El proyecto ya había sido avalado por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara Alta el pasado 23 de agosto, cuando el senador Marcos Otheguy aseguró a la prensa que el FA había logrado un acuerdo para aprobar la reforma en ambas cámaras del Parlamento y que la oposición no votaría la nueva ley. 

Ahora, la propuesta será enviada a la Cámara de Representantes, donde será discutida por los diputados uruguayos. 

Con la reforma, se eliminan una serie de privilegios del retiro militar y se modifican los montos y la edad con la cual se jubilaban los miembros de las Fuerzas Armadas. 

En concreto, la tasa de aportación patronal se elevará del 15 % al 19,5 %, a fin de que guarde consonancia con la vigente para el resto de la Administración Central y la tasa de aportes personales de los miembros activos subirá de 13 % a 15 %. 

El retiro voluntario - que hoy se configura con 20 años de servicios, requiriéndose además, en el caso del personal subalterno, contar con 38 años de edad -, seguirá el régimen general administrado por el Banco de Previsión Social (BPS), que determina 60 años de edad y un mínimo de 30 años de servicios computados. 

En el caso del retiro obligatorio por edad, en lugar de los 10 años computados que hoy establece la ley, se exigirán 22 años de servicios militares efectivos para personal subalterno y 25 años en los casos de los grados superiores. 

Asimismo, se establece como 101.108 pesos uruguayos (cerca de 3.200 dólares) como valor máximo a ser percibido por mes por los profesionales militares retirados. 

Los cambios serían aplicados un período de transición de entre 10 y 15 años para "no afectar algunos de los derechos adquiridos", pero asegurando que el servicio tienda "a equilibrar sus números". 

Quienes, al 31 de diciembre de 2018, cuenten con entre 10 y 19 años de servicios militares efectivos serán incluidos en un régimen de transición. EFE