El mismo día que aprobó el TLC con Chile el plenario del Frente Amplio encomendó a la Mesa Política Nacional un nuevo debate sobre ese punto que divide a la coalición de izquierda.

Hoy, el uruguayo que quiere patentar en el exterior tiene un plazo de 12 meses para hacerlo, pero los defensores del tratado destacan que si este tratado fuese implementado tendría 18 meses más para hacerlo.

La senadora y secretaria general del Partido Socialista Mónica Xavier sostuvo que este es un sistema de presentación y no de concepción de patentes, y agregó que resultaría un avance para nuestra comunidad académica, por lo cual es favorable a su aprobación.

Por su parte Gustavo Buquet, asesor del sector Casa Grande, manifestó que en Uruguay se registran alrededor de 700 patentes por año de las cuales 17 resultan ser uruguayas mientras que las 683 restantes son de laboratorios multinacionales y relativizó el impacto positivo del tratado.

Uno de los aspectos que se podrían ver más afectados es el de los medicamentos, no sólo por el registro de las patentes sino además por el impacto que podría provocar en su precio a los consumidores.

Es que los laboratorios extranjeros tienen total libertad a la hora de fijar el precio final de los medicamentos. Según dijo el ministro de Salud Pública Jorge Basso, en el Foro de la Industria Farmacéutica, el gobierno uruguayo procura contar a la brevedad con una autoridad regulatoria de medicamentos, que cumpla con las condiciones exigidas por la Organización Panamericana de la Salud.

Ya se registran casos en los que existe una diferencia enorme entre el precio del mismo medicamento en Uruguay y en otros países de la región. Uno de esos casos es el fármaco de origen alemán llamado Imurán, que es importado por el laboratorio británico Glaxosmithkline.

En Uruguay, este medicamento es vendido a $22.600, mientras que en Brasil, Argentina o Paraguay su precio ronda entre los $2.500 y $3.500. Esta situación fue consultada al laboratorio el cual no quisieron dar declaraciones.

Mientras en los países de la región hay organismos que se encargan de regular los precios de los medicamentos, desde 1990, Uruguay no cuenta con ningún organismo encargado  de regular eso. En su momento lo hizo la Dirección Nacional de Costos, Precios e Ingresos, más conocida como DINACOPRIN, pero hoy no existe nada que lo suplante.

El presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales, Alfredo Antía, recordó la función que este organismo supo cumplir.

Al respecto, La Mañana de El Espectador consultó sobre la razón de esta diferencia a la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines (CEFA), que nuclea a los laboratorios internacionales que están instalados en Uruguay, la cual respondió que la diferencia de precio posiblemente "esté dada por las particularidades del mercado uruguayo donde la presencia del Fondo Nacional de Recursos y del mutualismo determina que aquellos productos que figuran en las listas con precios significativamente altos no son despachados por las farmacias comunitarias".

Hoy, lo único que existe en Uruguay es la Ley de Patentes, un sistema legal de protección de la propiedad intelectual que quedó reforzado en el año 1999 tras su aprobación.

Según dijo reiteradas veces el subsecretario del Ministerio de Salud, Jorge Quian, la industria farmacéutica es la industria más poderosa del mundo, más que la industria del petróleo y de las armas.

Quian agregó que la Ley de Patentes permite que los laboratorios se aseguren, por un lapso que ronda entre 10 y 20 años a partir de la fecha de solicitud, la libertad de fijar el precio que ellos consideren y el derecho de comercialización exclusiva.

Según el artículo 125 de esta ley (17.164), esto puede ser aplicado siempre y cuando los productos "no se encuentren comercializados en el país o en el extranjero ni hayan sido realizados por terceros".

Una vez cumplidos esos 20 años de patente el medicamento se convierte en genérico y, por lo tanto, la competencia está habilitada a comercializar productos similares.

El presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales, Alfredo Antía, contó que este tiempo parece no ser suficiente para las empresas multinacionales.

Según Antía esto es un problema para Uruguay, para los países vecinos y para los países ricos que deben enfrentar problemas sanitarios serios y perjudican a su población.

Además añadió que mediante esta negociación los países europeos buscan defender a sus empresas que invierten en innovación, y piden que el tiempo que demora la autoridad sanitaria de los países del Mercosur, en extender el certificado de registro sea agregado al final de la vida de la patente para que la protección sea efectiva durante ese período.

Sin embargo, Alfredo Antía sostuvo que los países no están dispuestos a ceder ante ese pedido.

En Uruguay el juicio es una de las pocas formas que permite que los pacientes puedan acceder al medicamento que tiene un alto precio y podría salvar o mejorar la calidad de vida del paciente.

Según un informe realizado en 2017 por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República el Consultorio Jurídico a cargo del abogado Juan Ceretta recibió 180 consultas por acceso a prestaciones de salud.

Hoy, la inexistencia de una autoridad reguladora que se encargue de controlar el precio final de los medicamentos permite que los laboratorios tengan libertad de fijar un precio que no representa el costo real de su fabricación. Esto queda en evidencia cuando el mismo medicamento es vendido a precios completamente diferentes en los diversos países de la región.

Escuche el informe completo de Valentina Villano: