El informe abarca el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2017, y fue entregado a la Asamblea General en el plazo establecido por el artículo 68 de la Ley No 18.446, de 24 de diciembre de 2008.

El documento consigna que hubo 649 intervenciones de la institución durante 2017, de las cuales el 68% fueron asesoramientos y consultas vinculadas a la protección y defensa de los derechos humanos, mientras que el 32% restante estuvieron vinculadas con la vulneración de derechos. 

La presidenta de la institución, Mariana Mota, dijo que el año pasado aumentó la cantidad de denuncias recibidas y consideró que el organismo debe ser tomado por la población con una "herramienta de protección y defensa" de sus derechos. 

Escuche el informe de Mónica Lorenzo: