(Emitido a las 09.05)

EMILIANO COTELO:
La semana pasada trajo nuevas derivaciones del procesamiento de los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso por la quiebra del Banco Montevideo – Caja Obrera.

La novedad más impactante fue la decisión de los abogados argentinos Carlos de Casas y Carlos Varela Álvarez de llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Los letrados señalaron que en el juicio contra los Peirano "no se respetaron las mínimas garantías del debido Proceso Penal"  y que son víctimas de un "trato inhumano". 

Para conocer más sobre este recurso, su objetivo y sus eventuales consecuencias. El diálogo será con el doctor Carlos Varela, desde Mendoza, Argentina, donde reside.

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Doctor Varela Álvarez, usted es abogado, tiene 45 años, es especialista en Derecho Penal y, en particular, en Derechos Humanos. ¿En qué causas ha trabajado, por ejemplo?

CARLOS VARELA ÁLVAREZ:
En la parte internacional, he llevado el primer caso de desapariciones forzadas de personas en democracia en Argentina, que tiene la sentencia número 22 de la Corte Interamericana. Es por la situación de los ciudadanos Garrido y Baigorria. Luego, acá tenemos otra desaparición: la de Pablo Cristián Guardatti.

Hay casos de violencia policial muy fuerte que sucedieron en Argentina como es el caso del asesinato de un estudiante que se llamaba Sebastián Bordón, acá en Mendoza. Y varios casos más que  tienen que ver generalmente con violencia policial o lo que se llama la mala praxis judicial que ha ocasionado muchas veces la responsabilidad internacional. Luego hubo causas penales más conocidas pero que no tienen que ver con el ámbito internacional.

EC – Usted es miembro fundador de la sección Argentina de Amnistía Internacional (AI), en 1984.

CVA – Efectivamente. Yo estuve en los primeros años (de la dictadura argentina) exiliado en Suecia y ya en ese país tomé contacto con esa organización. Cuando regresé a Argentina, junto a otros amigos fundamos AI Argentina que hoy funciona normalmente, especialmente en Buenos Aires.

EC – Otro dato que nos llamaba la atención es que en los años 80, a finales de la dictadura uruguaya, usted promovió las protestas de AI por las condiciones de reclusión del dirigente tupamaro, Raúl Sendic. ¿Cómo se vinculó a esa causa?

CVA – Eso se dio porque AI toma distintos casos en el mundo, individuales o por país. En el caso de los grupos suecos donde yo militaba, teníamos a cargo fundamentalmente –además por razón de que hablaba español- casos de América Latina, en especial el caso de un marino uruguayo y el de Sendic. En esa situación no se reclamaba la libertad del líder tupamaro sino todo lo que tenía que ver con las condiciones en que estaba detenido, a raíz de la herida de bala que tenía y la documentación que nos habían dado. Entonces nuestra estrategia era llamar la atención a las autoridades uruguayas y del mundo sobre las condiciones en las que se encontraba detenida esta persona en ese momento.

EC – Como ya mencionó, usted ha presentado varios casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ha tenido respuesta favorable en alguno de ellos?

CVA – Hasta el momento nunca nos han rechazado ninguno. O sea, me ha ido bastante bien. Somos muy cuidadosos en el estudio del caso, en mirarlo, en analizarlo...

EC – Pero más allá de no rechazar los casos que usted presentó, ¿en algunos de ellos hubo fallos favorables que implicaran después cambios en los expedientes que usted estaba considerando?

CVA – Si, si. El efecto fundamental del "caso Garrido Baigorria" en Argentina fue que se cambió la legislación civil nacional, se cambió la legislación procesal penal en Argentina, en Mendoza. Ahora tenemos otro caso que iba camino a la Corte Interamericana y el gobierno argentino accedió a llegar a un acuerdo. El caso se llama "Gómez Yardes" y es la situación de un chileno detenido y torturado acá en Argentina y que se lo condenó injustamente. A partir de eso no solamente se abre una situación personal sino que se mira fundamentalmente por qué se permite esto y en qué influye la legislación y la situación de los magistrados.

En un caso como fue el de "Garrido Baigorria" incluso se logró la destitución del juez.

EC – No hay que confundir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CVA – Eso que usted está diciendo es muy importante.

EC - ¿Cómo es el proceso cuando se presenta una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

CVA – Este es un lugar donde primero tenemos la Comisión que es a la que acceden las personas miembros del sistema y eventualmente los estados. Lo normal es que las personas que se sientan víctimas de un delito por parte de sus estados y no hayan tenido respuesta en su país, van a la Comisión y ponen su queja, su denuncia. Ahí van miles y miles de presentaciones. Imagínese usted lo que pueden significar solamente Brasil y México en esas acciones.

