Los funcionarios judiciales dispuestos a ir a la huelga
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) solicitó una asamblea sin guarda gremial, con paro nacional para el próximo 31 de octubre, un día antes de que entre en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). El secretario general de la asociación, Richard Ascurrein aseguró a La Mañana de El Espectador que la huelga será una de las medidas a tomar si las soluciones no complacen al sindicato. "Nos están forzando a llegar a un punto sin retorno", sentenció.
Los trabajadores ganaron un juicio contra el Estado, en 2016, por una deuda de incumplimiento del acuerdo de aumento salarial del 26%, que rige desde 2010. En esa instancia la Justicia dictaminó el pago de 50 millones de dólares, que por intereses e inflación hoy asciende a 70 millones de dólares.
Ascurrein expresó que actualmente la adecuación salarial para los actuarios y los funcionarios ronda en los nueve millones de dólares anuales. Además, contó que el reclamo es porque los salarios de los judiciales son de los más bajos del Estado. "Desde que se inició este conflicto no tuvimos incremento", aseguró.
"Nunca pasamos por un paro tan largo. El gremio de judiciales está golpeado pero está absolutamente de pie. Apuntamos a sentarnos a dialogar con el poder Ejecutivo, pero no vamos a dialogar toda la vida", manifestó la secretaria de organización de la AFJU, Silvia Cabrera.
La funcionaria dijo que "el Poder Judicial es un poder pobre. El Poder Ejecutivo vota todo a carpeta cerrada, ni siquiera le vota las cosas que son directamente administrativas. Con respecto al CCP, el Poder Ejecutivo le dispuso una cantidad de dinero al Judicial para que lo instrumentara pero, como siempre, es mucho menos de lo que se necesita, y el Poder Judicial hizo lo que pudo".
"Lo nuestro no pasa por trancar el CPP", aclaró Cabrera, "sino por exigir que las sentencias se cumplan, porque si nosotros tenemos que cumplirlas, el gobierno debe hacerlo mucho más", agregó.
La secretaria de la asociación sostuvo que "los jueces en este país son independientes, pero presupuestalmente dependimos toda la vida del Poder Ejecutivo, aunque debería ser económicamente independiente".
Por otro lado, contó que cuando estaban en juicio, el Poder Ejecutivo les decía que cuando hubiera plata les pagarían, pero cuando se dictó sentencia "lo único que hicieron fue meter una ley atrás de otra. Primero fue el artículo 73, ahora es el 15".
"Estamos muy acostumbrados a trabajar con los problemas de la gente. Nosotros, como oficina hacemos los máximos esfuerzos para lograr que eso funcione, pero no tenemos papel higiénico, lapiceras, ni impresoras. Esto es un dato de la realidad, porque la Suprema Corte de Justicia tiene que sostener eso con cero peso, pero de eso el gobierno no se acuerda", manifestó Cabrera.