Según el comunicado, el reclamo de los internos se produjo a raíz de las restricciones "al ingreso de alimentos por parte de los familiares". 

La medida se adoptó en virtud de "eliminar todo riesgo en el ingreso de materiales prohibidos que afecten el normal funcionamiento del establecimiento". 

Las autoridades del centro penitenciario han recibido de parte de los internos plegados a la medida una serie de pedidos de compra de alimentos, que ya se expenden en el establecimiento. 

La cárcel de Punta de Rieles funciona bajo un modelo de participación público privada (PPP) en el que la alimentación y el mantenimiento edilicio corresponde a la empresa concesionaria, mientras que el Estado se encarga de la seguridad, los programas de rehabilitación y la atención sanitaria de los internos. 

A su vez, se pretende aplicar un modelo de privación de libertad donde "el cumplimiento de actividades laborales, culturales y educativas" es la regla y el encierro es la excepción. 

Las tres comidas diarias que reciben los reclusos son monitoreadas por nutricionistas, mientras que el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha elaborado informes favorables a la dieta que reciben los presos. EFE