Sociedad

INDDHH asegura que en el país los casos de tortura existentes "son contados con los dedos"

El director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay (INDDHH), Wilder Tayler, aseguró a Efe que en el país austral no hay "política estatal de tortura" y que los casos existentes "son contados con los dedos".

"Uruguay es un país que yo no diría que está libre de tortura pero donde no se da el fenómeno de la tortura como tal, que en principio sería una herramienta de Estado porque el que la perpetra sería un funcionario público", aseguró.

Sin embargo, afirma que sí existen situaciones que guardan relación de proximidad con prácticas de esta índole.

"Lo que sí tenemos son el hijo menor de la tortura, se llaman 'tratamientos crueles inhumanos y degradantes' y estos no tienen porque ser tan intencionales, en ocasiones pueden darse por negligencias, por imprudencia o por desidia, no es que necesariamente se esté queriendo producir el daño", destacó.

Estas conclusiones las extrae del "IV Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura", que la institución presentó hoy en Montevideo y que se realizó con base en "visitas a los centros de detención del país sin aviso para verificar las condiciones de tratamiento de las personas allí recluidas y hacer recomendaciones".

El INDHH uruguayo es responsable del "Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura", que se engloba dentro de un sistema internacional creado por Naciones Unidas.

Según Tayler, las recomendaciones deben ser "muy concretas" para cada situación, aunque destaca varios factores para "debilitar el cuadro de condiciones que facilitan la tortura".

"Es importante que se aumente la cuota de jóvenes reclusos que salen a trabajar cuatro horas al día por lo menos. Es importante que reciban comunicación, que se hagan esfuerzos para que no haya más de cinco presos por celda o para que nadie duerma en el piso", subrayó.

Este estudio se basa en un total de 80 visitas realizadas a instituciones de diferentes tipos y que se reparten de la siguiente manera: 24 visitas al sistema de protección de niños, 24 al sistema de responsabilidad penal, 24 al sistema carcelario y unidades carcelarias y 8 a instituciones psiquiátricas. EFE