"Esto es un proceso que lleva su tiempo. Estamos confiados en la defensa de lo que ha hecho el Uruguay, así que hay que tomarlo con mucha calma y tranquilidad", manifestó este miércoles a la prensa el el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García.

En 2011, durante el Gobierno de José Mujica, la compañía presentó un millonario proyecto para abrir una mina a cielo abierto en el país, que incluía la construcción de un complejo minero de 6.210 hectáreas en los departamentos de Durazno y Florida y un mineroducto de 212 kilómetros de largo a través de ambas localidades, además de Lavalleja, Treinta y Tres y Rocha.

En este último lugar, también estaba prevista la instalación de una terminal portuaria en el océano Atlántico para exportar 18 millones de toneladas de hierro al año.

Sin embargo, la promulgación de una ley para regular la actividad minera de gran porte en el territorio nacional el 11 de septiembre de 2013, fue considerada por la empresa india como un "cambio en las reglas del juego".

En líneas generales, el texto legal estableció la creación del Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión y dispuso los ámbitos de aplicación, la titularidad, el plan de cierre, la constitución de garantía de cumplimiento, el régimen tributario especial y los ingresos que debe obtener el Estado en relación con la explotación de minería de gran porte.

En ese sentido, García señaló que "siempre es importante que un país tenga reglas de juego".

"(La ley) tiene que ver con la mirada a largo plazo que teníamos. La minería es un recurso en potencia en Uruguay y en algún momento el país lo va a tener que explotar, así como también puede haber otros recursos en los cuales se ha venido avanzando en investigación en los últimos años que tienen que ver con petróleo o gas. Por lo tanto, creo que está bien que un país regule sus recursos", agregó.

El presidente Tabaré Vázquez, confirmó a Radio Sarandí que en julio de 2017 Aratirí ya había inscrito una denuncia ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) y que el pasado 3 de julio la compañía presentó una demanda internacional por daños y perjuicios contra Uruguaypor 3.536 millones de dólares.

El caso, según Vázquez, se comenzará a tratar en Washington, por lo que el próximo domingo partirá desde Montevideo a la capital estadounidense una delegación conformada por expertos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama); por el titular de la Dirección Nacional de Minería y Geología, Néstor Campal; el exministro de Industria, Energía y Minería Roberto Kreimerman; y el secretario de la Presidencia, Miguel Toma; además de dos abogados.

Allí, el grupo se reunirá con Paul Reichler, miembro del estudio Foley Koag, responsable de la defensa de Uruguay en distintos casos, entre ellos el triunfo jurídico ante la tabacalera Phillip Morris.

"Estamos convencidos que así como antes ganamos litigios internacionales, volveremos a triunfar porque el país hace años que viene trabajando y blindándose para enfrentar esta instancia", afirmó el mandatario a Sarandí y agregó que el juicio final tendrá lugar a mediados de diciembre en París. EFE