Un uruguayo por día pidió un medicamento de alto costo al Ministerio de Salud Pública (MSP) este año. Solo en enero y febrero se realizaron 60 trámites con el objetivo de que el Estado pague por tratamientos que pueden costar hasta US$ 150 mil.

 Sin embargo, no todas las solicitudes son aprobadas y los pacientes tienen que aceptar la decisión o judicializar el caso. En lo que va de este año el MSP aceptó 36 peticiones, se negaron 10 y hay 14 que todavía están a la espera de una respuesta.

 Se trata de un tema muy delicado, que ha enfrentado a profesionales del derecho, médicos y autoridades ministeriales. 

 La polémica resurgió luego que, en un seminario internacional sobre el tema en Punta del Este, el subsecretario de Salud, Jorge Quian, afirmara que existen abogados que "trafican" con su influencia para que los pacientes inicien recursos de amparo a nivel judicial. "Trafican con la angustia y el miedo a morir de las personas con enfermedades terminales", dijo el jerarca. 

 Sus dichos fueron considerados equivocados y ofensivos, por ejemplo, por parte del Colegio de Abogados. El argumento de Quian fue definido como "apocalíptico" y "falaz" por parte del ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Edgardo Ettlin. 

 "No hemos visto que estos costos hubieran influido en los costos del Ministerio de Salud Pública", dijo este jueves, entrevistado en Rompkbzas. "Al lado de los millones que ha perdido el Estado, son una risa". 

 Cifras oficiales indican que en 2017 el MSP destinó US$ 5,3 millones luego de sentencias adversas que lo obligaron a financiar medicamentos de alto costo. 

 Un monto muy escaso si se lo compara con el presupuesto general de la cartera. 

 "No puede haber detrás de esto una industria litigiosa", señaló.