Después la Comisión hace una selección, un estudio de todo eso y empieza el primer trámite que es darle a su caso (la categoría) de petición. Luego de eso, que implica darle traslado al gobierno para ver qué opina, un grupo de expertos de la comisión estudia el caso y aparece un segundo paso que es que esa petición se transforme en caso. Eso lo va perfilando a que en algún momento se pueda ir y presentarlo como caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta situación ya estaríamos en juicio con todas las de la ley.

La Comisión lo que hace en el medio es tratar de llegar incluso, o promover, un acuerdo con el Estado o en el caso que no quiera, seguir investigando hasta en algún momento mandarlo ante esa instancia final.

EC – Vayamos ahora al caso concreto que nos ocupa. ¿Cómo se produce su vinculación con los hermanos Peirano Basso y con su proceso?

CVA – En mi caso particular, un gran amigo de José Peirano, que es el que tenía sus actividades en Argentina, es un colega nuestro que es el co-firmante. Se trata del doctor Carlos De Casas que es un abogado muy famoso, muy conocido acá en mi provincia. Es una autoridad en el tema del Derecho Penal y tenía con ellos una relación de amistad. A raíz de su detención y a mediados del año pasado me comentó la situación de la familia Peirano y me pidió si podía mirar la documentación y darle una primera opinión, a ver si eso realmente tenía visos de seriedad de que una instancia internacional pudiera verlo.

Yo lo hice, comparé los instrumentos que ha firmado Uruguay en las instancias internacionales. Uruguay tiene un excelente comportamiento de firmas en las Naciones Unidas y en el sistema interamericano. Luego comparé la legislación uruguaya interna y luego el expediente. Son las tres cosas que uno debe tomar en cuenta. Consulté a otras fuentes a raíz de esta situación y me dio un primer pronóstico de la situación y le dije que se podía hacer.

A partir de ese momento empezamos a estudiar y ya en junio y julio estuvimos presentando en Estados Unidos lo que se llamaba una medida cautelar, que es el camino más rápido para que la Comisión Interamericana tuviera conocimiento de la situación de estas personas.

EC – Simultáneamente con esta presentación ante la Comisión Interamericana de la OEA hubo un cambio de abogados de los hermanos Peirano en Uruguay. Los doctores Amadeo Otatti y Carlos Curbelo renunciaron a la defensa por discrepar con la nueva orientación, según publico el jueves el semanario Búsqueda. ¿Qué puede agregar usted sobre esa versión?

CVA – Bueno, cuando nosotros terminamos esta presentación internacional, nuestra idea era juntarnos con los abogados porque lo que nosotros estábamos haciendo podía influir en la situación, no en el expediente. La verdad es que uno no se mete con el expediente o con la situación procesal interna pero obviamente que hay que contar con la valiosa ayuda de los abogados locales. Entonces, le pedimos a la familia Peirano autorización para hablar con ellos, hablamos y ellos no compartían mucho esta nueva orientación.

A partir de que la Comisión Interamericana dio el primer paso que fue aceptar el caso, es decir la petición, y darle trámite, obviamente ha acelerado la decisión de estas personas de terminar la relación profesional que tenían.

EC – Entonces efectivamente los abogados en Uruguay no son Otatti y Curbelo; son Diego Camaño y Pablo Donángelo.

CVA – Así es. Tuve el gusto de conocerlos la semana pasada, estuvimos jueves y viernes junto con De Casas. Tuvimos largas reuniones de trabajo para ver lo que nosotros podíamos seguir aportando desde lo internacional. El proceso sigue su trámite, se le dio vista al gobierno uruguayo y viene todo un período de contestación. A su vez, el proceso penal interno sigue. Así que es muy importante la coordinación en esto.

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EC – Antes de entrar en el fondo del asunto tenemos algunas preguntas de la audiencia. Por ejemplo, Jorge llama desde el barrio Larrañaga y se pregunta si es compatible ser fundador de Amnistía Internacional y ser defensor de los Peirano. Él encuentra una contradicción. Otras consultas apuntan a ver si usted es consciente de lo que significa hoy en día en Uruguay asumir la defensa de los hermanos Peirano en la medida en que la población los ve como uno de los principales responsables de la crisis bancaria que afecto a Uruguay en 2002 y que perjudicó a mucha gente.

