El fiscal de Crimen Organizado de primer turno, Luis Pacheco, aseguró en el dictamen -publicado este lunes en el portal de la Fiscalía- que, a su juicio, "no existen elementos que hagan presumir la existencia de conductas con apariencia delictiva".

Viana y Salle basaron su denuncia en que no existió un proceso de licitación, que las negociaciones no fueron transparentes, que el contrato firmado el pasado 7 de noviembre afecta a la soberanía de Uruguay y que la eventual instalación de una segunda papelera de la empresa finlandesa daña el medioambiente.

Asimismo, aseguraron en su escrito que el contrato de inversión firmado entre ambas partes es "abusivo, lesivo, leonino, ruinoso, asimétrico, cuasi unilateral" y que Uruguay asumió una serie de obligaciones "independientemente de que UPM decida finalmente invertir".

Estos argumentos fueron descartados por Pacheco, quien entendió que "ninguna de las alegadas irregularidades asoma como motivo suficiente para el inicio de una investigación presumarial".

En este sentido, el fiscal agregó en su dictamen que el contrato firmado entre el Gobierno y la empresa finlandesa supone un "contrato preliminar" o una "carta de intención", que se firmó en el marco de la normativa vigente.

Pacheco también echó por tierra el argumento de que el contrato daña a la "soberanía" del país suramericano, ya que explicó que Uruguay no asumió obligaciones en el texto del acuerdo, sino que dejó reflejada la intención de llevar adelante determinadas medidas.

A principios de febrero la Justicia uruguaya resolvió desarchivar la denuncia que habían presentado Salle y Viana luego de que se firmara el contrato en noviembre de 2017.

Los denunciantes apuntaron contra Vázquez y a integrantes de su Ejecutivo que participaron en la ardua negociación para concretar un contrato de inversión con UPM, que llevó 17 meses.

Las negociaciones fueron llevadas con estricto hermetismo, por lo que el documento se divulgó una vez que se firmó el acuerdo. EFE