(Emitido a las 9.15)

EMILIANO COTELO:
En nuestro país existe una "arraigada cultura del secreto". Eso sostienen las organizaciones vinculadas en el Grupo de Acceso a la Información Pública que ayer se presentó en el Parlamento en el marco del Día Internacional del Acceso a la Información Pública.

Este grupo denuncia que en mérito de esa "cultura del secreto", la información que produce el Estado es habitualmente negada a los ciudadanos pese que estos tienen derecho a conocerla. También afirma que el Estado carece en general de políticas específicas para promover la transparencia.

Por eso el Grupo de Acceso a la Información Pública está trabajando en dos proyectos de ley para presentar ante el Parlamento. Uno de ellos es la ley de acceso a la información pública y el otro es la ley nacional de archivos.

¿Qué instituciones de nuestro país integran este grupo? Por ejemplo: Amnistía Internacional Sección Uruguay, Archiveros sin Fronteras Sección Uruguay, el Archiovo General de la Nación, la  Asociación Uruguaya de Archivólogos, la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines, IELSUR, SERPAJ, Uruguay Transparente y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), la gremial que agrupa a los periodistas de nuestro país.

Justamente, con Edison Lanza, directivo de APU, periodista de Búsqueda y abogado, vamos a conversar a propósito de estas iniciativas.

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Edison, ustedes dicen en la comunicación que dieron a conocer en estas horas que en el Estado uruguayo existe una arraigada cultura del secreto. ¿A qué se refieren? Porque tal vez la gente, los ciudadanos comunes y corrientes, no estén familiarizados con este tipo de problemas.

EDISON LANZA:
Tal vez sea bueno ver este asunto con algún ejemplo, para no hablar en abstracto.

EC – Adelante.

EL – Por ejemplo con el asunto de las plantas de celulosa de Fray Bentos recuerdo que un periodista, un colega, pretendió acceder a los informes que presentaron las propias empresas ante la Dirección de Medio Ambiente de impacto ambiental, etcétera, y los jerarcas de esa repartición le negaban a este periodista el acceso a los informes. Lo mismo si un grupo de ciudadanos de Fray Bentos quisiera acceder a los informes de impacto ambiental para saber cómo iba a repercutir eso en su vida cotidiana, en su vida futura, le habrían negado esos informes. ¿Por qué? ¿Bajo qué razones o circunstancias?

Muchas veces hay una serie de argumentos que da el Estado, que es información reservada, que sólo es accesible para los que tienen un interés personal directo y legítimo en la información. Ese tipo de argumentos es parte de esta cultura del secreto, ese tipo de documentación que afecta intereses generales, que son documentos producidos por el Estado, un Estado democrático y republicano, debería ser accesible al público con facilidad.

EC - ¿Es un problema de Uruguay nada más?

EL – No, es un problema de muchos países. Yo participé el año pasado en un seminario y se hablaba de la experiencia de Inglaterra, que recién hace cuatro o cinco años aprobó una ley de acceso a la información parecida a la que nosotros promovemos y es una de las potencias mundiales, si cabe. Como todo, hay países que están muy bien en este tema, hay otros que no tanto y nosotros estamos rezagados.

EC - ¿Cuáles señalarías como ejemplos de países avanzados en esta materia?

EL – No hay duda de que el país más avanzado en esta materia es Suecia. En Suecia la ley de acceso a la información ya cumplió 200 años.

EC - ¡200 años! Yo estaba a punto de catalogar esta charla que íbamos a tener contigo como "nuevas tendencias"; serán nuevas para nuestro país, para esta parte del planeta, pero está claro que no lo son en otros lados.

EL – Por supuesto. El ejemplo sueco es increíble, la monarquía sueca hace 200 años se autolimitó en el manejo de los documentos públicos, se promulgó la primera ley de acceso y hoy por hoy el gobierno hace campañas para que la gente solicite información.

EC – Ustedes están promoviendo acá una ley de acceso a la información pública. De nuevo, ¿podríamos mencionar algunos ejemplos de las disposiciones que incluiría?

EL – Lo primero interesante que habría que señalar es que es la primera vez que hay una coalición tan amplia de gremiales o de organizaciones de la sociedad civil empujando por este tema, es bien importante. Lo segundo es que la primera actividad que hicimos en este grupo fue desarrollar unos principios básicos de acceso a la información pública en los cuales se va a basar el proyecto de ley, para tener un común denominador. Allí vimos ejemplos –para salir del caso sueco– más cercanos, de la región, de países que tenían similares problemas a los nuestros y los atacaron exitosamente. Por ejemplo México, donde había una cultura de opacidad y una falta de transparencia muy grande, y se aprobó una ley muy potente, con una serie de facultades muy importante. De ahí tomamos algunos ejemplos, del ejemplo inglés, de la ley estadounidense, de un proyecto de ley que está a consideración del Parlamento argentino. Entre otras cosas, estamos pensando que la ley debe establecer una cantidad de información mínima que todos los organismos del Estado tienen que tener publicada permanentemente en su página web o en distintas formas de comunicación.

EC - ¿Cómo es eso de una cantidad de información mínima?

EL – Todavía no definimos, pero cantidad de funcionarios, sueldos que se les pagan a los funcionarios de esa repartición, beneficios que se les pagan, presupuesto que manejan, proyectos que se van a desarrollar en el quinquenio, dinero que va a demandar cada proyecto. Es decir una serie de cuestiones básicas que el ciudadano no tiene que ir a pedir sino que siempre tienen que estar disponibles y actualizadas. Es un avance interesante. Luego se va a establecer el principio de que toda la información que produce el Estado en principio es pública.

EC - ¿Qué excepciones se autorizarían?

EL – Las excepciones que se autorizarían tienen que estar muy taxativamente y por una ley. Cuando uno afecta un derecho fundamental tiene que ser por una razón de interés general, entonces eso necesita una ley aprobada por el Parlamento que establezca cuáles son las excepciones a ese principio fundamental.

EC - ¿Cuáles podrían ser excepciones?

EL – Va a haber algunas excepciones que ya están vigentes, por ejemplo la ley del secreto bancario, la ley del secreto estadístico, el secreto tributario; ese tipo de legislación va a afectar el principio de publicidad.

EC – ¿Y en cuanto a informaciones que puedan afectar, por ejemplo la seguridad nacional, un argumento que tantas veces se ha esgrimido?

EL – Lo tenemos bien presente porque es uno de los argumentos más clásicos de la burocracia para negar una información. El ejemplo de otros países es que la propia ley define qué es la seguridad nacional como excepción. El documento que se niega tiene que ser un documento que afecte la independencia del país, ponga en riesgo su soberanía, ponga en riesgo aspectos muy básicos del país, pero siempre –la ley lo va a disponer– está la posibilidad de un contralor jurisdiccional. Esto es, el ciudadano solicita la información, el Estado tiene un plazo muy breve para pronunciarse, no puede callar y silenciarse eternamente, como sucede habitualmente en nuestro país, uno pide algo y el Estado no responde. Si no responde en determinado plazo se entiende que está negando la información.

EC – En los casos en los que se autorizaran excepciones, ¿de todos modos se establecerían plazos para la vigencia de las mismas?

EL – Sí, estamos pensando en un período de 10 años máximo de reserva para los documentos que van a tener carácter reservado. ¿Por qué 10 años? Porque es un lapso de tiempo que coincide con dos períodos en nuestro país y creemos que es muy posible que se haga público cualquier documento producido dos gobiernos atrás. En definitiva todo lo va a resolver el Parlamento, se va a discutir en el Parlamento. Aquellos plazos clásicos de que se hablaba, de 30 años de reserva de un documento, etcétera, en el mundo han ido bajando, con la sociedad de la información, con la necesidad de información de los ciudadanos y el derecho de saber las cosas ya prácticamente en ninguna parte del mundo se establecen 30 años de reserva para un documento, ha bajado a 20 años, 15 años, 10 años. Entonces pensamos que ya que venimos atrasados y rezagados sería bueno, cuando se apruebe la ley, que tenga un plazo corto.

EC – Esta ley de acceso a la información pública, ¿regiría solamente para el Estado o también para algunas empresas privadas?

EL – Ése es un punto bien interesante, que en Argentina dio lugar a que se trancara la ley. En principio afecta a todos los organismos del Estado, ya sea del Estado Central, administración central, entes autónomos, servicios descentralizados, municipios, etcétera, pero nosotros pensamos y así lo dicen algunas leyes de otros países, que las empresas privadas que brindan servicios públicos tienen que estar sometidas a esta ley. A vía de ejemplo, algunas de las empresas de agua y saneamiento privadas que prestan –no sé si prestaban a esta altura– servicios en nuestro país serían un ejemplo, o las empresas de gas, en fin; ese tipo de empresas estaría abarcado por el proyecto.

EC – Por otro lado ustedes impulsan una segunda ley, la ley nacional de archivos. ¿De qué se trata?

EL – En otras experiencias nos han dicho que la ley de acceso a la información es necesaria pero no suficiente, porque no estamos acostumbrados a brindar la información al público y atender su necesidad en este sentido. Entonces hay que dar vuelta el concepto de Estado y, por ejemplo, establecer que todos los organismos públicos tienen la obligación de llevar el archivo de su documentación con un orden, con determinados requisitos y en determinadas condiciones.

EC – Eso no está claro hoy en Uruguay.

