Además, Cosse señaló a la prensa que debido al "marco normativo del ámbito privado" que tiene el país, lo que pueden hacer desde su cartera es "proponer el diálogo" y "tratar de acercar posturas".

Este lunes, siete integrantes del Frente Amplio (FA), se reunieron con Petrobras, propietaria de MontevideoGas -encargada de distribuir gas natural por cañería-, y plantearon retomar las negociaciones sin medidas de fuerza.

Se propuso que la empresa dejara de mandar trabajadores al seguro de paro, y que, a su vez, los empleados finalizaran su huelga de hambre, que tres de ellos llevan a cabo desde hace más de una semana. Sin embargo, la firma se negó "rotundamente".

Los trabajadores de MontevideoGas reclaman una respuesta por el envío al seguro de paro de 21 de ellos.

Además, el Sindicato del Gas pretende que la empresa brasileña se vaya del país y que el Estado asuma el control de esta, que tiene la concesión de la distribución de gas hasta el año 2025.

En la actualidad, hay más de 45.000 usuarios del servicio en los departamentos de Colonia, Montevideo, San José y Canelones, y Paysandú.

En 2017, la petrolera estatal brasileña decidió solicitar un arbitraje internacional para intentar resolver los conflictos de sus distribuidoras de gas en el país, generados por el elevado precio que tiene que pagar por el gas argentino importado por Uruguay y que no puede repasar a sus clientes.

En ese sentido, Cosse recordó que por la demanda internacional que Petrobras le puso al Gobierno uruguayo tiene que ser "cuidadosa" y "precisa" a la hora de tratar el asunto para poder "proteger" los intereses del país austral, por lo que "no está en condiciones de ponerse a evaluar" el futuro del negocio. EFE