(Emitido a las 9.07)

EMILIANO COTELO:
El juez Fernández Dovat pidió el procesamiento de los tres integrantes de la comisión que asesoró al Banco Central (BCU) con relación a los depósitos del Trade and Commerce Bank (TCB) de las Islas Caimán. El magistrado entiende que esos abogados, Carlos Balsa, Tomás Brause y Augusto Durán Martínez, incurrieron en el delito de abuso de funciones.

"Los tres profesionales comparecerán mañana ante el juez en lo penal de 19º turno, Luis Charles, después de que el fiscal Fernández Dovat solicitara su procesamiento con prisión por abuso de funciones", dice hoy el diario Últimas Noticias.

Estamos hablando de una comisión que fue creada por el artículo 31 de la Ley de Fortalecimiento Bancario, del año 2002, y que tenía que evaluar cuáles depósitos del TCB debían beneficiarse del fondo de liquidación del Banco Montevideo (BM) y cuáles no.

La demanda fue iniciada por el grupo de ahorristas del TCB liderado por Alicia Barbani, integrado por unas 200 personas.

Estamos en diálogo con el doctor Víctor della Valle, abogado patrocinante de la denuncia.

***

Doctor della Valle, concretamente, ¿qué es lo que ustedes observaron en el trabajo que realizó esta comisión? ¿Por qué este planteo ante la justicia?

VÍCTOR DELLA VALLE:
En primer lugar eran ahorristas del BM cuyos dineros fueron desviados al TCB, no eran ahorristas del TCB directamente. En segundo lugar, cuando sale la ley aprobada por amplia mayoría en el Parlamento, se comete al BCU a ponerla en cumplimiento. Ahí se nombra esta comisión asesora que utilizó un criterio totalmente político, no jurídico.

EC - El artículo 31 de la ley de fortalecimiento del sistema bancario dice: "Facúltase al BCU a otorgar a los ahorristas de los bancos Montevideo y Caja Obrera cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones sin mediar su consentimiento, los mismos derechos que correspondan a los demás ahorristas de dichos bancos. A dichos efectos y por acto fundado, el BCU conformará una comisión que se expedirá en un plazo máximo de 60 días".

V della V - Ahí está la clave: sin mediar su consentimiento. La inmensa mayoría, por lo menos mis clientes, que son cerca o más de 200, no había prestado su consentimiento en forma expresa, en forma de contrato ni en forma tácita, se los habían desviado –en el caso de la gran mayoría– sin su consentimiento, otros sabían pero indicaban que los gerentes les decían que TCB era exactamente lo mismo que el BM, les decían que era el mismo grupo económico, que tenía el respaldo de los Peirano, que tenía el respaldo del BCU y ellos aceptaban verbalmente que fuera una colocación más. Pero la inmensa mayoría no tenía la menor idea de lo que se estaba haciendo con su dinero. Eso en primer lugar.

Entonces, de acuerdo a los principios de la prueba, era el BCU el que tenía que probar que nuestros clientes sabían o habían prestado su consentimiento. Nunca se agregó ningún contrato, nunca se agregó ninguna firma (aceptando) que se estuviera dentro de esa categoría, y en una forma totalmente arbitraria de centenares de peticiones se aceptaron en principio solamente 17, después se agregaron cinco más y finalmente se completaron 22.

EC - Sí, según la información de prensa fueron 22 personas las que se "beneficiaron" del fondo de liquidación del BM, mientras que quedaron afuera unas 1.200.

V della V - Por eso, fue un criterio totalmente político porque vino la orden de apretar y no dar, fue inconcebible a la gente que se le negó.

EC - ¿Usted dice que los abogados que tenían que asesorar al BCU operaron en base a una orden de apretar?