CVA – Las preguntas son muy acertadas y obviamente que ninguna de ellas puede ser simpáticas para un abogado. En realidad le digo que no hay nada más importante, y se lo digo honestamente, que ser capaz de defender o que un sistema le dé la oportunidad (de defenderse) a aquellos a quienes la sociedad considera como lo más malos. Yo no tengo ninguna duda por lo que he visto en Uruguay, por la prensa, por lo que he estudiado, que los hermanos Peirano son los más malos de la clase.

EC – Están imputados por la pérdida de 350 millones de dólares en el Banco Montevideo y por su responsabilidad en al menos 20 maniobras fraudulentas.

CVA – Todo eso y seguramente más es cierto. Frente a eso y a lo significa el tema de los ahorristas no hay nada que discutir. Todo lo que puedan decir esas personas me merece el mayor de los respetos y es así. Pero la labor de un abogado es justamente dar las herramientas para que cualquier persona pueda tener un juicio justo. El más malo de la clase mide la transparencia de un sistema. Y en este caso es importante porque el sistema procesal uruguayo debe dar muestras de eso o directamente los van a condenar y van a evitar un juicio justo.

Yo le cuento, si usted cree conveniente, tres o cuatro características del sistema procesal uruguayo que llaman la atención.

EC – A ver...

CVA – Uno es que hasta la muerte del padre de los Peirano, el proceso penal era secreto. Es lo que se llama "etapa presumarial". A usted lo imputan, lo acusan y usted no accede a la prueba ni sabe de qué se trata. Eso no se condice, por ejemplo, con lo que es lo que ha firmado Uruguay en materia internacional.

La segunda cosa que llama la atención objetivamente es que el juez que investiga es el mismo que condena. Eso también llama la atención.

EC – Pero eso es así en Proceso Penal uruguayo.

CVA – Claro pero tiene poco que ver con lo que Uruguay ha firmado en tratados internacionales. Esas son las objetivas contradicciones.

Ahora lo que pasó también en la situación del padre de los Peirano, en la situación procesal, también ha llamado la atención internacionalmente. O sea, más allá de eso, podrá ser lo que podrá ser pero una persona en la condiciones de salud, en las condiciones de tensión que tuvieron, el proceso de exhumación, evidentemente no se hace en nombre de cualquier persona. En este caso sí se hizo.

EC – Usted se refiere a lo que sucedió cuando se decidió exhumar los restos de Jorge Peirano Fascio para verificar la versión que había circulado de que el cuerpo que estaba enterrado no era el de esa persona.

CVA – Claro. Además todo el proceso que significó su aprisionamiento ya que normalmente en personas de esa edad y dado que se habían presentado voluntariamente, se buscan medidas alternativas. (Eso se hace) con personas de esa edad y con cuatro by pass, lo que significó que cuatro meses después falleciera.

Está bien, puede ser muy importante el rencor, la bronca y todo eso; la cuestión es saber si razonablemente somos capaces de darle a todo el mundo un juicio justo. Es lo que 25 años atrás, en mi caso, yo pedía por un líder tupamaro que obviamente se ganó el respeto de toda América Latina y utilizaba la fuerza pero tenía sus razones. Hoy, por otras personas que tendrán o no ideología se busca lo mismo: un juicio justo para todos.

EC – Ustedes le reclaman al gobierno uruguayo que "cese su arbitrariedad, ilegalidad y sometimiento a tratos inhumanos a los hermanos Peirano". Esta última expresión, "tratos inhumanos", está motivando muchas consultas de los oyentes. Por ejemplo Roberto, que llama de El Pinar, consulta qué tipo de malos tratos pueden haber recibido si están en Cárcel Central, el lugar donde los reclusos tienen las mayores comodidades.

CVA – El trato inhumano tiene que ver con dos características. Primero el plazo razonable del proceso: dos años y medio de detención sin que haya acusación y una cosa más grave... Pregúntele a los expertos de su país, que los hay y son muy buenos, con qué legislación los están juzgando y cuál es el monto de la pena. Le van a decir que es una legislación del Siglo XIX y van a discutir todos si tiene una pena de cinco, tres u ocho años. El Código Penal que tenía que ver con esa ley fue derogado. Entonces están juzgando a una persona con un delito en el cual no se sabe la pena y en el que llevan dos años y medio de detención que se van a cumplir ahora el 8 de febrero.

Esos son tratos inhumanos: que la persona acusada no sepa de qué se la acusa, cuánto tiempo va a estar detenido y qué pena va a recibir. Eso, objetivamente, sáquele el nombre Peirano, es injusto en cualquier parte del mundo.

EC – Pero en Uruguay existen en todo caso decenas de situaciones mucho más graves que la de los hermanos Peirano en cuanto a la presunta violación de esos derechos que usted está mencionando en estos momentos.

