Reyes dijo a La Mañana de El Espectador que la modificación impulsada por el Poder Ejecutivo tiene una incompatibilidad con el artículo 27 de la Constitución, en referencia a la libertad condicional en los delitos que tiene un mínimo de penitenciaría, aunque opinó que es "un problema de interpretación".

La Asociación de Magistrados del Uruguay junto al Instituto de Estudios Legales y Sociales, la Asociación de Defensores Públicos y el Colectivo de Pensamiento Penal cuestionaron el proyecto del Poder Ejecutivo para reformar el nuevo Código del Proceso Penal por considerar que busca "alterar la estructura normativa garantista y de derechos humanos consolidada con el Código del Proceso Penal", además de "instaurar un régimen inconstitucional e inconvencional".

Por otro lado, el magistrado descartó que exista una derogación de los delitos vinculados al lavado de activos a partir de la entrada en vigencia de la ley integral a principios de 2018. A pesar de la controversia jurídica generada Reyes aclaró que "la conducta ilícita se rige por la ley vigente al momento del acto".

Reyes redactó la sentencia del Tribunal de Apelaciones de 1er. Turno que rechazó un recurso interpuesto por el abogado Gustavo Salle que pretendía la extinción de los delitos de lavado de activos.

La sala compuesta por Reyes, Graciela Gatti y Sergio Torres, sostiene que la norma recurrida "es una ley que constituye un compendio o codificación de todo lo vinculado con el Lavado; es decir, una ley sancionada para actualizar y sistematizar su regulación y profundizar su combate".

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