"La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio."

Así comienza el contrato al que todos los ciudadanos de este país adhieren automáticamente cuando nacen  dentro de los límites geográficos de este país.

Es el primer artículo del convenio colectivo que regula las relaciones, los derechos y obligaciones entre los ciudadanos y el Estado, y entre este y aquellos  como portador de la soberanía.

La Jura de la Primera Constitución, recordada la semana pasada, abre una reflexión  ¿quiénes somos estos habitantes que compartimos el territorio?, ¿qué nos diferencia de otros en el mundo?, ¿cómo vivimos? Y, sobre todo,  ¿quiénes somos estos que la Constitución comprende?

Una reflexión que disparó Techo Uruguay, una de las organizaciones que, además, está involucrada en uno de los debates que centra la agenda política por estas horas: la nueva ley de Voluntariado.

"Lo que buscamos era, en el marco de una fecha tan importante, poner en escena poblaciones y territorios en los que trabajamos, altamente vulnerados en sus derechos", afirmó su directora ejecutiva, Belén González.

Desde 2015, el colectivo viene relevamiento información en los asentamientos del país a través de su red de voluntarios.

De allí surgieron algunos datos, importantes para poner el tema en perspectiva.

El 40% de sus habitantes vive en condiciones de hacinamiento medias o críticas.  El 8,5% de las viviendas tiene piso de tierra. El 48% no cuenta con conexión regular a la energía eléctrica.

Hasta el momento, se llevan relevados unos 22 asentamientos de Montevideo, que alcanza hasta ahora a su vez a la mitad de los que existen a nivel nacional.

González aportó un dato revelador. En las zonas ya relevadas, el 49% de los habitantes de estos asentamientos tiene menos de 19 años. A su vez, el 74% son menores de 34 años de edad.

Según sostuvo, el 23% está buscando trabajo. "Es evidente que hay que generar oportunidades", dijo.

El relevamiento, sostuvo, persigue el objetivo de generar herramientas para hacer llegar a estas personas los derechos consagrados en la Constitución. "Pese al avance económico, siguen estando relegadas", afirmó. "Hay gente que nos está quedado atrás".

El último censo oficial, efectuado en 2011, indicó que unos 165 mil uruguayos vivían en 320 asentamientos informales en todo el país.

El trabajo de Techo, efectuado a partir de voluntarios, estará terminado en octubre y pretende actualizar esas cifras.