(Emitido a las 9.11)

EMILIANO COTELO:
En estos días nuestro país contará por primera vez con un ombudsman especializado en el sistema carcelario. En realidad, el nombre exacto del cargo es comisionado parlamentario para las cárceles y fue creado por ley en el año 2003, con la intención de que el Poder Legislativo tuviera un ojo permanente en el sistema penitenciario.

El proceso de selección de quien será el primer "comisionado" comenzó el año pasado cuando 18 postulantes presentaron sus currículums a una comisión especial creada por la Asamblea General para encargarse de esta búsqueda. De ellos, ocho llegaron a presentar sus ponencias frente a la comisión y fue Álvaro Garcé quien dejó la mejor impresión entre los legisladores, que por estas horas están formalizando su designación.

¿Quién es Álvaro Garcé? ¿Cómo encarará su papel de comisionado parlamentario para las cárceles? Vamos a conversar con él en los próximos minutos.

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Doctor Garcé, usted es abogado, tiene 37; profesor grado 3 de Historia del Derecho y Derecho Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República; fue inspector de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; defensor de oficio desde 1998 y últimamente se desempeñó como director nacional del Registro Civil, entre los años 2003 y 2004. Y había vuelto a la tarea de defensor de oficio.

ÁLVARO GARCÉ:
Sí, desde fines del año pasado.

EC - Antes que nada una definición del cargo que usted va a asumir. ¿Qué es un comisionado parlamentario para las cárceles?

AG - Usted ya lo anticipó con total exactitud, se trata de un defensor del pueblo que tiene la particularidad de que trabajará específicamente en el ámbito carcelario.

EC - ¿Es un defensor de los presos?

AG - Yo diría que en todo caso es un fiscalizador del cumplimiento de los Derechos Humanos en las cárceles. La figura del comisionado parlamentario tiene mucho que ver, se aproxima mucho, a lo que es con carácter general el ombudsman en países como Costa Rica, Perú, Colombia, España.

El caso uruguayo presenta esta particularidad, nosotros no habíamos consagrado hasta ahora la figura del defensor del pueblo, pese a que en el año 1995 hubo una iniciativa en ese sentido que finalmente no prosperó y, a instancias fundamentalmente del ex diputado doctor Díaz Maynard –pero en esto tuvieron activa participación otros legisladores en la pasada legislatura–, se consagró la figura pero con este perfil concreto: trabajar en el sistema penitenciario.

EC - Seguimos sin tener un defensor del pueblo en general y fue creado un defensor del pueblo especializado en el sistema carcelario.

AG - Que no es poco, porque si la función primordial de un defensor del pueblo es velar por el efectivo cumplimiento de las garantías fundamentales, siendo el sistema penitenciario uno de los sectores donde generalmente existe mayor propensión al desconocimiento de esos derechos fundamentales, está muy bien, parece muy razonable, que se comience por consagrarlo por lo menos allí, en ese sector concreto.

EC - ¿Existe en otros países?

AG - No tengo noticia de este perfil tan especializado. En general donde existe, existe con carácter general. Y desde luego, si en alguno de los países que hemos citado –y en otros tantos, porque es una institución que existe desde hace mucho tiempo con carácter general– se verifica algún tipo de violación, de trasgresión, de quebrantamiento de los principios generales en materia de Derechos Humanos en el ámbito carcelario, obviamente que por su competencia amplia y genérica el defensor del pueblo deberá necesariamente intervenir.

EC - ¿Cuánto dura la gestión de este comisionado parlamentario para las cárceles?

AG - De acuerdo a la ley 17.684, que es la que usted citaba, el mandato comenzará a partir del momento en que la Asamblea General se expida al respecto, y el mandato se extenderá por cinco años. La ley prevé que se pueda reelegir al comisionado por un nuevo período, en cuyo caso la gestión se extendería eventualmente hasta el año 2015.

EC - Estamos hablando de un comisionado parlamentario que responde al Parlamento. Subrayo eso, es una institución que se genera dentro del Poder Legislativo. ¿Cómo se realiza la designación? Yo dije algo recién en una rápida síntesis; ¿qué otros elementos vale la pena que el oyente conozca?

AG - La ley que creó la figura del comisionado parlamentario previó que se instalara una comisión especial integrada por legisladores de todos los partidos. Se llegó a integrar una comisión en la legislatura pasada, de esa comisión sólo ha quedado en la presente el diputado Chifflet, que la preside. La ley exige que tanto en la comisión a los efectos de sugerirle al plenario de la Asamblea General, como en la propia Asamblea General en el acto de la designación, exista una mayoría calificada de tres quintos de votos, es decir en la comisión 6 y en el plenario 78.

