En ese sentido, la petrolera señaló a través de un comunicado que "los trabajadores en seguro de paro serán reincorporados al término del período legal" y garantizó que "la implementación" de tales medidas "no fue intempestiva" y se había anunciado en 2017.

Según Petrobras, MontevideoGas "ha gestionado responsablemente la distribución de gas" por cañería en la capital, pero este mercado en el país tiene "problemas estructurales ajenos a su control".

Añadió que su accionar es resultado del aumento del precio del gas y del fracaso de la planta regasificadora que el Estado planeaba construir, factores que agravaron la situación económica de la empresa.

El 8 de octubre, empleados de MontevideoGas resolvieron comenzar una huelga de hambre por considerar que no había "receptividad para encontrar una salida negociable" por parte de la empresa, lo que para Petrobras es una medida "desproporcionada" que debería dar lugar a una "reflexión para encontrar los canales y formas adecuados para mantener un diálogo constructivo".

"Petrobras Uruguay (...) apoya la reiterada disposición al diálogo de MontevideoGas con todos los actores del sector. Por ello, lamenta profundamente la adopción por el sindicato de medidas tan desproporcionadas como la "huelga de hambre", las ocupaciones y las amenazas de "control obrero de la empresa", e invita al sindicato a trabajar en propuestas concretas de reducción de costos", agregó.

Asimismo, la firma brasileña recordó que las medidas de reducción de cosos que adoptó MontevideoGas son "legítimas, están previstas en el ordenamiento jurídico uruguayo, y son necesarias para intentar atenuar las pérdidas".

Sobre un eventual aumento de tarifas, aseguró que se rechazó tal medida porque esto "empeoraría la competitividad", debido a que "el gas natural compite en condiciones completamente desventajosas con energéticos subsidiados por el Estado como el supergas".

Los trabajadores de MontevideoGas reclaman una respuesta por el envío al seguro de paro de 21 de ellos.

Además, el Sindicato del Gas pretende que la empresa brasileña se vaya del país y que el Estado uruguayo asuma el control de esta, que tiene la concesión de la distribución de gas por siete años más.

El grupo sindical cree que la postura de Petrobras ante el conflicto corresponde a una "estrategia general de la empresa", que tiene "demandas arbitrales contra el Estado", y que se encuentra "en una escalada ascendente de confrontación contra el Uruguay" y que "deslegitima el ámbito de negociación tripartita" con una "ofensiva contra los trabajadores".

En 2017, la petrolera estatal brasileña decidió solicitar un arbitraje internacional para intentar resolver los conflictos de sus distribuidoras de gas en el país austral, generados por el elevado precio que tiene que pagar por el gas argentino importado por Uruguay y que no puede repasar a sus clientes. EFE