En una reunión que tuvo lugar a principios de junio en la Torre Ejecutiva, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, le garantizó a una una delegación de la Intersocial Feminista a que la Ley Integral sobre Violencia de Género "está vigente y se aplicará", pero eludió asumir un compromiso concreto en cuanto a los recursos que se asignarían para cumplir con la normativa.

Una normativa que, cuando fue aprobada el año pasado, no previó ninguna asignación presupuestal para su aplicación efectiva.

Finalmente, lo previsto por el Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas para este cometido llama, por lo menos, a la sorpresa.

Apenas 80 millones de pesos, destinados principalmente a la compra de tobilleras, el "fortalecimiento" de la atención a las víctimas en el interior del país y un programa un tanto vago de garantías de alquiler.

La previsión oficial quedó muy lejos de los casi 1000 millones de pesos que pide, por ejemplo, el Poder Judicial para su adaptación al efectivo cumplimiento de la normativa. También de los 300 millones solicitados por la Fiscalía.

Una diferencia abismal, que hizo que desde ciertos actores políticos se haya planteado en las últimas horas la necesidad de postergar la aplicación de la ley.

¿Cómo se ve la Intersocial Feminista este "quiebre" entre lo que se votó el año pasado, lo que prometió el gobierno y los recursos que, efectivamente, le destinará?

"Para nosotros hay dos nudos en la aplicación de la ley" dijo una de sus integrantes, Soledad González, entrevistada en Rompkbzas.

Uno, explicó, es el despliegue en todo el territorio nacional para antender los casos de violencia de género. El otro, es el acceso a la Justicia.

"Salvarle la vida la mujeres sale plata, voluntad política y dinero", sostuvo. "Sin presupuesto, es puro cuento".

González afirmó que existe un gran abismo entre la atención que brinda el Estado y la realidad. Recordó que en la Rendición de Cuentas se habla de 3300 casos atendidos al año, aunque la organización dice tener datos de 44 mil denuncias anuales.

Se entiende que, como mínimo,debe haber servicios especializados durante las 24 horas ya que "no puede ser que la atención sea de lunes a viernes".

González apuntó a la poca importancia que le sistema político le adjudica al tema. Ni siquiera, alertó, es utilizado por la oposición para atacar al oficialismo.

Dijo ver además actitudes contradictorias en el Poder Judicial en toro a este asunto. La corporación, recordó, cerró en marzo su área de género. Ahora reclama más presupuesto, pero aclara que sin recursos no aplicarán la ley.

González advirtió al respecto de un grave problema institucional, preguntándose que pasaría si un poder del Estado se niega a aplicar una ley votada por otro.