A través de un comunicado, la Asociación de Funcionarios Judiciales de Uruguay rechazó "enfáticamente la aprobación, por parte del Poder Legislativo, del Artículo 15 de la Rendición de Cuentas (que reasigna gastos del presupuesto para 2018)", que en su opinión "reafirma el conflicto".

"Se reafirma, con esta actitud, la intención de no respetar una Sentencia Judicial, supeditando su cumplimiento a la voluntad de otro poder del estado. Se configura así una flagrante violación a la constitución que lesiona el estado de derecho", concluye el texto.

Los funcionarios judiciales que reclaman al Estado uruguayo un aumento salarial aprobado en 2010 durante la Administración de José Mujica (2010-2015) que, luego de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), estableció una adecuación de los salarios a futuro de 21,6 %.

A esta altura, la deuda ronda los 70 millones de dólares, publicó hoy el diario local El País.

Según el artículo 15 de la Rendición de Cuentas aprobada, el Poder Ejecutivo quedará eximido de cumplir los plazos de pago de deudas cuando los montos a que refiera la condena sean sentencias laborales, civiles o de cualquier otra naturaleza y excedan las 75 millones de Unidades Indexadas (unos 10 millones de dólares), y podrá proponer las previsiones correspondientes para pagarlo en la próxima instancia presupuestal. EFE