"Cuando se comparan los procesos que han tenido Argentina y Chile con las investigaciones uruguayas, se observa que el país ha quedado atrasado en su capacidad para desvelar la verdad de lo que ha ocurrido", dijo a Sputnik el integrante del consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler.

En América Latina hay más de 90.000 personas que fueron desaparecidas en los regímenes autoritarios de los años 70 y 80, y esta realidad aún no ha logrado despertar al sistema judicial en Uruguay, según comentaron a esta agencia la exfiscal y activista de derechos humanos Mirtha Guianze y el integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Nilo Patiño.

Durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985) fueron desaparecidos ciudadanos de este país y extranjeros en acciones represivas, algunas en el marco del Plan Cóndor, una coordinación de regímenes autoritarios sudamericanos para perseguir, detener y asesinar a opositores izquierdistas.

Casi 200 uruguayos continúan desaparecidos.

"Durante todos estos años en Uruguay ha existido una cultura de la impunidad a pesar de que por parte de las organizaciones sociales existe un gran impulso de lucha; sin embargo, no ha habido una respuesta adecuada por parte de los gobiernos", reflexionó Guianze.

Los militares siguen teniendo una "incidencia fuerte" en el poder político, que se vio demostrada en las demoras y resistencias para aprobar la reforma de la caja militar en el Senado, según Guianze.

Patiño afirmó que Uruguay sigue en un "estado de impunidad reinante" y que los poderes políticos no han hecho nada contra ello.

Además, Patiño dijo ver con "muchísima preocupación" el empoderamiento reciente de las Fuerzas Armadas en la región, ya que eso "demuestra que no tenemos ninguna garantía en el futuro de que habrá democracia".

El jueves se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido.

En Uruguay se llevó a cabo un acto en la Facultad de Bellas Artes de Montevideo y el próximo sábado, a las 16:00 hora local se convocará una manifestación en el Memorial de los Desaparecidos en repudio a una serie de actos vandálicos perpetrados contra ese monumento y otros sitios dedicados a la memoria.

IMPUNIDAD DE 97 POR CIENTO

Existen 307 causas presentadas ante la Justicia vinculadas crímenes del período dictatorial, de las cuales 62 por ciento están en fase de presumario, 23 por ciento archivadas, siete por ciento acumuladas a otras, tres por ciento en sumario y dos por ciento no están registradas.

Solo el restante tres de las denuncias terminaron en una sentencia, afirma el no gubernamental Observatorio Luz Ibarburu, que se dedica a seguir la información judicial de estos casos.

La mayoría de estas causas son denuncias de tortura, muerte, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima, secuestro y amenazas, delitos cometidos mayoritariamente entre 1972 y 1978.

Guianze confirmó que la "mayoría de las causas judiciales no reciben una sentencia" y que muchas veces ni siquiera se inicia el proceso, ya que "no ha existido voluntad tanto desde el sistema judicial como del poder político de impulsarlas".

"LA SUPREMA CORTE BLOQUEA CAUSAS"

Los tres entrevistados coincidieron en que cierto nivel de reactivación de algunas investigaciones se debió a la nueva fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, "esto no quiere decir que haya un avance sustantivo", observó Tyler.

"Tenemos un Poder Judicial que no ha actuado con la misma fidelidad y una Suprema Corte de Justicia que ha elaborado una doctrina que tiende a no dar lugar a estas causas; entonces, si bien hay más actividad, las perspectivas siguen siendo bastante magras", reflexionó.

La Corte Suprema considera que estos delitos están prescriptos porque el ordenamiento jurídico uruguayo solo adoptó la legislación internacional en materia de crímenes de lesa humanidad a posteriori.

Para el máximo tribunal se debe seguir el principio de legalidad del derecho penal, según el cual "no hay delito ni pena sin ley previa".

Tyler entiende que estas razones técnicas esgrimidas por la Corte "tienen un gran impacto político", pues cuando "las causas llegan se bloquean o directamente se pierden, lo que pone a Uruguay en una situación complicada en materia de derechos humanos".

El jurista observó que sigue existiendo un pacto de silencio entre los militares para negar información sobre el paradero de los desaparecidos, pero aclaró que los jueces de la Suprema Corte no tienen relación con este pacto.

"Lo que creo es que los magistrados deberían saber que lo que hacen tiene un impacto terrible sobre las familias, las víctimas, y que dejan a Uruguay en contravención de las normas de derecho internacional", agregó.

La Secretaría de Derechos Humanos de Uruguay confirmó que todavía 192 personas permanecen desaparecidas desde la dictadura y que aproximadamente hubo 123 asesinatos políticos durante ese período. (Sputnik)