A pie, en motocicletas y en vehículos, miles de simpatizantes del Gobierno, entre ellos, empleados públicos y miembros de la Policía Nacional, marcharon en un recorrido de unos cuatro kilómetros por diferentes puntos de la ciudad como las rotondas Hugo Chávez o Rubén Darío.

Durante esa caminata, convocada por el Gobierno para exigir justicia para las víctimas que ha dejado la crisis que atraviesa el país desde hace casi cuatro meses, los sandinistas expresaron su respaldo a Ortega.

"Todos sabemos quiénes son los terroristas, los golpistas, los asesinos, los criminales, los torturadores, los secuestradores, los pirómanos que les pegaban fuego a las instituciones y a las viviendas, todos sabemos quiénes son", dijo en la víspera la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo.

Hoy los simpatizantes del Gobierno repetían esas consignas en esa caminata en la que además portaron las banderas roja y negra del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la de Nicaragua.

Además, pancartas con mensajes como "Son 197 (...) ellos los mataron" y exigiendo justicia para las víctimas.

En paralelo, se realizaba una marcha por la libertad de los "reos políticos" en el marco de las protestas en la capital de Nicaragua.

Los autoconvocados creen que al menos 135 personas están como "reos políticos", tras haber sido "secuestradas" por las "fuerzas combinadas" del Gobierno, compuestas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos afines al Gobierno, que las capturan sin orden judicial ni delitos comprobados

El Gobierno, a través de la vicepresidenta Murillo, dijo el 20 de julio pasado que los opositores se mataron entre sí, en el marco de las protestas antigubernamentales que comenzaron el pasado 18 de abril, para responsabilizar al presidente Ortega.

Murillo dijo que después de más de tres meses de iniciada la crisis, "la culpa sobre esos muertos recae sobre el golpismo terrorista y criminal en Nicaragua", como califica a los detractores al Gobierno.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló al Estado como el "único responsable" de la violencia en Nicaragua, porque ha usado a sus fuerzas de seguridad para "reprimir, matar, provocar lesiones y detenciones arbitrarias", según su secretario ejecutivo, Paulo Abrão.

También la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y organismos humanitarios locales han responsabilizado al Gobierno de Ortega de las graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la actual crisis.

Las violaciones incluyen "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", según la CIDH, lo que ha sido rechazado por el Gobierno nicaragüense.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, que se ha cobrado la vida de entre 317 y 448 personas. El Gobierno solo reconoce 197 fallecidos.

Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.