(Emitido a las 7.36)

EMILIANO COTELO:
Vamos a ocuparnos del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), una de las tantas dependencias del Estado que enfrentan problemas hoy por hoy. Problemas entre otras cosas de presupuesto que hacen que su infraestructura y sus recursos no sean los imprescindibles para desarrollar las funciones que le han sido asignadas.

Hace relativamente poco tuvimos las noticias y la discusión a propósito de aquel motín con fuga en la Colonia Berro, pero desde entonces, y antes también, los incidentes en ese lugar son moneda corriente. Es una de las manifestaciones de la crisis del INAU, de las deficiencias que afectan su estructura.

¿Qué es lo más nuevo en esta materia? Los cuatro jueces de menores evalúan derivar a la Justicia Penal el planteo que ha hecho el INAU de que no puede internar en sus dependencias a los menores infractores. Los magistrados entienden que han alcanzado los límites de su competencia, según dijo al diario El País uno de ellos, el doctor Hugo Morales.

Los jueces critican tanto a la dirección del INAU como al gremio del organismo. Y el otro punto que está en las preocupaciones es la permanencia desde hace un mes de adolescentes en el Penal de Libertad.

¿Cómo se piensa salir de este brete desde el INAU? Vamos a dialogar con el doctor Carlos Uriarte, que es el nuevo director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj).

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Doctor Uriarte, digo nuevo director porque usted asumió hace muy poco.

CARLOS URIARTE:
Hubo una ceremonia de asunción; estrictamente todavía no se han procesado los trámites de estilo formales, pero de alguna manera ya estoy metido en la situación.

EC - Usted sustituye al profesor Sergio Miglioratta.

CU - Sí.

EC - Supongo que ya ha tenido contactos informales con los jueces de adolescentes.

CU - Sí, el proceso ha sido el siguiente. El día lunes hubo una reunión en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento entre el Poder Judicial, los trabajadores y el director del INAU, a quien acompañé.

En ese escenario se acordó que la Corte gestionaría una reunión con los jueces de adolescentes para ver cómo se encaraba, fuera de los incidentes mediáticos que venían precediendo a esta situación, definitivamente el tema de la traída de los jóvenes que están en el Penal de Libertad.

EC - El caso de los jóvenes en el Penal de Libertad es sólo una parte del problema.

CU - En principio es una parte, pero es "la" parte. Hay más cosas, pero es la urgencia que nos convoca, es una punta visible del iceberg muy importante. Seguramente en la mesa de trabajo habrá otras cosas.

EC - Sí. Estaba viendo en la crónica del diario El País que los jueces de adolescentes están preocupados porque por un lado el INAU ha señalado que no puede cumplir con las órdenes de los magistrados, y por otro está la decisión del gremio de ese organismo de no recibir más menores infractores con la actual plantilla de personal. También le critican al directorio del INAU la permanencia de adolescentes desde hace un mes en el Penal de Libertad y la decisión de la institución de alojar durante varios días a menores infractores en la comisaría de menores y en algunas seccionales. Los jueces de adolescentes llegan a sostener que tanto el INAU en sí mismo como los funcionarios podrían estar incurriendo en el delito de desacato.

CU - En primer lugar al día de ayer la permanencia de jóvenes en las comisarías de menores no era un dato problema, no rebasaba la situación normal, de ese problema ya habíamos salido.

EC - ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se mantenía en los términos normales?

CU - Cuando el joven es detenido puede estar en esa dependencia durante un lapso de 12 horas, después se lo traslada a otra. Lo que los jueces cuestionaban era que se estaban agolpando jóvenes en las comisarías por fuera del límite normal de estadía que más o menos de acuerdo a la experiencia era dable esperar. De manera que eso estaría solucionado.

Y evidentemente, el gremio plantea una postura que desde la perspectiva de los fueros sindicales es razonable.

EC - ¿Por qué es razonable?

CU - Habría que preguntarles a ellos más que nada, pero a mí me parece razonable en primer lugar defender las condiciones de trabajo. Cualquier sindicato, cualquier gremio va a defender sus condiciones de trabajo. Y aquí ocurre que en el estado de cosas imperante desde hace un par de meses y actualmente, la sobrecarga y el hacinamiento de jóvenes privados de libertad obviamente van perturbando las condiciones de trabajo, van perturbando las prestaciones de servicio, van perturbando el trabajo social o educativo, van perturbando las condiciones de seguridad. Desde ese punto de vista aumentan un poco los riesgos de los propios funcionarios. De manera que esa reclamación sindical parece estar dentro del parquet de un sindicato.

EC - Claro, pero ellos dicen "no aceptamos incorporar más menores a las dependencias del INAU", ¿y entonces qué pasa con los menores que remiten los jueces?

CU - Dos cosas. En primer lugar el planteo de los funcionarios, si bien es novedoso y provoca alto impacto en nuestra realidad de hoy, tiene algunos antecedentes a nivel de derecho comparado. En algunos países de Europa ocurre este tipo de experiencias, en algún momento los funcionarios de un sistema de alta contención, de alta privación de libertad comienzan a hacer estos planteos y  movilizan una serie de cosas. Entre otras cosas está regular un poco la intensidad de la privación de libertad.

EC - ¿Qué quiere decir con esto? ¿Usted está adelantando por dónde pasarían las posibles soluciones a esta crisis?

CU - No, las posibles soluciones a esta crisis pasan por varias puntas. En primer lugar –que fue lo que se habló en esa mesa de trabajo– por intentar descongestionar la situación actual, en particular en la Colonia Berro.

EC - ¿Descongestionar quiere decir liberar menores detenidos allí?

