El texto, impulsado por el oficialismo y que ha generado el rechazo de la oposición, establece un tope salarial para las jubilaciones, la modificación en las edades de retiros voluntarios y obligatorios y la supresión de algunos beneficios a los militares. 

El senador Marcos Otheguy, del Frente Amplio, calificó la aprobación en la comisión legislativa un como un "paso muy importante" y recordó que esta reforma era un "compromiso programático" del Gobierno para este período, ya que supone un "componente estructural de déficit del Uruguay". 

Añadió que el FA también ya alcanzó un acuerdo para aprobar la reforma en ambas cámaras del Parlamento, aunque la oposición no votará el proyecto. 

Según Otheguy, financiar este servicio cuesta al Estado uruguayo alrededor de 500 millones de dólares y era el único sistema previsional no revisado en los últimos años en el país. 

Con la reforma, de acuerdo con el senador oficialista, se eliminan una serie de privilegios del retiro militar y se modifican los montos y la edad con la cual se jubilaban los miembros de las Fuerzas Armadas. 

En concreto, la tasa de aportación patronal se elevará del 15 % al 19,5 %, a fin de que guarde consonancia con la vigente para el resto de la Administración Central y la tasa de aportes personales de los miembros activos subirá de 13 % a 15 %. 

El retiro voluntario - que hoy se configura con 20 años de servicios, requiriéndose además, en el caso del personal subalterno, contar con 38 años de edad -, seguirá el régimen general administrado por el Banco de Previsión Social (BPS), que determina 60 años de edad y un mínimo de 30 años de servicios computados. 

En el caso del retiro obligatorio por edad, en lugar de los 10 años computados que establece la ley, se exigirán 22 años de servicios militares efectivos para personal subalterno y 25 años en los casos de los grados superiores. 

Asimismo, se establece como 101.108 pesos uruguayos (cerca de 3.200 dólares) como valor máximo a ser percibido por mes por los profesionales militares retirados. 

Los cambios serían aplicados un período de transición de entre 10 y 15 años para "no afectar algunos de los derechos adquiridos", pero asegurando que el servicio tienda "a equilibrar sus números". 

Quienes, al 31 de diciembre de 2018, cuenten con entre 10 y 19 años de servicios militares efectivos serán incluidos en un régimen de transición. 

El vicepresidente de la Comisión y miembro del Partido Nacional (PN) Carlos Camy sostuvo que no apoyan la reforma porque "implica afectar los derechos adquiridos del 67 % del personal militar al que alcanza este proyecto de ley". 

También criticó que no haya "equivalencia en cuanto al financiamiento del servicio de retiros y pensiones que se ha tenido con otras cajas paraestatales" y el desfase "entre lo que es la lógica de la carrera y el ejercicio de la profesión militar en los tiempos y los que se establecen en este reforma para retirarse". 

Desde la oposición plantean la necesidad de aplicar otras reformas al sistema de jubilación militar, por lo que buscarán lograr algunos cambios en el proyecto durante el debate en el Parlamento. 

El asunto será discutido en el Senado el próximo lunes y si se aprueba pasará a la Cámara de Diputados. EFE