El actual sistema mundial de alimentación es insostenible y socialmente injusto, ya que cada día deja hambrientos a más de 840 millones de personas, violando el derecho de todos a una adecuada nutrición. Entre los que sufren hambre, cientos de millones son trabajadores agrícolas, cuyo trabajo –vaya paradoja– es explotado para la producción de alimentos.

Este sistema promueve métodos de producción que envenenan anualmente, con agrotóxicos, entre 3 y 4 millones de trabajadores rurales y mata un promedio de 3.300 trabajadores rurales todos los meses. Además, impacta negativamente en otros aspectos sociales, además de los económicos y ambientales.
 
La situación en Uruguay
 
Uruguay no está libre de este modelo. En zonas productivas del país el uso de agrotóxicos es indiscriminado, con las consecuencias previsibles sobre personas y ambiente. En este país hay unos 95 mil trabajadores rurales asalariados. De ellos, quienes están más expuestos a los agrotóxicos son los que laboran en la horticultura protegida (invernaderos), la citricultura y la fruticultura.
 
Recientemente, el decano de la Facultad de Agronomía, Gonzalo Pereira, señaló que en los últimos siete años la importación de herbicidas se había incrementado en 417 por ciento y la de insecticidas en 52, mientras se habían acumulado cada año 400 toneladas de envases plásticos de agroquímicos en el campo.
 
Los efectos negativos de los agrotóxicos comenzaron a ser denunciados en Uruguay desde 1992, año en que se detectó por primera vez en el país la presencia de agrotóxicos clorados en bebes recién nacidos y en leche materna de mujeres que no trabajaban en la agricultura, suponiéndose que se habían contaminado por los alimentos ingeridos. (1)
 
En 2000, un estudio indicaba que en Uruguay se comercializaban 43 plaguicidas prohibidos, retirados, severamente restringidos o no aprobados por diferentes gobiernos. Entre ellos se encontraban: Aldicarb, Bromuro de metilo, Carbofuran, Metamidofos y Paraquat, entre otros. (2)
 
La principal causa de muerte de personas intoxicadas, según el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) de la Facultad de Medicina, es precisamente la contaminación por agrotóxicos, que a su vez ocupa el segundo lugar en la estadística general de intoxicaciones. (3)
 
Los trabajadores citrícolas uruguayos vienen denunciando desde 1998 las fumigaciones aéreas sistemáticas de los cultivos, fundamentalmente con malation, en el mismo momento en que ellos realizan actividades en los montes.
 
En la red fluvial del Uruguay, fundamentalmente en los departamentos de Montevideo y Canelones, se han detectado contaminaciones por agrotóxicos, que es donde se concentra el grueso de la industria y de la población del país. En el Río de la Plata se han detectado residuos de insecticidas clorados (Aldrin, Dieldrin y DDT), los cuales seguramente provienen de tierras agrícolas que, a través del agua de lluvia, son depositados en ríos y arroyos. (4)
 
Este año, la localidad de Quebracho, departamento de Paysandú, fue escenario de un desastre ambiental. Según denunció el diario "El Telégrafo" de Paysandú, "a partir del domingo 7 de marzo 2004 –e incluso antes– vecinos de la zona vieron bagres, bogas, dorados y todo tipo de mojarras muertos en el arroyo Guaviyú". La Intendencia Municipal reconoció que "el desastre fue consecuencia del lavado en el arroyo de maquinaria y/o recipientes utilizados en aplicaciones de agrotóxicos por parte de algún productor rural aguas arriba", y precisó que "en la zona se planta soja y luego de la lluvia los productores realizan aplicaciones con agrotóxicos". El análisis de las muestras de agua y de peces muertos tomados en el arroyo arrojó la presencia de los insecticidas cipermetrina y endosulfan en concentraciones hasta diez veces superiores a las autorizadas. (5)
 
Recientemente se presentó un informe motivado por la publicación de uno de los primeros estudios para evaluar los residuos de agrotóxicos en frutas y verduras, realizado por iniciativa del Laboratorio de Bromatología de la IMM, la cátedra de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Agronomía y la Comisión Administradora del Mercado Modelo, sobre calidad de las frutas y verduras y sus niveles de contaminación por agrotóxicos. Luego de analizar plaguicidas en 200 muestras de las principales frutas y hortalizas los resultados indican que el 28% de las muestras no tiene residuos detectables, 65% tiene residuos por debajo de los Límites Máximos de Residuos (LMR) establecidos por el CODEX (programa conjunto de la FAO y la OMS para alimentos) y 7% tiene residuos superiores a estos límites máximos.
 
