"La situación de Uruguay es vergonzosa porque comparativamente somos muy poquita población para la prevalencia de violencia de género que tenemos; si lo comparamos por ejemplo con Argentina o Brasil, son cifras que nos deberían dar miedo a todos porque sin lugar a dudas estamos en una situación peor que ellos", dijo Morelli.

Con apenas 3,3 millones de habitantes, Uruguay registró 34 feminicidios en 2017, mientras que en lo que va de este año 31 mujeres fueron asesinadas por el simple hecho de serlo, lo que representa una muerte cada 11 días, según datos de la Coordinadora de Feminismos.

Además, las autoridades reciben una denuncia de violencia de género cada 14 minutos, indican cifras del Ministerio del Interior correspondientes a 2017.

El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe afirma que Uruguay, junto a República Dominicana y Guyana, encabezan la lista de países de la región con mayor prevalencia de femicidios en el marco de relaciones de pareja.

LEY INTEGRAL NO SE APLICA

Morelli, quien también es especialista legal en derechos humanos, observó que en este "contexto crítico", la Ley Integral contra la Violencia de Género, que fue aprobada en diciembre del año pasado, sigue sin aplicación.

"La ley no está puesta en vigencia, las entidades del Estado y los privados no se han organizado y lo único que se ha logrado es el ejercicio de algunos derechos; entonces, existe la normativa, pero muchos la rechazan", agregó.

La falta de presupuesto para aplicar algunas medidas de la ley es solo una arista, ya que cuando se trata de derechos humanos, "el dinero debería ser lo último que debería preocupar" a las autoridades.

De hecho, para aplicar esta ley no todos los organismos del Estado necesitan un amplio presupuesto.

"Hemos visto que en 10 meses los avances son muy pocos, más bien se está en un área de coordinación y se están tirando las primeras líneas de trabajo cuando hay cosas que ya se debieron haber hecho", agregó.

Mujer Ahora propone comenzar un diálogo con las autoridades para que, desde la sociedad, se pueda monitorear la aplicación de la ley.

La organización feminista se propone ser mucho más rigurosa en el seguimiento de esta normativa.

PODER JUDICIAL MACHISTA

El Poder Judicial es la institución del Estado que "menos plata necesita y el que más se resiste a aplicar la ley integral de violencia de género", criticó Morelli.

La activista comentó que se trata del Poder que más se ha negado a la aplicación de la Ley, debido a que "el derecho es el que más se ha resistido a reconocer a las mujeres como sujetas de derechos humanos y destinatarias de las normas".

"Las leyes siempre fueron redactadas en un lenguaje de género neutro, destinado para las personas y no para las mujeres; por tanto, es un proceso muy reciente reconocernos titulares de derechos humanos", agregó.

Los integrantes del Poder judicial son personas que "no tienen la más mínima formación en derechos humanos ni de género", ya que transitan toda su educación, incluida la universidad, sin tener una materia de grado referida a este tema, criticó.

"Esto es lo que hace que los mismos jueces sean los que vulneren los derechos de las mujeres, cosa que viene pasando en este país hace mucho tiempo y que se ve retroalimentada con leyes que son protectoras del machismo", agregó.

En diciembre del año pasado la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley integral contra la violencia de género, que el mes anterior había recibido media sanción en el Senado.

La ley establece más políticas de prevención y atención hacia las mujeres, como el acceso a la justicia, medidas de protección y la tipificación del femicidio; además, reconoce "la necesidad de adoptar políticas educativas, culturales y comunicacionales para la erradicación de pautas que sustentan la violencia", añade el texto de la norma.

Sin embargo, existe consenso en la sociedad civil en que su aplicación es casi nula.

El jueves distintas organizaciones civiles realizaron un diálogo con algunas autoridades para  realizar un balance preliminar de la normativa.

Al encuentro asistieron la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mariella Mazzotti, la responsable de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, la directora del centro de estudios del Poder Judicial, Rosina Rossi, y la directora del Área Programática de Violencia de Género y Generaciones del Ministerio de Salud, Irene Petit.  (Sputnik)