EL – No está claro, absolutamente, no existe ninguna ley que establezca eso, cada organismo tiene su política o su no política. A vía de ejemplo, la cancillería recientemente ordenó todos sus archivos diplomáticos, sobre todo del período de la dictadura, y gente que trabajó en ese tema me decía que estaba absolutamente sin criterio de organización. Pero por lo menos allí los archivos estaban, en otros lugares se destruyen, se destruye documentación. Esa ley de archivo va a establecer qué es un documento archivable, cuál no, cómo se tiene que cuidar, en qué condiciones, etcétera, para que cuando el ciudadano vaya a pedir una información de carácter histórico o reciente pero de un expediente que ya no esté en proceso, ese archivo se pueda encontrar y se pueda acceder a la información. Porque de nada serviría tener la ley para acceder a la información y tener las herramientas si cuando uno la va a pedir le dicen "no la encontramos".

EC – Desde la audiencia Carlos, de Lagomar, plantea lo siguiente: "Lanza acaba de señalar que en un país como Suecia hace 200 años que existe una ley de acceso a la información pública. En Uruguay hace 20 años que estamos en democracia. ¿Por qué esta iniciativa se presenta recién ahora?".

EL – Habría que hacer algunas precisiones. En realidad llevamos diez años de frustraciones quienes trabajamos en estos temas, sobre todo en el asunto del acceso a la información pública.

EC – Yo recuerdo, por ejemplo, los proyectos del ex diputado Daniel Díaz Maynard de hábeas data, son cosas parecidas. ¿Qué pasó con aquella iniciativa?

EL – El diputado Díaz Maynard presentó por primera vez hace unos diez años –dos legislaturas atrás– un proyecto parecido a este, de acceso a la información y hábeas data, que nosotros como APU en su momento apoyamos y fuimos al Parlamento a apoyar, pero en los dos períodos tuvo media sanción, fue aprobado en Diputados pero no llegó nunca a ser tratado en la Cámara de Senadores, por lo tanto perdió la posibilidad de ser aprobado y ser ley, porque necesita la aprobación de las dos cámaras en el mismo período.

EC – ¿A ese antecedente te referías con lo de diez años de frustraciones?

EL – Exactamente, porque se trabajó duro en ello, en el período pasado estuvo más cerca de aprobarse, se negoció mucho en el Parlamento porque casi todos los sectores políticos le habían hecho modificaciones. A veces sucede que cuando uno promueve un proyecto de este tipo, ambicioso, que les da mucho poder a los ciudadanos, luego el poder político le recorta facultades, entonces el proceso de aprobación en las cámaras es muy importante. De pronto también –hay que decirlo claramente– en Uruguay estamos muy acostumbrados a que las cosas nos vengan desde lo político, que el sector político resuelva, pero como esto es una iniciativa fundamentalmente de y para la sociedad civil es bueno lo que te decía al principio, que no sucedió en los últimos dos períodos, que primero pusimos la carreta en su lugar y ahora va lo restante en el sentido de que se armó la coalición de organizaciones que estamos de acuerdo, que tenemos el mismo objetivo en este sentido. En los períodos anteriores estábamos todos muy pendientes de lo que podía hacer un diputado que llevó la iniciativa adelante que nosotros apoyamos y estuvo muy bien, pero de pronto el diputado estuvo medio solo frente a un sistema político que no entendía la iniciativa o no le gustaba demasiado.

EC - ¿Cuál es el ambiente político ahora?

EL – A priori –porque los pingos se ven en la cancha después– hay una ventana política para este tipo de proyectos, porque en definitiva el partido que gobierna y que tiene mayorías en las cámaras durante 30 años, y sobre todo en el período y en la campaña electoral, hizo de la transparencia una bandera de prédica. Por lo tanto no creemos que tenga problemas para aprobar una ley que otorga a los ciudadanos unas facultades y un poder importantísimo para ejercer sus derechos. Por ahí creemos que la cosa tiene que caminar. Además desde el Partido Nacional y del Partido Colorado, que hoy están en la oposición, se ve con buenos ojos este proyecto; ayer recibimos el apoyo de la diputada Beatriz Argimón. Desde el partido de gobierno, de la bancada oficialista, el presidente del Senado, Rodolfo Nin Novoa, nos adelantó que estaba dispuesto a promover esta iniciativa y la senadora Margarita Percovich viene a ser la madrina de todo esto, porque ha seguido todo el proceso de conformación de este Grupo de Acceso y está comprometida con el tema.

EC – Los proyectos todavía no están redactados.

EL – No, ahora empieza el proceso de presentación del proyecto. Seguramente lo vamos a presentar los días 17 y 18 de noviembre, cuando va a haber en Uruguay un congreso de todo el Cono Sur sobre el tema de acceso a la información. Allí van a venir representantes de Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, etcétera, a hablar de la situación del acceso a la información en cada país, y este grupo va a presentar estos dos proyectos de ley, va a anunciar su ingreso al Parlamento y su posterior seguimiento.

Documentos relacionados:
Comunicado del Serpaj que anuncia la creación de Grupo de Acceso a la Información Pública
Carta de la Asociación de la Prensa del uruguay a el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández.
Principios para una ley de acceso a la información pública

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe