Silva había dicho en entrevista con Montevideo Portal que en Uruguay "no hubo una dictadura", que Gregorio Álvarez no fue un dictador, que en Uruguay no hay democracia, y que cuando eso ocurre está justificada la acción militar;  además de sostener  que con las políticas de género "vamos a desaparecer como sociedad en 50 años", entre otras consideraciones.

Daoiz Uriarte, abogado patrocinante de la denuncia, dijo a La Mañana de El Espectador que son varios los delitos en que habría incurrido el presidente del Centro Militar en sus declaraciones; y se preguntó en qué parte de sus respuestas no incurrió en faltas.

Uriarte sostuvo que no se trata de castigar la opinión, ya que uno puede ser fascista y estar de acuerdo con el genocidio, pero lo que no está garantizado es la libertad de opinión, porque si se hace propaganda de estas conductas se está tratando de influir en las masas para que desconozcan derechos fundamentales, penados por la legislación nacional e internacional.

El abogado especializado en derechos humanos manifestó que Silva era plenamente consciente que sus declaraciones serían públicas al formularlas frente a un periodista, y que el militar no es cualquier retirado opinando, sino que es el presidente reelecto de una institución, lanzando un mensaje a sus pares también en actividad, pues sostuvo que un militar lo sigue siendo aún en retiro.

Por último, Uriarte expresó que el militar atenta también contra la Constitución al incitar a los militares a ocupar el poder frente a una situación que el entiende que no es democracia, está proponiendo un golpe de estado, y claramente instigando a realizarlo.

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