Por otro lado, Salud Pública no da a basto para rehabilitar a los adictos. La peor situación es la que le toca vivir al Hospital Vilardebó, la demanda de asistencia allí es tan grande que las 300 camas del hospital psiquiátrico no alcanzan. No es raro que algunos pacientes terminen durmiendo en el piso.

Los funcionarios del Vilardebó aseguran que no están preparados para atender cuadros de adicción a la pasta base, y que viven con el miedo permanente de resultar heridos mientras desempeñan sus tareas.

La situación que le toca vivir al Vilardebó es dramática. El problema es que el único centro sanitario a nivel de Salud Pública para atender adictos a las drogas es el Hospital Maciel, que sólo cuenta con ocho camas, que se dividen entre adictos y pacientes psiquiátricos. A nivel de Salud Pública sólo hay cuatro camas para atender adictos a las drogas, es por eso que el que termina asumiendo el rol de rehabilitador es el Hospital Vilardebó.

El psiquiatra Pedro Zurmendi que trabaja en la emergencia del Vilardebó, asegura que el hospital está desbordado a causa de la pasta base. Eso hace que no den a basto para atender a todos los pacientes psiquiátricos que necesitan atención. Asegura que, por lo menos, necesitarían 20 camas más para cumplir con su trabajo: "Estamos con déficit de camas bastante importante y como la población de usuarios de pasta base es grande no podemos atenderlos a todos internados".

Zurmendi señala que el número de consultas aumentó exponencialmente a raíz de la pasta base. En la puerta del Vilardebó reciben diez consultas nuevas por día de consumidores de pasta base, y no hay cómo darle respuesta a esta demanda.

Son pacientes que llegan a la emergencia del Vilardebó porque ya presentan cuadros psiquiátricos, inducidos por la pasta base. Cuadros psicóticos, maníacos, de ansiedad o de exhaltación del humor que se tornan inmanejables. Incluso se ven depresiones severas con intentos de suicidio.

Los pacientes que presentan cuadros clínicos muy fuertes se internan, pero los casos más leves, no. Lo máximo que pueden hacer es internar a los adictos durante 48 horas y derivarlos a la policlínica del Hospital Maciel. Zurmendi denomina a esto "el problema de la puerta giratoria": "El paciente viene, en el hospital es compensado, y vuelve al medio. Si en el medio no hay quien lo reciba y pueda seguir ahí un tratamiento, es muy común que vuelvan a consumir y vuelve a repetirse la misma situación que hace que el paciente consulte de vuelta al hospital", señala Zurmendi.

Los funcionarios del Vilardebó reconocen que algunos de estos problemas van a mejorar cuando abra el Portal Amarillo, ese centro de rehabilitación que tiene previsto abrir el nuevo gobierno para atender a los adictos. Pero advierten que el problema va a seguir a la hora de hablar de pacientes presos, ya que esos casos van a seguir derivándose a la sala 11 del Hospital Vilardebó, la sala de seguridad destinada a los pacientes que llegan desde el Poder Judicial.

En la sala 11 en 1998 la mitad de los pacientes consumían drogas, en 1999 la cifra subió al 61 por ciento, y actualmente el 80 por ciento de las camas están ocupadas por adictos a la pasta base. Esta sala está desbordada, tiene 32 camas, a eso se le suman ocho camas de los cuatro "cuartos fuertes" que se usan cuando recién ingresa el paciente. Es decir, que en total son 40 camas para pacientes derivados de la justicia.

Hace pocos días llegaron a 41 pacientes instalados en la sala 11, con uno durmiendo en el piso. La situación del mes pasado fue peor, hubo 48 pacientes internados en un lugar con capacidad para 40 personas. Por eso los funcionarios le piden a las autoridades que construya un hospital penitenciario además del Portal Amarillo.

Alicia Da Silva, representante gremial de los funcionarios del Vilardebó, cuenta que, en ese sentido, se logró llegar a un acuerdo con las autoridades: "El mes pasado cuando llegamos a 48 (pacientes) tuvimos una entrevista con la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio del Interior, la gente de Cárceles y llegamos a la conclusión de que realmente tenemos que tener un hospital penitenciario. Ya estaría el lugar decidido, sería el ex Musto. En una parte que tiene toda la estructura pronta, pero habría que terminar de hacerlo".

De todas formas, la construcción de ese hospital penitenciario va a demandar por lo menos dos años. Mientras tanto, los funcionarios del Vilardebó van a tener que seguir viviendo con los problemas que tienen actualmente.

Los trabajadores del Vilardebó denuncian, además, el fuerte aumento de la violencia entre los pacientes. Los funcionarios cuentan que viven agresiones permanentes y que no están preparados para atender a los adictos a la pasta base. "El paciente que consume ya tiene problemas de agresividad, y si todavía le agregas algún problema psiquiátrico queda totalmente incontrolable. Realmente los pacientes son muy agresivos. Nosotros no tenemos los medios adecuados, ni la formación, ni la información (para atenderlos)", dijo Da Silva.

Las nuevas autoridades implementaron cursos, que se dictan en la universidad, para preparar a los que trabajan directamente con adictos a la pasta base. Pero, de todas formas, no se sienten seguros.

Alicia Da Silva cuenta historias de varios compañeros con lesiones importantes. El año pasado, un paciente le fracturó una costilla a un enfermero. Y hace menos de un mes, una enfermera padeció consecuencias neurológicas a raíz de un ataque de una paciente que estaba internada en emergencia.

También señalan que hay graves carencias en cuanto a la seguridad. En la sala 11, aunque es para presos, la seguridad no está en manos de la policía sino de una empresa privada. Los funcionarios sostienen que a los vigilantes les pagan menos de diez pesos la hora y que eso lleva a que el servicio sea absolutamente deficiente. Se sienten desprotegidos y piden que la seguridad de esa sala quede en la órbita del Ministerio del Interior.

También hay denuncias a nivel de la Policía, ellos sostienen que los delincuentes adictos a la pasta base son diez veces más agresivos que los delincuentes comunes. De hecho, los policías de Radio Patrulla, que trabajan en la calle, dicen que todos los días se detecta algún caso nuevo de violencia hacia un oficial protagonizado por adictos a la pasta base. La cifra es alarmante, actualmente el 90 por ciento de los jóvenes que arresta la Policía son consumidores.

Otilio Ferreyra hace 16 años que es policía, y diez que patrulla las calles, sostiene que la inseguridad es cada vez mayor, y que en muchos casos, no saben cómo tratar a estos jóvenes que son inmanejables. "Ya de por sí los torna diez veces más agresivos. Fíjate desde que punto que por el nuevo Código del Niño a los menores los tenemos que llevar a asistir, y no reconocen ni a los médicos, ni a los enfermeros, ya no reconocen autoridad ninguna".

La Policía también advierte que viven una mayor exposición a enfermedades contagiosas, desde sarna a la bacteria resistente. Y hay policías que a esta altura se niegan a trabajar en estas condiciones. El recientemente creado Sindicato de Policías denuncia que la situación sanitaria en la que tienen que trabajar es cada vez más precaria.

"Son jóvenes, personas que están totalmente abandonadas y que pueden llegar a tener cualquier tipo de enfermedad, y vos vivís con el temor de llevarlas a tu casa. La mayoría de ellos son portadores de VIH. Ponete en el lugar nuestro, vos tenés familia, esposa, hijos y tenés posibilidad de contagiarte de cualquier cosa. Es tremendo lo que esta pasando en la calle", indicó Ferreyra.

Por estos motivos, ya hay policías que se niegan a trabajar. Carlos Ferrer, integrante del Sindicato de Policía, cuenta el problema que están viviendo en un Centro Carcelario que queda en la calle Bartolomé Mitre. "El policía primeramente esta corriendo el riesgo de ser agredido por ellos. En segundo lugar, si procede deteniéndolo, o si lo llega a lastimar ya tiene un problema grave en su contra. Después están también los chicos que están con enfermedades contagiosas. Es muy delicado el tema", dijo Ferrer.

Todos los entrevistados dejan en claro que no hay que estigmatizar al adicto, y que el problema pasa por articular políticas entre los distintos actores involucrados. Desde la policía a los psicólogos, todos dicen lo mismo. Y agregan que hay que terminar de adaptarse a esta nueva realidad que ya no se va a ir.