Varias decenas de representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) se congregaron frente al Palacio de Tribunales para mostrar su rechazo a una decisión judicial que, denuncian, favorece la impunidad. 

"La Corte Suprema chilena, igual como hacía durante los años de la dictadura cívico-militar, ha vuelto a fijar una posición política que la pone del lado de la impunidad", dijo a los periodistas Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD. 

Los manifestantes portaban pancartas y fotografías de sus familiares desaparecidos y asesinados durante la dictadura (1973-1990) y entonaron consignas contra el magistrado Hugo Dolmestch, uno de los integrantes de la II Sala Penal del máximo tribunal chileno, que ha otorgado la libertad condicional en seis de los siete casos. 

La Corte Suprema ordenó ayer la excarcelación de cinco exagentes de Pinochet, que podrán cumplir sus condenas en libertad provisional, y este miércoles informó que otros dos antiguos represores han obtenido el mismo beneficio. 

Lorena Pizarro calificó las resoluciones del tribunal como una "desvergüenza" y aseguró que las excarcelaciones contradicen el Derecho Internacional Humanitario e incumplen tratados internacionales suscritos por el Estado chileno. 

La dirigente de la AFDD consideró que la Corte Suprema ha emitido una "señal política" para demostrar que está en sintonía con el Gobierno del presidente Sebastián Piñera. 

"Llegó la derecha, ese misma derecha que violó los derechos humanos el año 1973 y durante 17 años; ahí están, y están devolviendo los favores a la mal llamada familia militar, sostuvo. 

Pizarro apuntó sus dardos hacia el ministro de Justicia, Hernán Larraín, un férreo defensor del régimen de Pinochet al que acusó de haber defendido en el pasado la Colonia Dignidad, un enclave alemán en el sur de Chile que sirvió como centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura. 

Los familiares de las víctimas señalaron que denunciarán los hechos en "instancias internacionales", aunque subrayaron que los primeros pasos deben darse en Chile. 

"Necesitamos que esto se detenga ahora, y para eso demandamos del Poder Legislativo, de la oposición en el Parlamento, que legisle ya dos iniciativas que van a detener esto. Si no lo hacen, no vengan a hablar de derechos humanos, van a ser parte de que el día de mañana en Chile volvamos a tener una dictadura", manifestó Pizarro.

Los beneficiados con el fallo del martes son Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga, condenados por torturas, secuestros y homicidios en diversos juicios por crímenes de lesa humanidad. 

Este miércoles, la Corte Suprema ordenó la excarcelación de Emilio de la Mahotiere, condenado como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte, y de Moisés Retamal Bustos, condenado a seis años de cárcel por el secuestro calificado (desaparición) de tres ciudadanos uruguayos en 1973. EFE