CVA – Sí. He leído las crónicas del presidente actual de la Corte de ustedes, el doctor Gutiérrez, en anteriores artículos que me han parecido fantásticos. Ahora, ¿qué hace el sistema por esa situación? Bueno, nosotros tuvimos la suerte de tomar este caso que ojalá sea testigo para que todas aquellas personas que no llevan ese apellido y que tengan el mismo problema, tengan el juicio justo que se merecen. Eso es lo que debe hacer el sistema y no es que no ocurra en Argentina donde ocurre igual de grave. Y quizás también en Chile... Eso es lo que hacemos nosotros.

EC – Ustedes reclaman que se respete el Pacto de San José de Costa Rica que establece que toda persona debe ser juzgada en un tiempo razonable o dejada en libertad. ¿Cómo es la argumentación en este sentido?

CVA – Bueno, en este caso las personas llevan más de dos años detenidas, eventualmente en una condena donde casi todos los autores que tienen ustedes, expertos en Derecho Penal, dicen que la pena no podría exceder los cinco años. Otros dicen que la ley está derogada, lo cual sería mucho más grave. Estas personas deberían ser puestas en libertad por haber cumplido al menos, en el peor de los casos, la mitad de la condena. Debieron acceder a la libertad, lo que no significa la impunidad sino que el juicio continúe en iguales situaciones, como continúa con las personas que fueron liberadas –los otros consortes de causa que tenían que ver con cargos menores en los bancos- a las que el tribunal superior de apelación al juez Eguren les dio la libertad con el argumento de los Derechos Humanos y a estas personas se los negó.

EC – El diario La República citó el viernes pasado a fuentes judiciales que señalaron que "el juez y el fiscal del caso entienden que la gravedad de los delitos imputados a los hermanos Peirano Basso implica que los dos años y medio que llevan en Cárcel Central continúan siendo un período razonable. Sus actuaciones casi llegaron a provocar la quiebra del sistema financiero uruguayo, lo que se evitó con la asistencia internacional", dijeron esas fuentes.

También explicaron que los banqueros Peirano Basso carecen del derecho a ser beneficiados con una libertad provisional, en tanto se sustancia el juicio, porque sólo son excarcelables las penas de prisión menores a dos años y en este caso fueron procesados por delitos por los que les recaería una pena de entre tres y ocho años de penitenciaría.

CVA – Esa es toda la discusión. Como le vuelvo a decir, la pena que estaba establecida para la ley 2230, que es la que los está juzgando, tenía un monto en un Código Penal que se derogó, ahora existe toda una discusión si se debe dar esa pena o la del Código Penal de 1934, etcétera. Entonces, lleva a discutir qué pena tenemos. Pero ahí están reconociendo que la pena es de entre tres y cinco años y el 8 de febrero cumplen dos años y medio. Quiere decir que si usted tuviera una pena de 25 años de prisión está llevando 12 años y medio. Entonces, en cualquier lugar del sistema interamericano que haya ratificado el Pacto de San José de Costa Rica, con la mitad de la pena usted está en condiciones de acceder a ese beneficio. Ese es un derecho que ellos tienen. Esa legislación no está pensada para los Peirano, está pensada para cualquier persona que está sometida a un proceso. Eso es lo que estamos pidiendo.

EC – Además dicen estas fuentes que los hermanos Peirano Basso habían sido procesados por Asociación para delinquir, delito que fue revocado luego por un tribunal de apelaciones pero que, según estimaciones judiciales, podría llegar a ser demostrado en breve, durante el transcurso del juicio, a partir de las pruebas que surgieron de los posteriores procesamientos de varios jerarcas de los bancos que eran controlados por el grupo económico. En ese caso, serían condenados por la pena máxima: ocho años de penitenciaría.

CVA – Bueno eso es correcto, esa es una situación que hoy no se da. El actual procesamiento de ellos es solamente por la primera ley, la 2230, y la Asociación para delinquir... efectivamente es correcto lo que dice... Yo diría que es una fuente judicial la que lo está diciendo y qué se yo...

Tomando en cuenta diario que usted menciona, también me llamaron la atención los comentarios de Gros Espiel, ex asesor de Montesinos y Fujimori, restándole importancia a la presentación internacional. Llama la atención que esa persona, que tiene amplios antecedentes internacionales, cuando firmaba las sentencias de la Corte Interamericana abogaba por la importancia del sistema. Hoy, desde otra posición, los deslegitima. Eso también es una contradicción pero forma parte de lo que uno tiene que escuchar y discutir.

