"La tarea de la aplicación de la ley se ha complicado debido a la asignación presupuestal que hemos tenido desde el 2015; a pesar de que algunas instituciones del Poder Ejecutivo han visto reforzada su asignación en este último año, creemos que el desafío sustantivo para los próximos quinquenios es ampliar el presupuesto", afirmó a esta agencia Mazzotti.

La declaración surge ante el pedido de diferentes colectivos feministas que, al observar que la aplicación de la ley aún no ha comenzado, pidieron a las autoridades un balance preliminar de la normativa.

En diciembre del año pasado la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley integral contra la violencia de género, que había recibido media sanción del Senado un mes antes.

La ley estableció más políticas de prevención y atención hacia las mujeres, como el acceso a la justicia, medidas de protección y la tipificación del femicidio; además, reconoció "la necesidad de adoptar políticas educativas, culturales y comunicacionales para la erradicación de pautas que sustentan la violencia".

Al foro asistieron, además de Mazzotti, la responsable de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, la directora del centro de estudios del Poder Judicial, Rosina Rossi y la directora del Área Programática Violencia de Género y Generaciones del Ministerio de Salud, Irene Petit.

AVANCES CULTURALES

Mazzotti consideró que la expresión de la violencia doméstica se diferencia a la que se veía 30 años atrás por el cambio cultural en la sociedad uruguaya.

"Hay más noción de derechos por parte de las mujeres; más rápidamente se niegan a vivir en esas situaciones y por eso es que hay muchos hombres que no aceptan esa actitud de parte de las mujeres", agregó.

En la misma sintonía, la exsenadora y activista feminista Margarita Percovich reflexionó que a pesar de las dificultades para aplicar la ley integral de violencia de género, hay logros importantes.

"Cambiar un Estado con códigos patriarcales y con rutinas de trabajo no es fácil; cuando vamos viendo adelantos y esfuerzos en aquellas instituciones como el Poder Judicial, para modificar la aplicación de esa cultura patriarcal, es un logro muy importante; porque ¿quiénes hicieron las leyes? Fueron hombres, sin embargo ahora los legisladores aprueban normas contra la violencia de género y a favor de la diversidad; esto muestra que existe un gran trabajo", reflexionó.

Además, la feminista expresó que las batallas entre quienes están en las organizaciones sociales y aquellos que están en los puestos del Estado son complementarias.

Por su parte, Mazzotti consideró relevante estudiar el fenómeno de la violencia para detectar modalidades de intervención, ya que "la búsqueda de dominio, el abuso de poder y la discriminación son fenómenos que están muy articulados con el modelo de sociedad que tenemos y que se construye sobre otros aspectos que tienen que ver con la desigualdad económica y las cuestiones raciales".

"Uno lucha contra la desigualdad, pero ella gana y se va reconstituyendo; por eso tenemos que estar alertas a pesar de que han existido grandes cambios en la conciencia de las mujeres", agregó.

Así, los modelos de atención deben irse concretando ya que el "objetivo finalista y fundamental es la autonomía de las mujeres".

A partir de la ley, el Instituto Nacional de las Mujeres ha comenzado a difundir sus contenidos a los operadores judiciales, organizaciones sociales y a las mujeres para que puedan defender adecuadamente sus derechos.

Además, afirmó, se han elaborado espacios de seguimiento y planificación y se apoya la elaboración de planes departamentales para el cumplimiento de la ley, detalló.

El instituto también está trabajando en sensibilizar a periodistas y en proponer una capacitación permanente a funcionarios públicos y privados, expresó la jerarca.

GRILLETES ELECTRÓNICOS

La responsable de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, respondió a los cuestionamientos de algunas feministas, quienes afirmaron que por falta de presupuesto, hay agresores sin tobilleras electrónicas a pesar de que tienen órdenes de restricción de acercarse a sus parejas o exparejas.

Zabaleta dijo que el Ministerio ya adquirió más de 200 dispositivos electrónicos y por lo tanto no hay solicitudes de la justicia que no hayan sido satisfechas.

"De todos modos, me gustaría reafirmar que la tobillera es una herramienta de protección, de seguimiento, y no tiene que ser la solución única; hay que pensar en otros mecanismos, por ejemplo no hay consecuencias firmes cuando hay destrucción o extravío de esos dispositivos", agregó.

Otro cuestionamiento de las organizaciones de mujeres es que, ante una denuncia de agresión, la custodia policial se pone a la víctima y no al agresor.

Esa vigilancia "no es para restringir el movimiento de nadie sino que es una herramienta de protección para una persona que está en riesgo", dijo Zabaleta.

La funcionaria cuestionó: "¿Cómo hacemos para ponerle la custodia al ofensor cuando ni si quiera podemos obligar a las propias víctimas a que dejen que los policías puedan ingresar al domicilio? Además, con una custodia no hacemos nada, el ofensor puede salir por la puerta de atrás de su casa o incluso mandar a un tercero para herir a la víctima", agregó.

Mazzotti se preguntó qué se puede hacer con los hombres peligrosos, que "siempre le echan la culpa al entorno" y que, una vez cumplidos los seis meses de restricción de acercarse a la víctima, siguen siendo amenazantes.

"Hay nuevas preguntas que no teníamos hace 10 años, ahora hay nuevos dispositivos que generan otros cuestionamientos; tenemos que seguir trabajando porque hay avances, pero también hay varias barreras y conservadurismos de parte de la sociedad", agregó.

Zabaleta sostuvo que la cartera del Interior contrató una consultaría para que analice la nueva normativa y así agilizar los nuevos procedimientos policiales.

Además, aseveró que han trabajado en la diversificación de los mecanismos de denuncias para que las personas puedan acceder a denunciar más fácilmente, ya sea de forma presencial o no.

Otro avance ha sido la mejora de la aplicación 911 para celulares, que actualmente es gratuita por lo que no se necesita tener saldo en el celular para utilizarla.

Con apenas 3,3 millones de habitantes, Uruguay registró 34 feminicidios en 2017, mientras que en lo que va de este año 31 mujeres fueron asesinadas por el simple hecho de serlo, lo que representa una muerte cada 11 días, según datos de la Coordinadora de Feminismos.

Además, las autoridades reciben una denuncia de violencia de género cada 14 minutos, indican cifras del Ministerio del Interior correspondientes a 2017.

El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe afirma que Uruguay, junto a República Dominicana y Guyana, encabezan la lista de países de la región con mayor prevalencia de femicidios en el marco de relaciones de pareja. (Sputnik)