"No cedamos; no después de que el PSD (el gubernamental Partido Socialdemócrata) haya utilizado el aparato de represión contra sus propios ciudadanos", anunciaron esas asociaciones en Facebook, en alusión a los más de 450 heridos, 30 de ellos agentes, que dejó la intervención policial del pasado viernes.

En esa protesta, unas 110.000 personas se reunieron ante la sede del Gobierno para denunciar la corrupción, las malas condiciones de vida y reclamar la dimisión de la cúpula del PSD y del Gobierno.

En la noche del sábado, la página web del PSD fue pirateada y se colgó un mensaje que preguntaba: "¿Por qué Rumanía debe ser dirigida por delincuentes?".

El PSD ha reaccionado ante estas protestas acusando a la oposición conservadora de estar detrás de ellas y de promover un golpe de Estado.

El líder del PSD y presidente del Congreso de Diputados, Liviu Dragnea, acusó a presidente de Rumanía, el conservador Klaus Iohannis, de "patrocinar políticamente la violencia y las manifestaciones extremistas", después de que éste criticará la actuación policial y al PSD.

"Es inaceptable que grupos organizados, apoyados por la oposición y por el propio presidente del país, ataquen el orden constitucional", denunció Dragnea, verdadero hombre fuerte del Gobierno, pero que no puede ser investido primer ministro por una condena por corrupción.

El presidente del país criticó ayer la "brutal manera de proceder" de la Policía contra los manifestantes y acusó al PSD de llevar al país hacia el caos.

Cristian Birdac, un asesor del Gobierno con rango de secretario de Estado, llegó a decir hoy en un mensaje en la red social Facebook que los manifestantes "deberían haber sido ametrallados".

También el diputado del PSD Catalin Radulescu advirtió a los manifestantes de que el Gobierno puede reunir a un millón de simpatizantes para "aplastar" a los que protestan.

"Queréis cambiar el orden constitucional mediante sangre, fuego y violencia", denunció Radulescu.

Alrededor de 50.000 ciudadanos se manifestaron ayer contra el Gobierno, encabezado por la socialdemócrata Viorica Dancila, a la que acusan de corrupción y de intentar socavar la independencia de la Justicia.

El Gobierno de coalición, liderado por los socialdemócratas, ha tomado en los últimos años varias polémicas medidas, que según sus críticos dificultan la lucha contra la corrupción y que han provocado distintas oleadas de protestas populares.

En febrero de 2017 se produjo la mayor ola de manifestaciones desde la caída del comunismo en 1989 por el intento del Gobierno de despenalizar ciertos delitos de corrupción.