Así lo afirmó a la prensa el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, quien anunció que Vázquez sigue el tema de forma directa, debido a que se trata de un asunto "importante y grave".

Las investigaciones sobre la "ruta del dinero K" en Uruguay comenzaron en 2016, cuando se investigó la actividad en el país del empresario argentino Lázaro Báez, estrecho colaborador del fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007).

Báez, actualmente en prisión por lavado de activos en Argentina, es acusado de haber sacado millonarias sumas de dinero de su país.

Se trata del mismo caso por el que la Fiscalía argentina solicitó que se investigue a la también expresidenta argentina (2007-2015) y esposa de Kirchner, Cristina Fernández.

En los últimos días, en tanto, involucrados en la causa de los "cuadernos de las coimas" volvieron a apuntar a Uruguay como destino de algunas de las operaciones para blanquear dinero.

Roballo aseguró este miércoles que hay que "tener cuidado con poner signos de interrogación o sombras sobre la institucionalidad" de Uruguay, así como respecto a situaciones que suceden en "otros países", en una alusión implícita a Argentina.

En este sentido, agregó que esa no es la "realidad" de Uruguay, que tiene una "institucionalidad fuerte" y un "ordenamiento jurídico ajustado" a las recomendaciones internacionales.

"No existe ninguna denuncia concreta", sostuvo Roballo, al tiempo que añadió que, si se justificara o fuera necesario, el Gobierno intervendría a "nivel nacional" en el tema.

Pese a esto último, reconoció que hay "trascendidos" y reportajes periodísticos que denuncian lavado de activos provenientes de Argentina en Uruguay, aunque remarcó que el Estado uruguayo "se tiene que basar en la evidencia y en las pruebas concretas".

El secretario de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Uruguay (SENACLAFT), Daniel Espinosa, señaló hoy a Efe que la Fiscalía del país formó un grupo de trabajo que realiza "un seguimiento prácticamente diario" a todo lo referido a la vinculación de la ruta del dinero K con Uruguay.

Los trabajos, encabezados por el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, cuentan también con la colaboración de la SENACLAFT, el Banco Central de Uruguay, la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS).

Espinosa subrayó que hay más de 20 empresas investigadas con respecto a la ruta del dinero K, cuyos nombres están sobre la mesa desde las investigaciones a Báez. EFE