EC - ¿A qué atribuye usted ese cambio de posición?

CVA – Él es parte interesada, es un ex ahorrista y es contradictorio porque ellos han llevado el tema de los ahorristas a la Corte Interamericana. Tanto la situación de los Peirano como la de los ahorristas está en la Comisión Interamericana. Es decir, en definitiva van a ser los tribunales internacionales los que de alguna manera van a ir dándole la luz a una situación donde es muy difícil ponerse de acuerdo internamente. Yo entiendo la polémica, la desazón y el enojo o el impacto, pero la situación es esa. Hoy día estamos en manos internacionales que incluso serán capaces de dar una mejor vista sobre la situación que sufren tanto las víctimas de esta situación como son los ahorristas como la situación jurídica de estas personas que son sometidas a juicio.

EC – Las fuentes judiciales que citaba el diario La República afirmaban que con este planteo que ustedes hacen la única finalidad que tienen es ejercer presión directa sobre el Poder Ejecutivo y una presión indirecta sobre la Justicia para que la Suprema Corte le otorgue la libertad por gracia a los Peirano.

CVA – Evidentemente que esta presentación internacional se le comunica a la Presidencia de la Nación y en este caso, generalmente, Cancillería. El gobierno uruguayo hizo muy bien porque le dio trámite al superior tribunal, a las Suprema Corte, y después emitió su opinión el juez de la causa. Lo que va a hacer Uruguay es contestar nuestra demanda y luego nos darán vista y veremos lo que hacemos. Ese es el trámite normal. Evidentemente que acudir a un tribunal internacional es presión.

EC – Usted reconoce que es una forma de presión. Usted aclaraba hace unos minutos que esto está corriendo un trámite a nivel del sistema interamericano, no en el juzgado que tiene a su cargo la causa de los hermanos Peirano. De todos modos, ahora admite que termina influyendo o ejerciendo presión sobre la justicia local.

CVA – Obviamente que el sistema uruguayo le ha dado vista al juez, le ha preguntado porque es quien mejor conoce el expediente y le dirá que en el extranjero, en tal tribunal, se hizo una presentación contra él. Le preguntarán qué opina y él dará su opinión. Eso de alguna manera supone una preocupación del juez, una manera de preocuparse, tomará nota o simplemente dirá que no le importa, que no le interesa y seguirá su rumbo. Para nosotros que la Comisión Interamericana intervenga y que el gobierno uruguayo tome conocimiento es importante porque es la única manera de poder discutir o saber cuáles son los argumentos que un sistema da para tener esta situación sobre estas personas.

Siempre esto es una presión, en el buen sentido de la palabra. Uno no busca otra cosa pero está anoticiando al otro de lo que está haciendo. Entonces, algunos se preocuparán, otros no, pero esa es la realidad.

EC - ¿Cuáles son las próximas instancias previstas en el trámite?

CVA – Esperar la respuesta del gobierno uruguayo ante la Comisión Interamericana. Nos van a dar conocimiento de lo que opina, nosotros contestaremos y a partir de allí sigue este camino que puede terminar en un proceso de "Solución amistosa" o ante la indiferencia del gobierno uruguayo, veremos si encaminamos el tema hacia un caso, es decir hacia una eventual situación ante la Corte Interamericana que pueda terminar en un juicio con una sentencia favorable o no.

EC – Casualmente hoy el diario El País titula su portada con que a fin de febrero, la nueva defensa de los Peirano, la que ejercen sus colegas uruguayos, pedirá la libertad de los banqueros argumentando que ya cumplieron la totalidad de la pena. ¿Usted conoce esto?

CVA – Sí, fue parte del ejercicio de estudio que estuvimos haciendo donde los colegas nos presentaron sus opiniones, donde obviamente aprendimos más sobre el sistema uruguayo. Obviamente que la estrategia interna queda en manos de esos colegas que son muy conocidos y apreciados. Confiamos que esa es una muy buena salida porque está fundada, tiene bastante apoyo internacional. Hemos quedado en esperar sus borradores, verlos y hacer todo lo posible.

EC – Se lo preguntaba porque casualmente se conoce que se va a presentar esa solicitud simultáneamente con la difusión del trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

CVA – El gobierno uruguayo tiene hasta el 27 de febrero para contestar. En el medio se cumplen los dos años y medio de prisión de estas personas y ellos habrán evaluado que es la oportunidad para hacerlo en simultáneo con la respuesta del gobierno. Veremos qué pasa.

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Transcripción y edición: Mauricio Erramuspe
(Foto tomada de Los Andes on line)