El Gobierno concentró este sábado a miles de personas, a la misma hora en que otros miles marchaban en solidaridad con los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadores y testigos del diálogo con el que se espera superar la crisis.

Los sandinistas, en su mayoría empleados públicos y de la Policía Nacional, marcharon desde las afueras de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) hasta la Rotonda Hugo Chávez, en Managua, en un recorrido de unos 5 kilómetros, con consignas a favor del mandatario.

También cantando y bailando una canción estilo cumbia, titulada "El comandante se queda", cuya letra inicia con "¡Aunque te duela! ¡Aunque te duela! el comandante aquí se queda. Daniel, Daniel, el pueblo está con él", que el sandinismo y la Policía usan como símbolo de las manifestaciones a favor del mandatario.

"Estoy aquí para apoyar al comandante, el único presidente que ha sabido sacar adelante el país y eliminar la corrupción", dijo a Efe Carlos Daniel Gámez, uno de los participantes en la marcha.

"Los golpistas asesinos quieren acabar con Nicaragua, pero no lo vamos a permitir", agregó.

El Gobierno convocó a esa caminata para exigir justicia para las víctimas que ha dejado la crisis que atraviesa el país desde hace más de tres meses, las que, según la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, han sido provocado por los opositores para culpar a Ortega.

Martha Acosta, otra de las manifestantes oficialistas, expresó a Efe su respaldo al mandatario y al "proceso revolucionario, que intentó ser destruido por grupos terroristas financiados por la derecha nicaragüense".

En la otra acera, miles de personas, en su mayoría católicos, marcharon en solidaridad con los obispos nicaragüenses, que fueron tildados de "golpistas" por el mandatario.

Durante la denominada "Peregrinación por nuestros obispos, defensores de la verdad y la justicia", los manifestantes ondearon la bandera de Nicaragua y la de la Iglesia Católica y además exigieron justicia por los muertos (entre 295 y 448) que han dejado las protestas antigubernamentales.

A esa manifestación se sumó un grupo de médicos que se solidarizó con los obispos y con la destitución de unos 40 galenos estatales por haber atendido a personas que protestaban contra el Gobierno en el noroeste de Nicaragua.

Entre otros, los nicaragüenses gritaron vivas a los obispos ante lo que consideran campaña de desprestigio emprendida por el Gobierno en contra de la Iglesia Católica, que ha incluido profanación de parroquias y agresiones verbales y físicas.

Ortega ha arremetido contra los obispos nicaragüenses, que ya han sido objeto de ataques físicos por parte de grupos oficialistas, y los ha llamado "golpistas" por haber planteado el adelanto a marzo de 2019 de las elecciones previstas en el 2021 en Nicaragua.

"Obispos, amigos, el pueblo está contigo", gritó un grupo de manifestantes, mientras el vicario general de la diócesis de Managua, Carlos Avilés, agradecía a la muchedumbre.

El sacerdote hizo un llamado a los manifestantes a no dejarse tentar por la violencia, y a conservar "las actitudes propias del cristiano, como es ser un pacifista radical, como Jesucristo, que estuvo dispuesto a poner la otra mejilla, a orar por los que lo persiguen, y a bendecir a los que lo maldicen".

Asimismo, el religioso dijo que sus templos siempre van a estar abiertos "para todo el que tenga necesidad" y que siempre apostarán por el diálogo para encontrar salida a la crisis "con uso de razón, y no con uso de violencia".

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también bajo la Presidencia de Ortega.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.

Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.