"Todos los nicaragüenses queremos la solución pacífica a la trágica crisis que sufrimos, y el presidente Daniel Ortega, al adelantar constitucionalmente las elecciones presidenciales para el año entrante, dice sí a la paz", escribió el general en retiro, a su hermano, en una carta pública.

Las elecciones presidenciales están programadas para fines de 2021, sin embargo diversos sectores, desde la Conferencia Episcopal de Nicaragua hasta la Organización de Estados Americanos, han solicitado al presidente adelantar las elecciones a marzo de 2019 para solucionar la crisis, ante lo cual se ha negado a dar respuesta.

Según el hermano del presidente, con un nuevo Gobierno Nicaragua "se va a recuperar aceleradamente, reimpulsando la economía pequeña, mediana y grande, la inversión externa y el turismo".

A inicios de año el Banco Central de Nicaragua (BCN) calculó un crecimiento económico del 4,5 por ciento, una previsión que pasó al 1 por ciento en junio pasado, luego de dos meses y medios de crisis.

Asimismo, el general en retiro recomendó a los manifestantes levantar los tranques (bloqueos de carreteras), para permitir la libre circulación, a la vez que solicitó al presidente que "ordene a lo inmediato disponer todo el poder de orden del Estado y Gobierno, para desactivar las fuerzas parapoliciales y cualquier otra ilegal".

En la carta, su hermano señala la existencia de "civiles armados, encapuchados parapoliciales que disparan a mansalva y ejercen controles sólo permitidos por la ley a las autoridades policiales o militares, situación agravada por la delincuencia común, aprovechando que la Policía está acuartelada".

A pesar de su parentesco, los hermanos Ortega no siempre han tenido buenas relaciones, aunque en los últimos años mostraron un respeto mutuo conveniente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de Ortega de violaciones a los derechos humanos.

Dichas violaciones incluyen "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", según la CIDH, lo que ha sido rechazado por el Gobierno de Nicaragua.

Desde el 18 de abril pasado Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, cuando Humberto era el jefe de las Fuerzas Armadas, también bajo el Gobierno de Daniel.

Las protestas contra Ortega y su esposa, Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. 

EFE