El Fiscal General, Jorge Díaz, había anunciado a principios de febrero la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad cuyo objetivo, había dicho, era que "el Estado tenga especialización en la materia y una estrategia única en la persecución de este tipo de crímenes".

Finalmente, el 22 de ese mes esa dependencia comenzó a funcionar y su frente fue designado el fiscal Ricardo Perciballe. Su cometido será investigar los hechos ocurridos desde 1968, al implantarse las Medidas Prontas de Seguridad bajo Jorge Pacheco Areco, hasta los últimos días de la dictadura cívico-militar.

A poco más de un mes de su asunción, pidió el procesamiento de cuatro militares por un homicidio ocurrido en 1973, reafirmando la posición de la ex fiscal Ana María Tellechea. 

Su actuación abarcará un universo de 250 causas, de las cuales pudo acceder apenas al 15%, explicó Perciballe este jueves, en la Zona Central de Rompkbzas. 

Del resto, dijo desconocer el estado de situación. Es que,según dijo, se impuso como metodología de trabajo no actuar, en principio, de oficio, sino estar a la espera de lo que envíen los ocho juzgados que tienen bajo su órbita los expedientes. 

Las causas abiertas se distribuyen en tres grupos. El 80% se vinculan a personas ya procesadas, en tanto el resto aplica a condenas firmas o en proceso de ejecución. 

"Las investigaciones están empantanadas", precisó. "Nos pusimos como norte la búsqueda de la verdad" aseguró, para ver si, a partir de allí, se pueden determinar responsabilidades. 

"Las víctimas o sus familiares tienen el derecho inalienable a saber qué les pasó a sus seres queridos", afirmó. 

Perciballe ratificó su postura en cuanto a que este tipo de delitos son imprescriptibles.

El nuevo fiscal dispuso una serie de actuaciones en el predio del Batallón 14 del Ejército a partir de una denuncia sobre "movimientos de tierra anómalos" en ese lugar.

Explicó que es una de las dos únicas causas vinculadas a los Derechos Humanos que se tramita bajo el nuevo Código del Proceso Penal. 

Al respecto, se posicionó fuertemente en contra de la forma que fue implementado el nuevo sistema. 

"Se trata de un cambio cultural, y ese marco debió haberse explicado a la gente mucho más todo lo que esto implica", afirmó. Entre ellos, cambios trascendentales como los referidos a la prisión preventiva o la participación de las víctimas en los procesos. 

"El fiscal de corte desconoció a los operadores e impuso un código sin nuestra participación", relató. 

Perciballe se refirió al caso de Miguel Zuluaga, el jefe de Seguridad de la Selección Uruguaya de Fútbol al que varias organizaciones civiles acusan de haber participado, como funcionario policial, en una serie de interrogatorios violatorios de los derechos humanos durante la última dictadura. 

"El nombre de esta persona no está mencionada en ninguna de las causas en las que he tomado conocimiento", precisó.