Hasta el momento, las autoridades vinculadas a la salud de la población, el ambiente o el registro y utilización de plaguicidas, no realizaban una evaluación sistemática de los residuos en alimentos que consumimos en el país, a pesar de que es un procedimiento común en los alimentos que exportamos.

Agrotóxicos en Bella Unión

En Bella Unión y localidades cercanas, Cainsa, Pueblo Cuareim, Portón de Fierro, sus habitantes son regularmente afectados con agrotóxicos por fumigaciones aéreas y terrestres que se realizan en diferentes cultivos. Esta situación se repite año a año, con consecuencias sobre la salud de las personas, fundamentalmente de los niños, así como perjudicar severamente a otras actividades productivas que se desarrollan en la zona, como el cultivo del tomate, el durazno, el maíz dulce, el melón, los viñedos, las huertas familiares, la horticultura a campo, la apicultura, entre otras.
 
Organizaciones sociales y ciudadanos en general de esas zonas vienen reclamado desde hace años que se alerte a los trabajadores y a la población local acerca de los riesgos que genera la aplicación de agrotóxicos y convocar a los organismos estatales competentes a tomar cartas en el asunto y pronunciarse públicamente, a fin de proteger la salud pública y el ambiente.
 
Reflexiones y propuestas
 
Aunque es posible que los empleadores, la industria comercializadora de agrotóxicos y algunos técnicos, afirmen lo contrario, en la práctica siempre existe un efecto negativo relacionado con el uso o la exposición a los agrotóxicos, tanto para la salud de los ciudadanos como para el ambiente en general. En Uruguay se inicia un período nuevo, en el cual se deben incorporar estos temas a la agenda del sistema político para impulsar, junto a éste y a las organizaciones de la sociedad civil que han venido denunciando estas situaciones, políticas agrarias alternativas.
 
Uruguay se comprometió en estos años –a partir de normativas nacionales y de la ratificación de convenios y protocolos internacionales– a dejar de utilizar algunos de los plaguicidas más cuestionados a nivel mundial y que aquí aún se siguen empleando. Entre los acuerdos internacionales ratificados por el país figuran el Protocolo de Montreal, para eliminar el uso del bromuro de metilo, el Convenio de Estocolmo, para eliminar el uso del mirex y el DDT, y el Convenio 184 de OIT sobre Salud y Seguridad en la Agricultura.
 
Estas leyes y normativas deben ser ahora instrumentadas, con participación de los sindicatos de trabajadores rurales, las gremiales de productores, la Universidad de la República, los organismos gubernamentales competentes y otros actores.
 
Ya casi nadie pone en duda los valores de calidad, tanto nutritiva como ambiental, de una agricultura basada en criterios ecológicos. Es muy probable que hoy ningún agricultor se sienta orgulloso de una agricultura convencional basada en el uso indiscriminado de agrotóxicos y el despilfarro de energía, teniendo en cuenta los riesgos que este tipo de producción agraria presentan para la salud humana y el medio ambiente y su dependencia de insumos externos innecesarios, que dejan en los sistemas productivos poco margen económico para los agricultores.
 
El desarrollo de las pequeñas producciones agrícolas apunta a la preservación de la soberanía alimentaria, un concepto que se ha mostrado clave en momentos de crisis y que permite descubrir los valores de multifuncionalidad de la agricultura, especialmente por su papel en la conservación del ambiente y la salud de los ciudadanos.
 
La trasnacionalización del sector agropecuario uruguayo ha generado una creciente concentración de los recursos y del capital y una continua pérdida de autonomía de los productores familiares, así como favorecido la emigración rural, afectando negativamente la equidad social en el campo. Por lo tanto, es legítimo dudar de la sustentabilidad del crecimiento del agro uruguayo.
 
Las principales demandas de los pequeños productores familiares y los trabajadores –responsables de la mayor parte de la producción de alimentos– pasan por la implementación de políticas agrarias que vayan más allá de lo productivo y se adecuen a sus necesidades y a las del resto de la ciudadanía.
 
 

(1) Pedro de.Salterain, Agricultura, Plaguicidas y Contaminación Ambiental. Montevideo. Item, Redes. 1992. 115 pp.
(2) Elola S, Agrotóxicos "remedios peligrosos". Análisis de la situación de los plaguicidas más tóxicos en Uruguay. Ed.: RAP-AL y CEUTA, 1994.
(3) L Banchero y S. Kausas. Consecuencias en la salud del uso de agrotóxicos en el área