V della V - Estoy seguro, porque cuando se habla de consentimiento tienen que demostrar dónde está ese consentimiento y no había consentimiento por ningún lado. Y se dieron varias situaciones irregulares, como que se negaran clientes y se aceptaran funcionarios del BM o familiares de funcionarios del BM. Si uno como cliente no sabía, no podemos sostener que los que estaban adentro del banco lo ignoraran. Tengo el caso de una clienta a la que se le negó y cuando el esposo fue a reclamar que no era parte se lo hizo ingresar por la ventana. Ellos mismos sugerían al final que presentaran algún testigo, y los testigos eran para dos o tres personas porque era el mismo oficial de cuentas o el mismo gerente que declaraba, y a uno le decían que sí y al otro que no, cuando el argumento era el mismo y el testigo era el mismo. En fin, una serie de cosas que denunciamos porque teníamos el rumor, y cuando vimos, cuando intimamos al BCU por medio del juzgado a mandar las carpetas de esos 17 o esos 22, se vio claramente la irregularidad. Fuimos a declarar, yo también declaré, declararon varios ahorristas, la escribana Barbani, la contadora Brescia, y también declaró el ministro Víctor Rossi, que había tenido mucha participación en el Parlamento; declaró el embajador Gross Espiel, declaró el diputado Cardozo; todos coincidían con la denuncia que habíamos presentado nosotros. Por eso no nos extrañó que el fiscal, después de un estudio concienzudo del expediente, pidiera esos procesamientos, a los que todavía no hemos accedido.

EC - ¿Ustedes no tienen esa información de primera mano?

V della V - No, la tenemos extraoficialmente, pero sabemos que es así, porque el expediente llegó directamente a manos del juez y el juez ya citó para una audiencia, que hoy voy a confirmar pero que creo que es mañana.

EC - ¿El fiscal efectivamente está pidiendo procesamientos con prisión por abuso de funciones?

V della V - Es el dato que yo tengo, estaría pidiendo ese procesamiento.

EC - Lo de "con prisión" llama especialmente la atención, ¿no?

V della V - Llama la atención; periodísticamente lo ha dicho algún diario, yo no lo puedo asegurar. Sé que el pedido de procesamiento está, eso sí.

EC - Y el delito sería abuso de funciones.

V della V - Abuso de funciones.

EC - ¿Cómo explica usted este comportamiento, si es que ocurrió como lo describía recién, tratándose como se trata de tres profesionales muy prestigiosos? Estamos hablando del doctor Augusto Durán Martínez, del doctor Carlos Balsa, del doctor Tomás Brause.

EC - No soy yo quien tiene que juzgarlos, son el juez y el fiscal; yo simplemente detecté irregularidades y las denuncié. Ellos se tendrán que defender, la última palabra la tiene el juez, el doctor Charles, que decidirá si cometieron o no el delito. Yo no digo si lo cometieron o no, para mí había irregularidades que se tenían que investigar. El motivo para mí fue político; lo discutí con ellos, les dije que eran personas que sabían mucho de Derecho Civil, seguramente más que yo, pero que me tenían que convencer de que mis clientes habían prestado el consentimiento y no me convencieron, no lo hicieron. Y si hubieran rechazado a todo el mundo con ese argumento de repente uno tenía que quedarse callado, pero no sólo no lo hicieron, sino que aceptaron a gente que tenía mucho menos derecho que nuestros petitorios y los de algunos otros abogados, porque yo no fui el único, hay más de mil damnificados y yo represento a 200 nada más.

EC - ¿En qué calidad han sido citados los tres abogados?

V della V - Ya como indagados, de acuerdo al Código del Proceso Penal tienen que concurrir con abogado y hacer una audiencia ratificatoria donde los abogados puedan hacer su defensa o solicitar alguna prueba complementaria, y el juez podrá resolver en el momento o en otro momento posterior.

EC - Esto ocurrirá en el día de mañana.

V della V - Sí, es uno caso similar al que salió en los diarios sobre el tema de Bordaberry y Juan Carlos Blanco, que están citados para que el juez tome esa audiencia ratificatoria del artículo 126 del Código del Proceso Penal, ocurre cuando el fiscal pide el procesamiento de algún indagado.

--------------------
Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe