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¿Qué soluciones maneja el próximo gobierno para combatir la superpoblación carcelaria?

El uso de edificios públicos abandonados, para albergar un número pequeño de presos de baja peligrosidad y descongestionar los grandes establecimientos, junto a un aumento de los servicios de sanidad, alimentación y educación son algunas de las medidas que prevén las nuevas autoridades. También se habla de un aumento presupuestal para la Dirección Nacional de Cárceles. Informe de En Perspectiva.

EMILIANO COTELO:
Que las cárceles están superpobladas, no es ninguna novedad. Pero, ¿qué planes tiene el próximo gobierno para atacar este problema?

No es ningún secreto que el tema de las cárceles, y en particular la falta  de una solución definitiva a los problemas de hacinamiento, es una de   las materias pendientes de la actual administración.

Por eso no extraña para nada que este sea uno de los temas asumidos como prioritarios por parte de las nuevas autoridades del Ministerio del Interior, comandadas por el doctor José Díaz.

Díaz reconoció justamente la semana pasada que el tema es una de las dos prioridades de su cartera.

"Hay dos grandes temas que nos preocupan, por un lado el tema de la seguridad pública y los derechos humanos, debidamente armonizados, y por otro lado el sistema penitenciario que está en una situación de infrahumanidad muy notoria", afirmó el futuro secretario de Estado.

EC - Como reflejo de esta preocupación, en las últimas semanas hubo reuniones entre las nuevas autoridades del Ministerio del Interior y los actuales responsables de las distintas áreas vinculadas al sistema carcelario, con el objetivo de afinar el traspaso de información e ir completando el diagnóstico de la situación.

ANDRÉS GIL:
Sí, y aparentemente, ya se empiezan a conocer algunas novedades en este frente. El propio José Díaz informó que ya se está pensando en soluciones concretas para el tema de la superpoblación carcelaria.

Especialmente, dijo Díaz, se pretende buscar inmuebles del Estado en desuso para reciclarlos y utilizarlos como cárceles.

"De repente, podemos conseguir en comodato, porque las limitaciones financieras son muy grandes. Sobre todo, pienso en más establecimientos que nos permitan aplicar mejor la pena y la parte de reeducación y rehabilitación de los reclusos", afirmó.

EC - ¿Qué hay detrás de esos anuncios del futuro ministro del Interior? La producción de EN PERSPECTIVA profundizó en el tema.  Concretamente, Díaz habló de recurrir a "edificios públicos".   
Esto obviamente genera curiosidad: ¿qué tipo de edificios públicos?  ¿De qué tipo de estructuras estamos hablando? Por ejemplo, ¿qué tamaño mínimo deberían tener esos edificios?

AG - Según las fuentes consultadas por EN PERSPECTIVA, a diferencia de lo que se podría pensar, se está manejando la posibilidad de usar algunas instalaciones más bien chicas. Para tener una idea, se está pensando en la idea de apelar a edificios que alberguen a no más de 50 reclusos.

EC - En realidad esto no debería generar sorpresa porque en Montevideo ya existen hoy en día establecimientos con esa capacidad locativa.
Un ejemplo concreto es el del TACOMA, un centro que mantiene en sus instalaciones, justamente, a cerca de medio centenar de reclusos.

AG - Es cierto. Según dijeron las fuentes, estos establecimiento de menor porte serían utilizados siempre para reclusos de peligrosidad media o baja.

EC - ¿Y hay algún ejemplo concreto? Porque inicialmente, Díaz tiró alguna pista sobre un edificio en la Ciudad Vieja que ya fue ofrecido al Ministerio del Interior para su reciclaje y posterior uso como cárcel de baja seguridad. Pero no dio mayores detalles.

AG - Según pudo averiguar la producción de EN PERSPECTIVA ese edificio –que recién se maneja en carácter de "posible solución"– está ubicado en la Rambla portuaria y la calle Guaraní. Esa es una de las locaciones que el futuro ministro del Interior va a visitar en los próximos días para evaluar personalmente si puede servir como centro penitenciario.

EC - ¿Y a quién pertenece en la actualidad este edificio?

AG - Al Ministerio de Defensa Nacional.

EC - ¿Al Ministerio de Defensa?

AG - Exactamente. A propósito, según pudimos averiguar, en estas reuniones preliminares se ha estado manejando la posibilidad de apelar    a más de un espacio o edificio del Ministerio de Defensa para transformarlos en cárceles de baja seguridad.

