El pasado 19 de julio Uruguay completó la implementación de la ley aprobada en 2013 bajo el Gobierno del expresidente José Mujica que reguló la producción y distribución de marihuana estatal en el país como una forma alternativa para luchar contra el narcotráfico.

Mediante la habilitación de la compraventa de cannabis para uso recreativo en 16 farmacias, el Ejecutivo cerró un proceso marcado por las demoras y, tras la concreción de la regulación del autocultivo y la creación de clubes de miembros, se avaló la tercera vía de acceso al cannabis.

Con ese último paso, realizado mediante la venta de envases de cinco gramos a un coste aproximado de 1,30 dólares por gramo en las farmacias, el país suramericano se convirtió en el primero en aplicar un control estatal de la producción y comercio de cannabis a nivel global.

Las primeras ventas motivaron la llegada al país de medios de comunicación de todo el mundo para registrar cómo los consumidores inscritos en el registro del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) accedían a los primeros envases.

El proceso afrontó serios obstáculos cuando varios bancos privados internacionales advirtieron de que el dinero obtenido legalmente por las farmacias uruguayas se vinculaba a una actividad que es ilícita en sus países de origen.

Eso motivó que las entidades bancarias anunciaran el cierre de las cuentas bancarias de las farmacias asociadas a la venta o producción de cannabis, y que varias de estas boticas decidieran abandonar la comercialización de la droga.

No obstante, en septiembre el Gobierno anunció que habilitará nuevos establecimientos, diferentes a las farmacias y que operarán en efectivo, para mantener en funcionamiento la venta de marihuana recreativa para los usuarios registrados, aunque aún se desconoce cuándo estarán disponibles.

Según datos del Ircca actualizados al 10 de diciembre, 17.536 personas están inscritas para acceder a la marihuana de uso recreativo en las 12 farmacias restantes, situadas tanto en la capital como en los departamentos de Canelones, Flores, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Salto y Tacuarembó.

El total de cultivadores del país asciende a 7.700 personas y hay 71 clubes de membresía registrados ante el Ircca, números que indican una buena recepción del proceso de parte de la sociedad uruguaya, a lo que se suma el hecho de que no se registraron mayores incidentes.

El 2017 fue también un año de sombras para la política uruguaya, ya que el Frente Amplio (FA), debió superar una intensa pulla interna tras desvelarse que el ex vicepresidente Raúl Sendic tuvo un proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos.

El hijo del fundador de los tupamaros, Raúl 'Bebe' Sendic (1925-1989), que se desempeñó como vicepresidente de la petrolera estatal Ancap entre 2005 y 2009, y como presidente entre 2009 y 2013, se vio envuelto en una polémica después de que el semanario Búsqueda publicara los gastos que hizo con la tarjeta corporativa de la empresa.

Esos gastos, que incluían compras en tiendas de ropa, de joyas y de electrónica, entre otras, causaron que Sendic fuera sometido al examen del Tribunal de Conducta Política del FA, que reprobó su actuación y encadenó un intenso debate en la interna política.

Esto derivó en la presentación de la renuncia "indeclinable" por parte del exjerarca, quien dimitió el 9 de septiembre frente al Plenario Nacional, máximo órgano de la dirección del FA y como consecuencia fue designada la senadora Lucía Topolansky, integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP) liderado por su esposo, Mujica.

El escándalo, calificado de "crisis política" por la oposición, fue suavizado por el presidente, Tabaré Vázquez, quien afirmó que la renuncia no afectaría al funcionamiento del Gobierno Nacional.

El golpe que significó para el FA la renuncia de Sendic fue amortiguado por el logro alcanzado por el Gobierno este 7 de noviembre, cuando Uruguay cerró la primera etapa de negociaciones hacia la instalación de una segunda planta de celulosa de la papelera finlandesa UPM en el país.

Tras una etapa de 17 meses de negociación con la empresa, el Ejecutivo culminó la primera etapa de acuerdos para la eventual instalación de una segunda fábrica, que significaría la mayor inversión privada en la historia del país con 4.000 millones de dólares.

A esta seguirá una segunda etapa que, de cerrarse, será clave en la concreción de las obras ferroviarias necesarias para su instalación.

En caso de concretarse la inversión, Uruguay incrementaría su PIB más de dos puntos porcentuales y aumentaría sus exportaciones por alrededor de mil millones de dólares anuales. EFE