EC - La decisión de la comisión se toma en base a las exposiciones que los candidatos efectúan.

AG - Y evaluación de los méritos también, sí. Ha sido un proceso de evaluación, un llamado a concurso público, abierto y yo diría transparente. Lo que realmente más me ha reconfortado es que varios legisladores hayan coincidido en que no se ha llegado al dictamen, a la sugerencia que se elevará a la Asamblea General por un acuerdo político, sino evaluando los méritos y las exposiciones que tuvimos la oportunidad de hacer el conjunto de los postulantes.

EC - Antes de ir a los lineamientos generales de esa exposición, que jugó de manera decisiva para que la elección se volcara a su favor, más allá de la definición global del cargo de comisario parlamentario para las cárceles, ¿podemos enumerar algunas de las tareas que tiene que encarar?

AG - Como todo ombudsman, fundamentalmente tres: recibir denuncias sobre posibles violaciones a los derechos humanos, promover las correspondientes investigaciones, formular recomendaciones y agregaría realizar todas las inspecciones que entienda necesarias para el cumplimiento de su tarea de fiscalización.

Esto en cuanto a la tarea de seguimiento, a lo cual entendemos debe añadirse una perspectiva global de los problemas del sistema carcelario y acciones de mejora, porque si nos remitiéramos únicamente al seguimiento, que es muy importante, muy valioso y no planteáramos estrategias de mediano y largo plazo, terminaríamos como el bombero que está permanentemente apagando incendios, hay un foco, corre y lo paga, se prende otro foco, y así sucesivamente, con un riesgo de desgaste y frustración manifiesto.

Hay que trabajar en los dos planos, velar hoy concretamente por el cumplimiento de los derechos humanos en este ámbito, pero al mismo tiempo velar por el cumplimiento de los derechos humanos a mediano y largo plazo, porque sólo de ese modo se puede revertir la muy difícil situación que atraviesa nuestro sistema penitenciario. Hemos dicho en todo momento que las cárceles atraviesan una crisis, la crisis es algo así como la cruz de los caminos, el momento en el cual se define un desenlace, que podrá ser más o menos bueno, más o menos positivo, según la actitud con la cual nos plantemos en ese momento decisivo. Es decir, la crisis es una oportunidad de cambio.

EC - Según veía revisando la ley 17.864, el comisionado parlamentario para las cárceles debe, entre otras cosas, rendir informes a la Asamblea General.

AG - Sí, periódicamente.

EC - Por lo menos una vez al año.

AG - Sí, esto se asemeja –salvando las distancias– a aquello de las previsiones presupuestales cada cinco años y después las rendiciones de cuentas. Esto es al revés, vamos a ir a cuatro sucesivas rendiciones de cuentas, y a un quinto examen de la gestión de carácter quinquenal. Primero se rinde cuentas anualmente y luego en forma global y por todo el período. Por supuesto que si en algún momento es necesario, si el comisionado entiende que es necesario plantear un problema de tal magnitud que requiera la reunión de la Asamblea General, lo hará, está facultado para hacerlo.

EC - En caso de que el comisionado compruebe faltas que afecten los derechos humanos de los reclusos –usted ya mencionó al pasar esa hipótesis–, concretamente, ¿qué puede hacer?

AG - El comisionado formulará la recomendación para que esa situación se corrija, se revierta y no se repita. Esa recomendación no es de carácter obligatorio, no tiene fuerza vinculante, pero por lo menos obliga a la autoridad requerida, y eventualmente a su superior jerárquico, si no lo hace, a explicar las razones por las cuales se aparta del dictamen del comisionado.

EC - ¿Y allí se queda? ¿O usted también puede, por ejemplo, interponer algún tipo de recurso ante la justicia?

AG - Desde luego, todo defensor del pueblo es de alguna manera un protector de los llamados intereses difusos. En ese sentido está legitimado para promover todas las acciones que legalmente entienda pertinentes, por ejemplo un recurso de amparo.

EC - ¿Una denuncia penal, eventualmente?

AG - Desde luego.

EC - Pero no es usted el que resuelve.

AG - No, el comisionado no tiene en ningún caso carácter resolutivo ni coactivo. Pero sí tiene ese carácter asesor y, sobre todo, en la medida que esto nace con un fuerte respaldo porque así lo prevé la ley, pero además por suerte vamos excediendo el margen de votos necesarios para la designación, esto comienza con una clara señal de apoyo, lo que es muy bueno y va a ser necesario a lo largo de la gestión.

