"Las fronteras no son inviolables" explicó Canon, aunque indicó que los 260 millones de dólares que "supuestamente" el financista argentino Ernesto Clarens, trasladó fuera de su país "no fueron invertidos" en Uruguay porque sino hubiera sido un "escándalo económico".

La llamada "ruta del dinero K" hace referencia al caso que investiga la Justicia argentina acerca de las presuntas maniobras del empresario Lázaro Báez, estrecho colaborador del fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner, para sacar millonarias sumas de dinero del país. 

Se trata del mismo caso por el que la Fiscalía argentina solicitó que se investigue a la también expresidenta argentina (2007-2015) y esposa de Kirchner, Cristina Fernández. 

Asimismo, Canon aseguró que Aduanas no ha recibido denuncias por parte de organismos estatales y que cuenta apenas con el material divulgado por "la prensa uruguaya y la argentina". 

La semana pasada, el periodista argentino Luis Majul, director del programa de televisión La Cornisa, acusó a la aduana uruguaya de no tener funcionarios en el puerto privado de Camacho en la ciudad de Carmelo en el departamento de Colonia (suroeste), lugar en el Clarens tiene propiedades y realizó, según la prensa del país vecino, unos 164 viajes de los que 91 fueron en barcos privados. 

En este sentido, el titular de la aduana detalló unas 55 "salidas y entradas" realizadas por el financista aduanero y registradas por el organismo en el Aeropuerto de Carrasco, en las afueras de Montevideo, (seis salidas y seis entradas), en el de Punta del Este (ocho salidas y ocho entradas) y en el de Zagarzazu en Colonia (14 salidas y 13 entradas). 

En cambio, fue en el puerto Camacho entre abril de 2011 y diciembre de 2012 cuando se registraron "19 entradas y 16 salidas" de una embarcación de parte de Clarens. 

"Según informes de prensas el mencionado financista tiene una vivienda en Carmelo y por lo tanto no es extraño, ni sospechoso, que tuviera tantos ingresos en un aeropuerto privado", explicó Canon. 

Por otro lado, aseguró que la DNA, con un total de 758 funcionarios -617 destinados a las tareas operativas y otros 141 a administrativas-, realiza registros "aleatorios" en distintos puertos y aeropuertos de las zonas fronterizas, así como de "embarcaciones y pasajeros". 

La alternancia en este registro se debe a una política con hincapié en la incautación de narcóticos, que lleva a cabo el organismo a través de "una gestión de riesgo" por los "pocos recursos" de los que dispone. EFE