En ese sentido, el diputado del FA Luis Puig, quien participó en la reunión con la empresa brasileña, propietaria de MontevideoGas -encargada de distribuir gas natural por cañería en la capital uruguaya-, dijo a Efe que acercaron a Petrobras "la propuesta de negociar sin medidas de fuerza".

Según Puig, se propuso que la empresa dejara de mandar trabajadores al seguro de paro, y que, a su vez, los empleados finalizaran su huelga de hambre, que tres de ellos llevan a cabo desde hace una semana. Sin embargo, la firma se negó "rotundamente".

Para el legislador, Petrobras no tiene otra intención que "desarticular la organización sindical" en la empresa.

Puig también añadió que, en los próximos días, desde la bancada el FA, van a "plantear una movilización en apoyo a los trabajadores que siguen con sus medidas de lucha".

Asimismo, garantizó que los tres trabajadores que están realizando la huelga de hambre "están muy bien anímicamente", pero como toda medida de "esa magnitud", tiene "importantes implicancias" en su salud, aunque "van a seguir con las acciones que están tomando ante la negativa de la empresa".

Además, el próximo miércoles, el sindicato del gas considerará durante la Mesa Representativa extraordinaria de la principal central sindical del país, el Pit-Cnt, realizar un paro general parcial con movilización frente a la sede Petrobras.

Los trabajadores de MontevideoGas reclaman una respuesta por el envío al seguro de paro de 21 de ellos.

Además, el Sindicato del Gas pretende que la empresa brasileña se vaya del país y que el Estado uruguayo asuma el control de esta, que tiene la concesión de la distribución de gas por siete años más.

El grupo sindical cree que la postura de Petrobras ante el conflicto corresponde a una "estrategia general de la empresa", que tiene "demandas arbitrales contra el Estado", y que se encuentra "en una escalada ascendente de confrontación contra el Uruguay" y que "deslegitima el ámbito de negociación tripartita" con una "ofensiva contra los trabajadores".

En 2017, la petrolera estatal brasileña decidió solicitar un arbitraje internacional para intentar resolver los conflictos de sus distribuidoras de gas en el país austral, generados por el elevado precio que tiene que pagar por el gas argentino importado por Uruguay y que no puede repasar a sus clientes.