EC - Estamos hablando de un cargo remunerado, ¿verdad?

AG - Sí, cuya dotación fijará la Asamblea General en el acto mismo de la designación del comisionado.

EC - ¿Y además es full-time?

AG - Sí, tiene incompatibilidad, salvo con el ejercicio de la docencia en materia jurídica. En ese sentido la situación no me varía en lo más mínimo, porque yo ya soy defensor de oficio full-time del Poder Judicial.

EC - ¿Con qué infraestructura de apoyo cuenta? ¿Va a trabajar solo?

AG - No, afortunadamente no, porque sería condenar al fracaso la gestión. La ley prevé que hasta diez funcionarios del Poder Legislativo pasen a formar un equipo técnico de apoyo a la labor del comisionado.

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EC - Yo decía que su nombramiento está por ser formalizado. ¿Cuándo ocurrirá?

AG - No tengo todavía la definición de la fecha, se me ha informado que sería en las próximas semanas. Al haberse expedido la comisión que hizo el dictamen correspondiente, esto está en camino hacia la Presidencia de la Asamblea General, que tendrá que citar a una reunión extraordinaria a los efectos de tomar resolución, es decir de proceder a la votación, a la toma de juramento como lo prevé la ley, y hacer lo que se llama el discernimiento de cargo, es decir la efectiva toma de posesión.

EC - Usted va a ser el primer comisionado parlamentario para las cárceles en la historia uruguaya justo en –todos los especialistas coinciden– el peor momento del sistema penitenciario de nuestro país. Para empezar, con una cifra récord de presos, del orden de 7.000.

AG - Sí. Cuando se hizo el último diagnóstico, llamado Informe Tomassino porque debe su nombre al ex presidente de la Suprema Corte que coordinó ese excelente trabajo de investigación, el universo de los presos era de alrededor de 3.000l; hoy los problemas son los mismos pero con una población que ha más que duplicado aquella cifra.

EC - Y, por supuesto, con una infraestructura para albergarlos absolutamente insuficiente. Entonces, en esas condiciones, con ese marco, ¿en qué áreas, con qué prioridades centró la propuesta para su gestión que presentó ante la comisión de la Asamblea General?

AG - Lo primero, porque coincide en el tiempo, es contribuir a la definición del proyecto de descongestionamiento del sistema carcelario. Es una iniciativa que planteó el actual ministro del Interior prácticamente en el inicio de su gestión, hubo un primer borrador, que luego fue reelaborado, y en este momento está llegando al Parlamento –llegó ayer y hoy se va a tomar conocimiento del mismo– un nuevo proyecto que, según ha adelantado el subsecretario, el doctor Juan Faroppa, permitiría la liberación de alrededor de un 10 por ciento de los reclusos, es decir alrededor de 750.

En todo momento nosotros hemos dicho –lo planteamos en la comisión y lo hemos sostenido en la prensa también– que más que apuntar al texto, más que centrarnos en el universo subjetivo, es decir quiénes, y en aspectos cuantitativos, qué cantidad, lo primero es pensar en la forma en que se va a implementar esa liberación. El mismo texto puede ser bueno, regular o malo según el modo en que se lo lleve a la práctica. Y en este sentido me parece que lanzar nuevamente a un conjunto importante de reclusos a la sociedad sin brindarles los adecuados apoyo y seguimiento –esto debería canalizarse a través del Patronato, que es el órgano competente, creado en 1933 por el entonces director de Institutos Penales, doctor Juan Carlos Gómez Folle, justamente con esa idea–, si no les damos la posibilidad de una buena reinserción social, estamos arriesgando una frustración colectiva. Digo colectiva porque sería la frustración del liberado, la frustración de su familia y la de la sociedad toda si se produce una alta reincidencia. Eso fue correctamente evitado en el año 1985, cuando hubo dos leyes, una primera de amnistía para los denominados presos políticos, y otra, la ley 15.743, que fue un poquito posterior a la ley de amnistía de presos políticos, que estableció un mecanismo de amnistía para presos comunes. Allí el Patronato jugó un papel muy activo, muy atento, y fue objetivamente baja la cantidad de personas que reincidieron. La reincidencia fue baja, recuerdo en ese sentido declaraciones de la doctora Adela Reta, que por entonces era ministra de Educación y Cultura pero además opinaba en su carácter de notoria penalista.

EC - Entonces una primera tarea que usted tiene por delante es absolutamente urgente: el proyecto de ley de descongestionamiento de las cárceles que el Poder Ejecutivo está enviando al Parlamento.

