Como prometió el Ejecutivo a finales del pasado año, el acuerdo al que lleguen Londres y Bruselas deberá ser ratificado en Westminster antes de que la salida se haga efectiva, el 29 de marzo de 2019 .

Una votación que supone una de las mayores amenazas del Gobierno de la conservadora Theresa May, porque no tiene garantizado el apoyo de los diputados, ni siquiera dentro de sus propias filas.

En caso de que la Cámara de los Comunes rechazara la llamada Ley del Acuerdo de Salida e Implementación o en el caso de que finalmente las negociaciones para alcanzar un acuerdo resultaran estériles, el Gobierno deberá presentar al Parlamento a comienzos de 2019 los siguientes pasos que seguirá y éste podrá votar si los apoya.

May ha convocado el próximo 13 de septiembre una reunión destinada a realizar preparativos en caso de que no exista acuerdo y ante el temor de que las disputas internas en el Gobierno entre los ministros euroescépticos y los proeuropeos puedan perjudicar su posición negociadora frente a Bruselas.

Sin embargo, tanto el Reino Unido como la UE albergan la esperanza de alcanzar un pacto antes de la cumbre del Consejo Europeo que se celebrará los días 17 y 18 de octubre, aunque han admitido que son "flexibles" respecto a esa fecha.

Así lo manifestó el negociador europeo para el "brexit", Michel Barnier, después de reunirse con su homólogo británico, Dominic Raab, esta semana en Bruselas donde trataron los puntos pendientes sobre el acuerdo de retirada y la futura relación entre las partes.

Barnier subrayó que los trámites necesarios para permitir la salida de Reino Unido de la UE en la fecha prevista implican una serie de formalidades, incluida la ratificación del pacto, que hacen necesario finalizar la fase negociadora "como muy tarde en noviembre".

Por su parte, Raab indicó que, aunque existe flexibilidad, "el objetivo es la cumbre de octubre" y valoró los avances efectuados en cuestiones sobre seguridad e intercambio de datos.

Sin embargo, aún existen importantes divergencias en materias como el futuro estatus de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda o las indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas.

May insistió  en que confía en que sí se pueda alcanzar un acuerdo, al tiempo que sostuvo que no claudicará ante la UE si Bruselas trata de forzar la introducción de modificaciones en su plan para el "brexit", conocido como plan de Chequers, que no vayan en el "interés nacional".

En un artículo difundido en el "Sunday Telegraph", la "premier" reconoció que los meses venideros son "cruciales" para "modelar el futuro" del Reino Unido y declaró que tiene "clara" su misión de satisfacer "la democrática decisión del pueblo británico" de abandonar el bloque comunitario.

Asimismo, la política conservadora reafirmó su rotunda negativa a la posibilidad de la celebración de un segundo referéndum para que los ciudadanos voten en caso de no alcanzar acuerdo con la UE o, de sí hacerlo, para que lo hagan sobre los términos del mismo.

Para May, permitir que se realice un plebiscito de estas características, algo que defienden colectivos como "The People's vote", apoyado por el Partido Liberaldemócrata, supondría una "traición" a la democracia.

La jefa del Ejecutivo dejará atrás la próxima semana los bailes que ha protagonizado durante su gira africana y que le han hecho viral en las redes sociales para retomar la seriedad de la actividad parlamentaria y hacer frente a un complejo período hasta la consumación del "brexit".