En su discurso final el pasado martes ante la Audiencia Territorial de Múnich (sur de Alemania), la principal acusada aseguró que la ideología ultraderechista ya "no significa nada" para ella y afirmó que ni deseó ni participó en los asesinatos, de los que culpa a sus dos compañeros, Uwe Böhnhardt y Uwe Mundlos.

La mujer, de 43 años, es considerada la única superviviente de la NSU, cuya existencia salió a relucir en noviembre de 2011 a raíz de la muerte de Böhnhardt y Mundlos, que se suicidaron en una furgoneta al verse acorralados por la policía tras cometer un atraco fallido.

Zschäpe se entregó dos días después de hacer saltar por los aires la casa que compartía con Bönhardt y Mundlos en Zwickau (este del país), donde la Policía se incautó de abundantes pruebas inculpatorias.

El martes pasado fue la segunda vez que Zschäpe tomaba la palabra en las 437 vistas desde que comenzara el proceso, el 6 de mayo de 2013, para volver a desmarcarse de la ultraderecha, como ya hizo en diciembre de 2015.

La presunta terrorista rompía entonces dos años y medio de silencio, en los que había mantenido una actitud desafiante, para pedir perdón y negar cualquier relación con los asesinatos de nueve pequeños comerciantes -ocho turcos y un griego- y de una policía, cometidos en distintos puntos del país entre 2000 y 2007.

Según dijo entonces, su dependencia emocional de Böhnhardt y Mundlos le impidió denunciarlos o desvincularse de ellos.

Los cinco años y medio de juicio estuvieron marcados por las interrupciones, el rechazo mutuo entre la principal acusada y sus defensores de oficio y la aparición de una víctima falsa.

A ello se sumó un bochornoso incidente que llevó a la reapertura de varios casos de niños asesinados nunca aclarados, después de que en restos de la ropa que vestía una menor muerta quince años antes aparecieran rastros de ADN de Böhnhardt, resultado, como se determinó después, de una contaminación de las pruebas.

Este proceso, en el que se sientan en el banquillo Zschäpe y otros cuatro acusados de complicidad con la NSU, constituye a la vez una suerte de juicio contra la inoperancia, la lasitud e incluso el encubrimiento de las fuerzas de seguridad frente a la ultraderecha.

La cadena de flagrantes errores que permitió a la célula actuar durante trece años con total impunidad a pesar de no ser absolutos desconocidos para la policía y la destrucción deliberada de actas policiales relacionadas con el grupo ya con Zschäpe en la cárcel llevaron a varias dimisiones y a una reestructuración en los servicios de inteligencia.

Durante todos estos años, los cuerpos de seguridad no investigaron nunca una posible trama neonazi y atribuyeron los asesinatos a ajustes de cuentas entre inmigrantes.

La prensa llegó a acuñar el término de "asesinatos del döner", en referencia a los establecimiento de comida rápida que venden esta especialidad y que están regentados normalmente por ciudadanos de origen turco, para referirse a los nueve ataques mortales antes de que se conociera a los autores de lo mismos.

"Asesinatos del döner" fue elegido "palabro" del año 2011 en Alemania por un jurado de lingüistas de la Universidad Técnica de Darmstad, tras conocerse que las acciones habían sido cometidas por una célula terrorista neonazi.

El jurado de expertos destacó que la expresión minimiza la cadena de crímenes y supone "etiquetarla de manera objetivamente inadecuada, folclórica y estereotipada".

La Fiscalía estima que entre 1998 y 2011 la NSU llevó a cabo diez asesinatos, tres atentados con bomba que dejaron 32 heridos y quince atracos a bancos para financiarse.

Pide cadena perpetua para Zschäpe, a la que considera coautora de estos delitos.

En tanto, los dos equipos defensores sostienen la inocencia de su clienta en los que respecta a los asesinatos y atentados.

Para el juicio se habían previsto inicialmente 80 vistas, hasta enero de 2014.

El pliego de la acusación está contenido en 488 páginas y las actas procesales suman mil carpetas, con unas 500.000 páginas.

Durante estos más de cinco años y medio de juicio se convocó a 540 testigos, se realizaron 263 solicitudes de recibimiento a prueba y la acusación particular, con 58 abogados, representó a 91 demandantes.