AG - Exactamente, colaborar en ese sentido para que la solución sea lo mejor posible. Hay otro aspecto que también marcará el inicio de la gestión que tiene que ver con la realización de una gira nacional que tendrá dos objetivos, no sólo el relevamiento de las cárceles, sino fundamentalmente la presentación a las autoridades, a los reclusos y tomar contacto con todos los actores directamente involucrados en el tema penal en todo el país. Esa será la gran tarea en un primer momento. Por supuesto que paralelamente habrá que poner en pie una oficina que comienza de cero, y hay que atender todos los aspectos de organización, aquí coincide ese difícil desafío del tema del descongestionamiento con el accionamiento de todos los mecanismos para que el comisionado pueda trabajar eficazmente. Sin duda, lo vamos a lograr porque tenemos las ganas de hacerlo y soy un convencido de que trabajando, poniendo alma, poniendo garra, los resultados llegan.

EC - Y en cuanto a la mejora de la situación en las cárceles, ¿qué prioridades se ha fijado?

AG - Con gran realismo, es decir diciendo esto con los pies firmemente sobre la tierra, planteo que es necesario trabajar en cuatro aspectos: en el plano institucional, en la salud, en la educación y en el fomento de las actividades productivas, lo que equivale a decir la disminución del ocio de los presos.

En primer lugar creo como aspecto esencial en el plano institucional promover la salida de las cárceles del Ministerio del Interior y la creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación. El proyecto legislativo existe, está en este momento a consideración, la premisa es que la función policial y la función penitenciaria son antológicamente distintas, la función penitenciaria presenta sin duda particularidades que la diferencian de la típica función policial.

En segundo lugar me parece muy importante también impulsar la consagración definitiva de una ley orgánica de la defensa pública, porque las defensorías de oficio tienen a su cargo más del 90 por ciento de las causas penales en este país. Y curiosamente, Uruguay que tiene un muy buen sistema de defensa de oficio, el doctor Pedro Figari fue el primer defensor público, y desde Figari hasta los casi 200 defensores públicos que existen en este país, se ha consolidado un sistema que abarca todas las materias, que abarca todo el país, carece de un instrumento que por un lado garantice absolutamente la independencia técnica de esos funcionarios, y a lo vez logre la parificación efectiva con los magistrados del Ministerio Público y Fiscal y los magistrados del Poder Judicial.

EC - Eso en cuanto a lo institucional.

AG - Y agregaría un tercer aspecto en lo institucional que me parece fundamentalísimo también: la actualización del decreto ley 15.470, que es la norma fundamental en materia penitenciaria, es una ley de comienzos de la época de facto, requiere una actualización. Existe un muy buen anteproyecto que fue trabajado en el informe de la comisión Tomassino y que entre otros aspectos destacables propone la institución del llamado juez de vigilancia penitenciario. Actualmente los jueces tienen a su cargo la función jurisdiccional, es decir impartir justicia en las causas, pero también tienen, por una acordada, el deber de concurrir periódicamente a los establecimientos. No basta con una visita cada tres o cuatro meses, no basta porque la vigilancia jurisdiccional debe ser permanente y, sobre todo, tenemos que pensar que no debemos superponer la tarea del comisionado con la tarea jurisdiccional.

Un ombudsman tiene que ser sumamente respetuoso, entre otras cosas, del equilibrio de los poderes, del principio de separación de poderes. Al buen control del grado de cumplimiento de los Derechos Humanos en las cárceles se llega por dos vías: el contralor jurisdiccional y el contralor del comisionado.

EC - En cuanto a la atención a los presos, usted mencionaba algunas áreas críticas que hay que mejorar.

AG - Salud, educación y combate del ocio.

EC - ¿Con qué tipo de instrumentos?

AG - Estamos pensando en un plan de salud a nivel nacional y a nivel local, en el fomento de las actividades educativas formales y no formales, no solamente en las cárceles próximas a Montevideo sino también en el interior y, sobre todo, como digo, combatir el ocio porque no puede ser que los presos estén 22 o 23 horas por día sin hacer una actividad productiva porque eso es la permanente fuente de violencia intragrupal.

EC - Por supuesto que esos logros no dependen de usted, son en todo caso propuestas, iniciativas, gestiones que usted desarrollará, pero que va a estar muy dependientes del Ministerio del Interior en particular.

AG - Y de la Suprema Corte de Justicia también. Pero como hemos planteado la necesidad de acercar a los tres poderes y todo hace pensar que realmente hay una convergencia en ese sentido, somos optimistas.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe