El acuerdo establece una cifra menor a la que los funcionarios reclamaban, que era de un 21,6%, en reclamo a la sentencia de la jueza Josefina Tommasino Farraro, quien falló a favor de un grupo de funcionarios judiciales en 2015, y los actuarios, quienes denunciaron al Gobierno por el incremento que le brindaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, gracias a la ley de Presupuesto de 2010, pero no a los trabajadores.

El pacto contempla a todos los funcionarios judiciales y no solo a aquellos que tienen sentencia a su favor, pero además incorpora beneficios "de gran trascendencia y que en su momento fueron objeto de reivindicación".

Al respecto, el secretario general de la AFJU, Richard Ascurrein, aclaró a La Mañana de El Espectador que "hubo un paso pero todavía no está fusionado" ya que "falta la adhesión del 80% de los trabajadores".

Previo a firmar el convenio, el sindicato puso a consideración de sus socios la propuesta. De la consulta participaron 2.528 personas, de las cuales 1.470 votaron a favor de aceptar la iniciativa planteada por el gobierno, 1.018 en contra, 37 fueron anulados y 3 en blanco. Sobre ello, Ascurrein dijo que esta votación fue para aceptar la firma del acuerdo, pero para aceptarlo es necesario recabar ese 80%, que corresponde tanto a los afiliados al sindicato como a los que no los están.

El plazo para aceptar al convenio será de entre 20 días y un mes, según contó el gremialista, quien estimó como positivo que se contemple a aquellos funcionarios que no tienen sentencia, algo que no se esperaba.

El acuerdo supone costos de 23 millones de dólares, en 2018, y 28 millones de dólares, en 2019. A partir de 2020, el aumento será de 10,5 millones de dólares.