"Está claro que no hubo controles, ahora estamos intentando discernir si no hubo órdenes de los ministros correspondientes. Está claro que hubo ministros que dijeron que esas actividades no les interesaba controlar, ni les interesaba saber qué era lo que ocurría, lo cual es enormemente preocupante y muy peligroso, sabiendo los antecedentes de cómo se habían manejado algunos servicios de inteligencia en nuestro país", apuntó el legislador.

Nuñez aseguró que en años posteriores a la salida de la dictadura inteligencia policial seguía brindando datos a inteligencia militar, posiblemente con cooperación de infiltrados.

El parlamentario contó que "es muy probable" que el denominado "archivo Berrutti", principal fuente de estudio de la comisión, que alberga unos tres millones de documentos, contenga muchos de los aspectos que están mencionados dentro del "archivo Castiglioni", ya que faltan unos setecientos rollos que podrían estar contenidos allí. De todas formas, la investigadora aún no pudo acceder al estudio del "archivo Castiglioni", que se encuentra en manos de la Justicia, en etapa presumarial, aunque aspiran a obtenerlo y agregarlo al estudio dentro de poco tiempo.

"Accedí a informes de peritos que dicen que hay muchos aspectos de similitud. No es de extrañar que el 'archivo Castiglioni' haya sido rearmado por este personaje, pero incluso haya sustraído algunas partes de lo que es este archivo ('Berruti')", añadió Nuñez.

El entrevistado aseguró que los funcionarios de gobierno que tuvieron responsabilidades políticas y los directores de la Policía de esa época participaron mayoritariamente todos, pero contó que los exdirectores militares implicados se mostraron reacios a colaborar con la investigación.

"Ojalá puedan participar porque estuvieron en una etapa muy importante, muy significativa, de la que tenemos muchísimo material que nos gustaría clarificar y conocer porqué se desarrollaron esas tareas. Esta respuesta negativa de algunos militares generó una respuesta por unanimidad de la Cámara de Diputados, porque es una mala señal que no se quiera contribuir a esclarecer lo sucedido. Si estaba todo claro, todo bien y todo dentro del margen de la legalidad y de las normas, bastaba con decir eso", agregó.

Nuñez opinó que "una actitud que niega participar en una comisión de este tipo, que niega colocar elementos para la clarificación de los temas que estamos investigando muestra un grado de implicancia en la ilegalidad".

El período de tiempo que tomará dicha comisión para tratar es desde es 1985 hasta la fecha. La comisión integrada por representantes de todos los partidos políticos se creó en noviembre de 2016 y estaba previsto que funcionara hasta diciembre de 2017, pero se extendió seis meses el plazo por el volumen de archivos, por lo que finalizará su investigación a fines de julio.