El área a la que se extiende esta medida comprende un rango de 20 kilómetros en territorio nacional contados a partir de los límites fronterizos definidos en los tratados internacionales correspondientes a cada caso, con la excepción de los centros poblados.

Según el protocolo que recoge la ley, las Fuerzas Armadas deben informar al fiscal competente en caso de observar alguna irregularidad y "adoptar las acciones necesarias para preservar el lugar o escena de los hechos".

Asimismo, el texto establece que "en los casos en que se vieran obligados a utilizar medios materiales de coacción, deberán hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, y agotar previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance". EFE