El pasado 27 de noviembre se celebró un nuevo aniversario del acto del Obelisco, que fue sin duda alguna uno de los puntos de inflexión de nuestra historia porque en aquel evento, que no fue una simple protesta, que no fue una simple manifestación ni una estampida vandálica, sino una demostración de civismo colectivo cuyo propósito fue nada más ni nada menos que el de expresar la voluntad y resolución de la gran mayoría de los uruguayos en recuperar la democracia. Democracia que nunca se debió haber perdido.

Alrededor de esta fecha, ocurrieron dos hechos los cuales, tomando al acto de 1983 como trasfondo o referencia histórica y ejemplo de la altura a la que la sociedad uruguaya supo llegar en aquel momento, llaman a la reflexión del estado actual de nuestro sistema político y dde sus integrantes. 

No es casual la encuesta realizada por Factum a fines del año pasado que mostró que los partidos políticos son la organizaciones menos creíbles por parte de los encuestados en donde los bancos, la Policía, el Poder Judicial y el Parlamento, y la Constitución y las Fuerzas Armadas como custodios de la defensa nacional superan todos a los partidos.

El primero de estos dos hechos fue el bochornoso episodio ocurrido en Artigas protagonizado por el gobierno en representación del ministro del Interior y que derivara en las acusaciones acerca de los empujones, y de quien empujó a quien, si fueron los que desplegaron la pancarta o fue el ministro quien empujó primero, etc.

Lo concreto es que la prensa recogió posteriormente esas acusaciones conformando un segundo bochorno, tan lamentable como el propio incidente en sí.

Habría que imaginar a una comitiva de inversores que hubiera llegado al Uruguay en esos días y, ante la lectura de la prensa o escuchando o viendo un informativo, se hubiera topado con esas acusaciones de representantes de nuestro gobierno sobre los empujones. Quizás pensaron que habían llegado a un país gobernado desde un kindergarden. 

Pero a este incidente le sigue otro mucho más preocupante como el de la posterior publicación en la web del ministerio del Interior de los antecedentes de uno de los que en Artigas desplegó una pancarta en señal de protesta.

Este hecho es muy muy grave, primero porque se utiliza nuevamente al Estado, y esto no es un hecho aislado sino una reiteración- en este caso a un ministerio, para difundir en forma pública los antecedentes de uno de los protestantes- transgrediendo normas que ese mismo Estado está obligado por la constitución a velar por la protección del derecho de privacidad de todos y cada uno de los ciudadanos, independientemente de su situación personal. 

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