niegan; se han aprobado una serie de leyes de amnistía, cuyo principal efecto ha sido el de institucionalizar los crímenes, como las de Guatemala, El Salvador y Honduras, la obediencia debida en Uruguay o el punto final en Argentina.

De esta forma el Estado mismo se convierte en delincuente, al violar el ordenamiento jurídico internacional que lo obliga a ser garante de los derechos civiles y políticos del individuo.

Fuente: Investigadora Ana Lucrecia Molina Theissen.