CU - No. Hay un proceso que es normal, que está expresamente previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia y es práctica usual. En determinados casos y a determinada altura del cumplimiento de una pena, el Código y la práctica en ese sentido prevén la aplicación de medidas sustitutivas, es decir sustituir la privación de libertad por una medida del tipo de libertad asistida u otras. Hay una sustitución donde los niveles de intervención estricta, fuerte, dura, cambian por una intervención un poco menos intensa, menos dura y donde predomina o debería predominar el trabajo social.

EC - ¿Hay menores efectivamente habilitados para pasar a ese otro tipo de medidas y que no constituyan un peligro para la sociedad al salir?

CU - Hay, sí. En este momento, según los datos que tenemos, habría un número que en orden del total de gente que puede haber en la Colonia Berro es un porcentaje mínimo.

EC - ¿De qué números estamos hablando?

CU - Todavía lo estamos procesando, pero en este momento tenemos una impresión. Por otro lado hemos hecho contacto con las defensorías de oficio, que tienen otra percepción del problema y vamos a encontrarnos con los jueces para ver dónde ubicamos exactamente el número de muchachos que irían en sustitución, esto es, derivados a otros programas de libertad asistida.

EC - ¿De cuántos estamos hablando?

CU - La referencia inmediata que tenemos es la cantidad de jóvenes que están en el Penal de Libertad, ese es el eje a intentar sobrellevar. Ahora en la mañana van a ser 16 muchachos. Tenemos que generar en un lapso mínimo, lo antes posible, plazas para que esos muchachos vuelvan a una situación controlada por la infraestructura de personal y de recursos que en este momento tiene la propia colonia. Ese sería un primer número a resolver.

EC - Lo que no quiere decir que los que pasen a ese régimen de medidas alternativas sean justamente esos que están en el Penal de Libertad.

CU - No.

EC - Usted está señalando que hay un déficit de 16 lugares en la Colonia Berro.

CU - Sí, porque más allá de perspectivas distintas, lo cierto es que en este momento podríamos estar en el umbral razonable para una adecuada prestación de servicios en la colonia con la actual estructura institucional: recursos, espacio, gente.

EC - Entonces un camino es aplicar medidas alternativas.

CU - Sí, es el primer camino, que tiene que ser resuelto con los jueces y con el Ministerio Público y Fiscal, porque el proceso de jóvenes en infracción hoy pasa por una trilogía que es el Ministerio Público, los jueces de menores y los defensores. Una medida sustitutiva tiene todo un trámite jurisdiccional, todo el sistema balancea y controla la procedencia de la misma a través de determinados mecanismos. Eso es lo que se piensa movilizar.

Por otra parte va a haber un ingreso importante de educadores sociales para los cuales ya está previsto el llamado e incluso la financiación, lo cual va a permitir aumentar un poco la capacidad de recursos humanos del establecimiento, y además robustecer la prestación de esos servicios desde el punto de vista de una intervención de tipo educativo social. Esto también va a contribuir a que determinados conflictos se procesen de otra manera.

EC - ¿Y en cuanto a la infraestructura física?

CU - La infraestructura física es otro camino. Se ha decidido recientemente culminar unas obras básicamente en la Colonia Berro, en dos de los establecimientos que tenemos allí, para dotar al sistema de una mayor capacidad contentiva en el sentido de proveer la seguridad mínima para el cumplimiento de las medidas socioeducativas privativas de libertad.

EC - De todos estos caminos van a conversar ustedes hoy con los jueces de adolescentes. Por lo tanto tienen la esperanza de desactivar ese paso de algún modo dramático que los magistrados pensaban dar, que era el de llevar el asunto a la justicia penal.

CU - Yo tengo claro y tenemos claro que los jueces tienen razón, porque el envío de gente a Libertad sólo se justifica por una emergencia, por una urgencia, y nada más que por eso, es decir por una razón puramente fáctica. Desde el punto de vista jurídico el Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe expresamente, y no en uno sino en varios pasajes, esa circunstancia.

EC - Esperamos el resultado de esas reuniones de hoy.

CU - Habría que esperar. También hay que incluir en esto a otros protagonistas, como el Ministerio Público y Fiscal; ayer tuve un llamado y hoy voy a ver si puedo tener encuentros con ellos para ver cuál es su posición en este tema, y con un cuarto juez de adolescentes que no firmó esta nota que los tres jueces de adolescentes cursaron al INAU.

Todo esto se inserta o debería insertarse en una profundización de las medidas no privativas de libertad, que se han visto fuertemente sacudidas por la entrada en vigencia de este Código. Hay que evaluar cómo impactó el Código en la caída que han tenido los programas de libertad asistida y en la profundización de otras medidas que pueden implementarse, para las cuales en este momento ya tengo gente trabajando y estoy buscando la forma de financiarlas presupuestamente.

EC - ¿A cuáles se refiere?

CU - A las medidas de libertad vigilada, a las medidas de trabajo comunitario y otras, porque la lista de medidas no privativas de libertad del Código no está cerrada, toda la normativa de Naciones Unidas sobre derechos de jóvenes privados de libertad establece que la regla sea primero los programas alternativos, no privativos de libertad, y cuando se establece la lista se pone un etcétera al final o un "entre otras" al principio, como ya se hizo aquí. El Código del Niño, la ley de seguridad ciudadana y una acordada judicial del año 1994 lo hacían así. Generalmente esto es un campo que desafía a la creatividad. Obviamente nada puede tomarse por fuera de lo que dispone el Poder Judicial, pero también allí puede haber medidas alternativas más específicas para el caso concreto. Hay un campo yermo que está esperando que se trabaje sobre él.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe