Morelli explicó en La Mañana de El Espectador que en el caso de la ley 17.514 de violencia intrafamiliar, que según dijo, no solamente tuvo problemas de aprobación parlamentaria e implementación, sino también contradicciones a la hora de aplicarla.

La abogada destacó que en el 2012, 104 organizaciones sociales denunciaron estas prácticas ante la Suprema Corte de Justicia, y este organismo les dio la razón ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (DDHH) presionó a Uruguay por estas falencias que terminaban casi siempre en la muerte de mujeres a manos de sus parejas.

La militante social en DDHH también destacó que falta especialización en el Poder Judicial y en los propios jueces sobre el tema, lo cual determina que la situación no haya cambiado sustancialmente.

En este sentido, manifestó que falta jerarquización y que los temas vinculados a la mujer son considerados de segunda, al tiempo que destacó que los jueces se han negado a capacitarse específicamente sobre estos temas.

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