EC - En realidad no es una idea tremendamente novedosa. De hecho, en otras oportunidades, esa posibilidad fue manejada por legisladores que han trabajado en el tema, incluso del actual partido de gobierno. Lo cierto es que en este caso el tema parece haber ganado algo de fuerza.

AG - Claro. Según las fuentes consultadas, a propósito de esta posibilidad ya se realizaron algunos contactos a nivel informal con las futuras autoridades del Ministerio de Defensa, las que en principio no habrían planteado oposición a una solución de este tipo.

EC - Pero me quedé pensando en el edificio de la Rambla y Guaraní. ¿Es razonable que se ubique una cárcel en un lugar tan céntrico?

AG - Justamente, esa inquietud es compartida, por ejemplo, por el diputado forista Alberto Scavarelli, quien – recordemos – integra la Comisión de Derechos Humanos de Diputados y ha estado muy cerca de estos temas en los últimos años.

Scavarelli dijo a la producción de EN PERSPECTIVA que en principio le preocupa que se piense ubicar una cárcel en el medio de la ciudad, algo que va contra todas las recomendaciones internacionales. No sólo por cuestiones de seguridad -ya que, por ejemplo, no sería fácil organizar la guardia perimetral, imprescindible en estos casos– sino también por aspectos sanitarios, dado que las cárceles suelen ser grandes focos infecciosos y que por eso se suele recomendar que se las ubique, preferentemente, lejos de los centros poblados.

EC - ¿Y esto no es tenido en cuenta por las nuevas autoridades?

AG - Sí, por supuesto. Concretamente se nos dijo que a la hora de tomar decisión sobre los edificios a usar se tendrá especialmente en cuenta que se pueda garantizar las condiciones mínimas de seguridad y que la cárcel no altere el normal funcionamiento del barrio.

La estrategia general

EC - ¿Podemos adelantar algún elemento más de la política carcelaria que pretende aplicar el próximo gobierno?

AG - Sí. Según una fuente del nuevo equipo de gobierno que consultamos, esta idea de utilizar edificios del Estado se enmarca en un plan más general del nuevo gobierno para que todos los establecimientos carcelarios del país pasen a estar en la órbita de un único organismo: el "Instituto Nacional de Rehabilitación".

EC - Sí, recordemos que actualmente las cárceles departamentales son administradas por las jefaturas locales.

AG - Justamente, eso va a cambiar. Pero además, según comentaba esta fuente, ese nuevo Instituto va a estar por fuera de la órbita del Ministerio del Interior y va a operar de forma descentralizada, en un esquema similar al del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU).

EC - Pero seguramente esa idea de crear un Instituto Nacional de Rehabilitación se esté manejando pensando en el mediano plazo. ¿Hay pasos previos para llegar a esa instancia?

AG - Sin duda, porque según nos decían las fuentes, en el nuevo gobierno preocupa mucho esto de que haya 19 cárceles departamentales, y que cada una esté manejándose "con su librito". Es por eso que hay urgencia terminar con esta situación. Por eso, la prioridad en una primera instancia será formar una "Dirección Nacional Penitenciaria".

EC-  A propósito de prioridades, ¿por dónde pasan las principales urgencias que visualizan las nuevas autoridades en esta materia?

AG - En el primer año de gestión las futuras autoridades apuntarán a combatir tres factores considerados claves: el hacinamiento, la deficiente atención médica y los problemas con la alimentación.

"Eso supondrá la utilización de todos los recursos públicos hacia esos fines", nos comentó una de las fuentes.

EC - ¿Y qué implica concretamente esa afirmación?

AG - Y bueno, que por ejemplo los recursos de Salud Pública, del nuevo Plan de Emergencia y también de la enseñanza estatal van a estar mucho más presentes en las cárceles. A modo de ejemplo, una fuente nos decía que se va a empezar a enseñar a leer y a escribir a los presos analfabetos y que se hará un énfasis especial en la capacitación en oficios que puedan servirles como salida laboral una vez que terminen de cumplir su condena.

EC - Pero supongo que todo esto implica costos, en una repartición que se ha caracterizado por la escasez de recursos. ¿Qué previsiones hacen las autoridades del nuevo gobierno, particularmente del Ministerio del Interior, en materia de recursos? ¿Se puede esperar una mayor participación de este rubro en el presupuesto nacional? 

AG - En ese sentido nos decían que ya está definido y conversado con el ministro de Economía que las cárceles contarán con un presupuesto mayor al actual, aunque aún no está resuelto el monto de ese incremento. Esta fuente nos resumía el tema con una frase:

"Si el propio Estado generó esta situación, el Estado tiene que responder por ella".