La medida se adoptó porque "persisten" prácticas "prohibidas" relacionadas a la intermediación lucrativa, según informó el gobierno.

De esta forma las autoridades deben responder con un "diseño de un sistema de probada confidencialidad técnica y jurídica" para evitar este tipo de prácticas, "lo que supone prever la viabilidad de habilitar la apertura del período de movilidad a partir del mes de febrero de 2020", según un decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez.

El ministro de Salud, Jorge Basso, dijo que se trabaja en un proyecto de ley que extienda la figura del delito a todos los responsables de la movilidad lucrativa, y adelantó que el cambio de domicilio o falta de confianza en la institución serán las únicas causales de la modificación.

Por su parte, el diputado nacionalista Martín Lema reclamó la renuncia Basso alegando que la cartera "no cumplió en materia de rectoría" y "gran parte de la responsabilidad le corresponde "a él", según informó El Observador.

Asimismo, el senador blanco Javier García también se manifestó en contra de la decisión del gobierno y recordó a La Mañana de El Espectador que este año presentó un proyecto de ley para suprimir el corralito mutual el cual sigue a estudio en la Comisión de Salud.