"Hemos tenido reuniones con autoridades, incluido el canciller (Rodolfo Nin Novoa), al que no solo le hemos hecho una presentación del informe (de AI sobre Nicaragua) sino un pedido de que el Gobierno uruguayo continúe no solo con su posicionamiento contundente frente a la situación de violación de derechos humanos en Nicaragua sino que, además, pueda continuar con un liderazgo sostenido para activar diferentes mecanismos tanto de la OEA como de otros mecanismos internacionales", indicó Guevara-Rosas.

La activista dijo que Nin respondió con la afirmación del "compromiso que tiene el Gobierno uruguayo de continuar generando presión política para que se pueda ir fortaleciendo el proceso de diálogo en Nicaragua, que verdaderamente se busque soluciones pacíficas".

Añadió que Uruguay "ha estado bastante activo en el seno de la OEA (Organización de los Estados Americanos), ha apoyado un par de declaraciones que han emitido en lo colectivo varios países denunciando la situación y pidiendo un fortalecimiento del diálogo" en Nicaragua.

Además de Guevara- Rosas, la delegación de AI en Uruguay incluye a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, y a Graciela Martínez, representante del Movimiento de Madres de Abril, que reúne a familiares de víctimas de la violencia en Nicaragua.

La ONG también se reunió en el país con la Institución Nacional de Derechos Humanos por la "legitimidad que tiene para seguir manteniendo un monitoreo del posicionamiento uruguayo" sobre Nicaragua, añadió.

Nicaragua vive una grave crisis desde el 18 de abril pasado, cuando comenzó una ola de protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que derivó en duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

AMNISTÍA EN EL PARLAMENTO

Este miércoles de tarde, AI presentará su informe "Disparar a matar. Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua" en el parlamento uruguayo que fuera publicado el 29 de mayo en Nicaragua.

Guevara-Rosas sostuvo que "la idea fundamental no es solo buscar la solidaridad de la sociedad uruguaya, sino también generar mecanismos bilaterales, incluido el parlamento, para poder ir resolviendo esta grave crisis".

AI culminó el martes una misión de 10 días donde recopiló datos para actualizar la información del primer trabajo.

En el parlamento uruguayo, van "a dar una actualización de nuestro informe porque ya resulta un poco obsoleto porque cuando lo presentamos en Nicaragua estábamos hablando de 104 muertos y hoy ha superado la cifra de 300 personas que han perdido la vida en este contexto", aseguró la directora de AI para las Américas.

Sin embargo, las cifras sobre fallecidos varían dependiendo de la fuente.

La no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos informó el 26 de julio que 448 personas fallecieron en el país desde que comenzaron las protestas.

Por otra parte, el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, informó el 24 de julio, a través de la red social Twitter, que 295 personas fallecieron desde abril por los enfrentamientos entre los manifestantes, la policía y grupos oficialistas.

Sin embargo, el presidente de Nicaragua negó esas cifras y dijo esta semana a la cadena de noticias CNN que en su país murieron 195 personas desde abril pasado.

Al respecto, Guevara-Rosas dijo que Ortega ha iniciado en los últimos días "una estrategia mediática con medios de comunicación internacionales, dando entrevistas a Fox News, CNN o Euronews con declaraciones contradictorias, por un lado a Euronews le decía que había 54 muertos y en CNN le dijo 195, pero ya es muy difícil que pueda negar una realidad que ha cruzado las fronteras por la magnitud porque se conoce con evidencia la violación a los derechos humanos".

El Gobierno atribuye el derramamiento de sangre en su país a sectores violentos de la oposición que intentan ejecutar un "golpe blando" en su contra, mientras los detractores de Ortega afirman que se debe a la represión de fuerzas oficialistas.

Guevara-Rosas afirmó que "es muy preocupante" que el Gobierno "siga con el discurso de negación porque negligentemente al negar la crisis tampoco se están atendiendo las causas de raíz que es precisamente un descontento social generalizado que le está demandando al Gobierno de Ortega Justicia y una serie de peticiones en materia de derechos humanos".

La solución a la crisis en Nicaragua, según Guevara-Rosas, se tiene que buscar a través del diálogo y la Justicia.

Ortega dijo a CNN que prevé "incluir a otros actores en el diálogo para fortalecer lo que viene haciendo la iglesia", sin precisar de quiénes se trata.

El diálogo nacional entre representantes del Gobierno y de la Alianza Cívica, opositores a la administración de Ortega, comenzó el 16 de mayo pasado, pero fue suspendido poco después por la Comisión de Mediación y Testigo de la Conferencia Episcopal, mediadora en esta instancia, por falta de consenso entre las partes.

Sin embargo, el diálogo fue retomado el 15 de junio pasado luego de que la Conferencia Episcopal recibiera una respuesta del Gobierno a la propuesta de democratización que le había hecho. (Sputnik)